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El alcalde de Borriol paró la expropiación porque vio “algo raro”

Santamaría avisó al presidente de la Diputación cuando se desveló que los terrenos eran de la familia Martínez

El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, para el que la Fiscalía pide tres años de prisión, ha declarado este martes en la Audiencia de Castellón que detuvo la expropiación de terrenos donde estaba proyectada la depuradora de Borriol media hora antes del pleno municipal porque la prensa estaba informando de que en el proyecto se incluía un terreno del vicepresidente de la Diputación.

El concejal de urbanismo de Borriol, Iban Pauner, advirtió de este hecho al alcalde antes de comenzar el pleno en el que se debía aprobar el convenio de expropiación de los terrenos para construir la estación depuradora. En ese momento, Santamaría decidió suspender los dos puntos del orden del día e inmediatamente llamó al presidente de la Diputación Javier Moliner para comunicarle las circunstancias.

Santamaría ha declarado en calidad de imputado en la segunda sesión del juicio por el caso de la depuradora de Borriol por el que se sientan en el banquillo de los acusados el propio alcalde de Borriol, el vicepresidente de la Diputación de Castellón y mano derecha de Carlos Fabra, Francisco Martínez, dos de sus hijos, un empresario y un testaferro.

En su declaración, el exprimer edil ha continuado con la estrategia que utilizó ayer Francisco Martínez y ha asegurado “con rotundidad” que no tuvo ninguna influencia ni poder de decisión en cada uno de los trámites administrativos de adjudicación y licitación de las obras, a pesar de ser el diputado delegado de Aguas desde 2013 y participar en las respectivas comisiones que, a su vez, presidía el vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez.

De hecho, el exalcalde ha llegado a afirmar que “iba sólo un día a la Diputación”. También ha querido dejar constancia, con referencia a la prensa incluida, de que pactó con el presidente de la Diputación, Javier Moliner, que tan sólo estaría dos años de la legislatura en el cargo para acceder a cobrar una pensión por sus años de dedicación política y poder jubilarse.

Santamaría ha afirmado que no mantuvo ninguna reunión con Martínez para tratar el proyecto de la depuradora y que tan sólo se reunió una vez con el presidente de la corporación provincial, Javier Moliner, para que incluyera el proyecto de casi 2.4 millones de euros en los presupuestos de la entidad de 2013. Sin embargo, la Diputación distribuyó una nota de prensa el 23 de agosto de 2013 sobre una “reunión de trabajo” de Francisco Martínez con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Borriol cuyo fin era “presentarles todos los detalles”.

En esta segunda jornada también han declarado el empresario Raúl Babiloni, amigo y socio de la familia Martínez en diversas empresas, y su empleado Luis García del Campillo, que actuó como testaferro de Franvaltur SL, sociedad familiar de los Martínez.

Babiloni ha asegurado que vendió la parcela 42 a Andrea Martínez -hija del exvicepresidente- para que pudiera desarrollar sus proyectos turísticos. El empresario quiso hacer partícipe así a su socia de los posibles beneficios obtenidos con la permuta de terrenos con los que el ayuntamiento de Borriol iba a compensar a los propietarios afectados por el convenio de expropiación de terrenos para la depuradora.

Luis García, que todavía es empleado de Babiloni, ha manifestado desconocer cómo y por qué Francisco Martínez Tena, hijo del exvicepresidente de la Diputación, le dio poderes notariales para representar a la empresa familiar Franvaltur y ha asegurado que no sabe cómo llegaron sus datos personales a la notaría para proceder al apoderamiento.

El juicio se reanudará la semana próxima con la declaración de los testigos, entre los que destaca la comparecencia del todavía presidente de la Diputación de Castellón, el popular Javier Moliner, y del actual vicealcalde de la ciudad de Castellón y dirigente de Compromís, Enric Nomdedéu.

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