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El acoso al edil de Seguridad divide a políticos y policías

El ministro del Interior en funciones afirma que José Javier Barbero está tomando "su propia medicina"

El acoso en la calle que sufrió el martes el concejal de Seguridad de Madrid, José Javier Barbero, y el director de la Policía Municipal, Andrés Serrano, divide a partidos políticos y sindicatos del cuerpo. El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que el edil estaba probando “su propia medicina”, en referencia a escraches anteriores sufridos por políticos del PP. Mientras, el PSOE, Ciudadanos y Podemos salieron en defensa de Barbero, ya que se muestran en contra de cualquier acoso a cargos públicos.

El ministro del Interior en funciones recordó a José Javier Barbero que lo que el concejal defendía “hasta hace poco tiempo [los escraches] no era algo susceptible de ser considerado libertad de expresión”. “Ha tenido que pasar a ser delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, a ser autoridad y a ser casta, para que lo que ayer era libertad de expresión hoy ya sea una conducta delictiva o, incluso, una conducta susceptible de ser considerada como incitación al odio”.

La presidenta regional, Cristina Cifuentes (PP), recalcó en una entrevista en la Cope que le hubiera gustado escuchar alguna condena de “los compañeros de viaje” de Barbero, en “esta serie de conglomerados que forman los grupos que apoyan a Podemos”, cuando se decía que hechos similares eran “legítima libertad de expresión”. “Cuando les pasa a ellos, es fascismo”, apostilló. El concejal del PP en el Ayuntamiento, Fernando Martínez Vidal, utilizó ayer la misma expresión que el ministro del Interior durante una comisión municipal: “[Barbero] está tomando su propia medicina”.

El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, calificó de “intolerable” el asedio al edil por parte de 300 agentes. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Concepción Causapié, calificó de “agresión muy grave” el acoso y se mostró a favor de que el Consistorio abra una investigación para analizar lo ocurrido. También le recordó a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa (PP), que está obligada a defender a todos los ciudadanos.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, rechazó las protestas que puedan causar daño físico, pese a que el concejal de Seguridad y su equipo no sufrió ninguna agresión. Según Iglesias, es preciso diferenciar entre los ejercicios de libertad de expresión y aquellos destinados a “la rendición de cuentas a la que están obligados todos los políticos, y eso está muy bien”. “Otra cosa es que haya situaciones que puedan afectar la integridad física de alguien que, para eso evidentemente sí está el derecho”, destacó el líder de Podemos.

Las diferencias entre los diferentes sindicatos de la Policía Municipal también se hicieron patentes ayer en una guerra de comunicados. Los convocantes de la concentración en la plaza de la Villa (el Colectivo Profesional de Policía Municipal, CPPM, CSIT Unión Profesional y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF) insistieron en que “la concentración discurrió en todo momento de forma pacífica” y que nunca se limitó la libertad de movimientos del edil. Protestaban por la desaparición de una de las dos unidades antidisturbios municipales (UCS) que había aprobado Barbero.

“Solo se elevó el tono de las protestas en el momento en que Barbero decidió salir y atravesar la plaza donde se encontraban los manifestantes en actitud desafiante hacia los mismos, y en contra del criterio de sus escoltas, que le aconsejaron coger su vehículo. Este se encontraba en las mismas dependencias donde se había celebrado la Comisión de Seguridad”, añaden los sindicatos. “No vamos a consentir que se haga una investigación para buscar delitos inexistentes en una especie de caza de brujas o intentos de coacción”, concluye.

Sin embargo, otro sindicato, la Unión de Policía Municipal (UPM), mantuvo que los 300 manifestantes no representan al resto del cuerpo (6.130 agentes) y tachó de “bochornoso espectáculo” lo ocurrido el martes. También acusaron a las UCS de “un desprecio continuo por parte de una minoría privilegiada [su salario es 360 euros más alto que el del resto de agentes] a una inmensa y denostada mayoría de compañeros”. A todo ello se une “el intento de politización de la plantilla, el insulto a la inteligencia del personal dentro de los bulos emitidos, la aberrante victimización y el creciente ridículo de algunos portavoces”. Por último, UPM mantuvo que los convocantes llamaron a policías de otros municipios para inflar la protesta.

La Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) rechazó cualquier intento de politización de lo que “es exclusivamente una protesta laboral por desacuerdos en la gestión del cuerpo”. “Nos parece reprobable que el concejal intente hacer ver que son razones ideológicas lo que movían a nuestros compañeros y no laborales, como en realidad fueron”, concluye la APMU.

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