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El dinero que se llevaron los Pujol

El Banco de España certificó en 1984 el enriquecimiento del expresident con Banca Catalana

La justicia ha desempolvado esta semana la quiebra de Banca Catalana, la entidad de la que Jordi Pujol fue consejero ejecutivo de 1974 a 1976 y principal accionista hasta 1982, cuando ya llevaba dos años en la Generalitat. El expresidente negó el miércoles que el origen de su fortuna que investiga la Audiencia Nacional guarde relación con aquella época, pero los informes que redactó entonces el Banco de España certificaron que Pujol y diversos familiares se lucraron como accionistas de la entidad o con operaciones reservadas a los directivos.

Las auditorías del Banco de España tras intervenir Banca Catalana sirvieron de base para la querella que en 1984 presentaron los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena contra Jordi Pujol y 24 directivos, a los que acusaron de apropiación indebida y falsedad por enriquecerse con el dinero de los clientes y su nefasta gestión.

Aquella querella provocó una enorme seísmo en la sociedad y la política catalana, que Pujol utilizó para culpar al Gobierno de querer laminar la autonomía, primero durante la tramitación de la causa y posteriormente tras su exculpación, por 33 votos a ocho, en noviembre de 1986. Sin embargo, durante el proceso judicial nunca se cuestionó la veracidad de los informes del Banco de España, que detallan el beneficio económico que lograron los Pujol.

El expresidente aseguró en su confesión del 25 de julio de 2014 que el origen de la fortuna era un legado que le dejó su padre Florenci al morir en septiembre de 1980, cuantificado en el equivalente en equivalente en dólares a 140 millones de pesetas (más de 840.000 euros). El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo sostiene, sin embargo, que el enriquecimiento de Pujol al frente de Banca Catalana puede ser el origen de su fortuna, al margen del supuesto cobro de comisiones en su mandato. Estas son las principales operaciones que relató el Banco de España con la documentación entregada por la propia entidad.

Accionista principal. Pujol fue el principal accionista de Banca Catalana de 1973 a 1982. Un año antes tenía 22.749 títulos de la serie A y 76.010 de la de la serie B, que quedaron reducidas a una milésima parte de la noche a la mañana. Para entonces, Pujol ya se había desprendido de las acciones o las había puesto a buen recaudo, según el relato que entonces hizo la fiscalía.

El pago del impuesto de sucesiones con acciones. El 19 de enero de 1982, cuando Pujol llevaba casi dos años en la Generalitat vendió 1.057 acciones de la serie B a HOE SA, una sociedad instrumental para vaciar la caja de Banca Catalana que emplearon los directivos. La hermana del expresidente vendió ese mismo día 1.100 acciones y la madre de ambos, Maria Soley, otros 11.157 títulos. Se les abonó más de 25 millones de pesetas (unos 150.000 euros), que sirvieron para pagar en unos 22 millones de pesetas el impuesto de sucesiones por la transmisión de la herencia del padre Florenci. La peculiaridad de la operación es que HOE SA compró las acciones a los Pujol con un crédito de Banca Catalana a sabiendas de que no lo devolverían, pues la sociedad estaba técnicamente quebrada. La fiscalía decía entonces que Pujol era consciente de que el precio de las acciones estaba inflado a causa de la inminente quiebra y que en el mercado libre nunca hubieran podido percibir esa cantidad.

Medio millón de euros en dividendos ilícitos. El Banco de España certificó también que entre 1974 y 1980, Jordi Pujol percibió 84,3 millones de pesetas (más de medio millón de euros) por dividendos que la fiscalía consideró ilícitos y delictivos, pues Banca Catalana arrastraba pérdidas desde hacía años y no estaba justificado ese reparto. Entre los 13 querellados de entonces que también cobraron esos dividendos ilícitos estaba Francesc Cabana, cuñado de Pujol, que percibió 20,7 millones de pesetas (124.00 euros).

Donación ficticia de acciones. El 14 de mayo de 1982 Pujol donó 22.749 acciones de la serie A y 74.953 acciones de la serie B a la Fundació Catalana, entidad cultural. La donación tenía una condición suspensiva para las acciones de la serie A, porque debían ofrecerse primero a los accionistas. Ese trámite nunca se cumplió, con lo que la donación no se materializó, pero Banca Catalana la dio por buena y lo comunicó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat. El Banco de España acabó desenmarañando la operación. La donación fue inscrita por 188 millones de pesetas (1,3 millones de euros), cuando quedaban unos meses para que las acciones se redujeran a una milésima parte tras la quiebra de la entidad. El pasado miércoles el fiscal Bermejo preguntó a Pujol por esa donación, pero el expresidente negó cualquier ilegalidad, la misma versión que describe en sus memorias.

Venta suculenta. La tesis de la fiscalía es que en realidad Pujol conservó la titularidad de esas acciones, que la donación fue ficticia y que cuando al cabo de unos años recuperaron su valor, se acabó desprendiendo de ellas por una gran suma de dinero. Banca Catalana fue comprada el 17 de mayo de 1983 por un grupo de 13 bancos, que encargó al Vizcaya su gestión. La comisión de investigación contra la corrupción del Parlament intentó aclarar esa donación y venta y el año pasado reclamó al BBVA, la entidad que absorbió al Banco Vizcaya, las actas de las sesiones de los consejos de administración de Banca Catalana entre 1982 y 1985. El BBVA se negó y argumentó que “albergan frecuentes referencias a personas físicas y contenidos que merecen la calificación de datos de carácter personal”.

Depósitos para familiares. Esta fue una práctica que benefició especialmente a los Pujol y a los directivos de la entidad, que percibieron un interés superior al del mercado y que pudieron recuperar su dinero porque cuando llegó la descapitalización de Banca Catalana ya había recuperado los fondos. Así, Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola suscribieron el 8 de marzo de 1982, dos años después de convertirse en presidente, un depósito a un año de diez millones de pesetas (61.000 euros) a un interés del 13%. Ferrusola también formalizó otros tres depósitos en las mismas condiciones entre 1981 y 1982 por importe de 3,2 millones de pesetas (casi 20.000 euros). Del mismo modo, la esposa de Pujol contrató otros depósitos con su hermano Josep y la hermana del expresidente hizo lo propio por importe de un millón y medio de pesetas (más de 9.000 euros), unas cantidades que ahora parecen pequeñas, pero que hace más de 30 años no estaban al alcance de la mayoría de la población.

Créditos ficticios a empresas. Otra práctica que benefició a Jordi Pujol y sus familiares fueron los créditos ficticios a clientes, sociedades instrumentales de Banca Catalana o empresas vinculadas a ellos. Como Túneles y Autopistas de Barcelona, de la que fue consejero ejecutivo Jordi Pujol entre 1973 y 1976. O Chasyr 1879 SA, de la que el luego presidente fue administrador entre 1974 y 1978. O Infraestructuras SA, Laboratorios Martín Cuatrasas y otras. El fiscal preguntó el miércoles al expresident por alguna de estas operaciones y la respuesta fue siempre la misma: negarlo todo e insistir en la tesis de que el origen de la fortuna en Andorra es ajeno por completo a Banca Catalana.