El Constitucional admite el recurso valenciano contra la financiación

El Consell considera que los Presupuestos del Estado discriminan a la Comunidad Valenciana

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado en enero por el Gobierno valenciano contra los Presupuestos Generales del Estado para 2016. El Gobierno, el Congreso y el Senado tienen ahora 15 días para personarse y hacer alegaciones. El Consell recurrió los presupuestos en el marco de su denuncia de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana al considerar que esta ley impide a la Administración autonómica prestar los servicios fundamentales en las condiciones que establece la Carta Magna.

La admisión a trámite del recurso, el paso más elemental del procedimiento, ha sido bien recibido en el seno de la Generalitat, que temía que la iniciativa fuera descartada de entrada. Además de perseguir una finalidad jurídica, el recurso tiene una vertiente política de denuncia de la situación actual.

En el escrito presentado en enero por el presidente valenciano, Ximo Puig, y la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, el Consell consideraba que el Fondo de Suficiencia Global no está cumpliendo uno de sus objetivos, que es el de asegurar los servicios públicos fundamentales en todas las comunidades.

Y también que la prórroga del sistema de financiación, cuya vigencia estaba prevista para el periodo 2009-2013, es contrario a la Carta Magna al "no dar amparo a las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 en relación con los fondos de financiación y sus partidas de ingresos y gastos, lo que constituye una arbitrariedad y vulnera el artículo 9.3 de la Constitución". Este último apartado "garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".

Puig ha acusado al Gobierno de "no cambiar el modelo de manera arbitraria y no adaptarlo a las nuevas circunstancias". Y ha denunciado que existe "una situación de asimetría financiera en la realización de los mismos servicios públicos entre las diferentes autonomías de España".