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La Generalitat avisa que sin Presupuestos no se reformará la renta mínima

El informe anual del defensor del pueblo catalán cree que hay “desinformación” sobre la pobreza energética

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La consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha dicho hoy que, en caso de que no se aprueben unos nuevos Presupuestos, su departamento no podrá garantizar que se amplíen los criterios para conseguir la renta mínima, aunque sí que ha prometido que la paga sea universal para quien lo necesite.

"Nos comprometemos a que sea un derecho subjetivo, pero a lo que no nos podemos comprometer es a cambiar condicionantes si no hay presupuestos", ha dicho Bassa tras visitar la fundación privada Trinijove, en el barrio de Trinitat Vella de Barcelona.

"Trabajamos con dos líneas: por un lado, como Gobierno catalán, por la otra desde el Parlament, y este miércoles me reuní con los promotores de la ILP de la renta garantizada y estamos avanzado para ver cuál es la mejor manera en la que podemos avanzar", ha dicho la consejera.

Bassa ha asegurado que está "a la espera de ver si se pueden aprobar presupuestos o no, porque eso definiría hacia adónde iríamos".

La consejera ha dicho que "a lo único que se puede comprometer la consejería es a que sea un derecho subjetivo, es decir, que quien lo necesite lo tenga", sin que haya un tope de ayudas.

Eso significaría que todos los ciudadanos que cumplan los criterios para obtener la renta mínima la podrían obtener, sin que los presupuestos puedan significar una limitación de las ayudas a repartir.

"Estamos estudiando qué criterios podríamos cambiar aún teniendo los presupuestos que tenemos ahora, estamos trabajando para, con el dinero que tenemos, poder trabajar para que sean lo más efectivos posible, para que lleguen a todos", ha dicho.

Por ello, Bassa ha dicho esperar "que haya nuevos presupuestos para que lo podamos ir convirtiendo a renta garantizada, que es a lo que aspiramos".

El Síndic insiste en los fallos de gestión en la renta mínima

Camilo Baquero

El Síndic de Greuges ha entregado esta mañana su informe anual a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. El texto es un compendio y análisis de las más de 10.000 quejas recibidas por la entidad que preside Rafael Ribó. El defensor del pueblo catalán ha insistido en los fallos en la gestión de prestaciones sociales como la renta mínima de inserción que “sigue presentando deficiencias”.

Muchos de esos atrasos se arrastran desde el 2011, cuando el gobierno de CiU decidió frenar en seco la prestación argumentando lucha contra el fraude y dejó a cientos de personas colgadas en pleno verano. Esta ayuda de 465 euros -que se entrega a las personas más vulnerables, sin recursos y con alguna dificultad social añadida- llega hoy en día a más de 75.000 catalanes, a través de 29.538 expedientes abiertos.

El departamento de Trabajo y Asuntos Sociales siempre ha insistido en que los recursos extra se dedican para pagar a los beneficiaros nuevos que ingresan al sistema y que, con los remanentes de las partidas, se van pagando los retrasos.

El Síndic cree que, en la práctica, esto implica que el incremento de beneficiarios “va en detrimento” de otras personas a las que no se les ha pagado todo lo que les corresponde. El informe dice que esta situación es especialmente delicada porque afecta a personas en situación muy desfavorecida. Ribó ha solicitado que este tema se tenga en cuenta en el debate sobre cómo debería ser la nueva renta mínima.

En el informe también se denuncia una “notable déficit de información” sobre la pobreza energética. “Algunas compañías nos piden que definamos qué es un pobre energético para poder buscar una solución”, ha dicho Ribó, algo a lo que el Gobierno central se ha opuesto. “Hay que ir más lejos que el decreto recurrido y dar información sobre las ayudas”, ha apostillado el Síndic.