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El Parlament congela el trámite de las leyes de ruptura

Toda la oposición pide un informe jurídico por si se desobedeciera al Constitucional

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.A. Estévez (EFE)

Las tres leyes de ruptura que anunciaron Junts pel Sí y la CUP no empezarán a tramitarse de momento. La Junta de Portavoces del Parlamento catalán ha aceptado este martes la propuesta del resto de grupos parlamentarios de reclamar a los servicios jurídicos de la cámara un informe para saber si se podía contravenir la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la resolución del 9 de noviembre en la que se anunciaba precisamente la redacción de estas leyes.

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Después de la decisión de la Junta de Portavoces habrá que esperar el informe jurídico y la reunión que celebre el próximo martes la Mesa del Parlament, aunque parece que se atenderá la petición de las dos formaciones independentistas y que empezarán a tramitarse las tres leyes: de transitoriedad jurídica, de la hacienda catalana y de la seguridad social.

La previsión de Junts pel Sí y la CUP es que se cree una ponencia conjunta para redactar las tres leyes, pero Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya sí que es Pot han anunciado que no acudirán. El problema que se plantea es que una ponencia conjunta se crea por deseo de todos los grupos parlamentarios y una vez creada, se les invita a participar.

Por ese motivo, la oposición en pleno reclama que el Gobierno catalán y Junts pel Sí y la CUP presenten un proyecto o una proposición con esas tres leyes, pero rechazan la opción de crear una ponencia conjunta. Por eso reclaman a los servicios jurídicos que se pronuncie sobre si ese es el procedimiento más acertado.

Junts pel Sí y la CUP, sin embargo, intentan desvincular las tres leyes de ruptura de la resolución del 9 de noviembre anulada por el Tribunal Constitucional con el fin de que no puedan ser acusados de desobediencia. "Tenemos un mandato democrático y político surgido de las urnas que va más allá del 9-N", ha dicho Marta Rovira, portavoz de Junts pel Sí.

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"El problema es que el Gobierno y el Tribunal Constitucional no saben cómo impugnar el resultado de unas elecciones que son legales. Tienen un problema y lo quieren resolver por la vía jurídica", ha añadido Rovira. Por su parte, Anna Gabriel, portavoz del grupo parlamentario de la CUP ha reconocido que "las tres leyes están recogidas en la declaración del 9 de noviembre", aunque ha precisado que "van más allá".

Los portavoces de la oposición han coincidido en la crítica a las dos formaciones secesionistas. "Se da la paradoja de que nos llamarán a participar en una comisión en la que no queremos estar para redactar unas leyes que rechazamos", ha dicho el diputado del PSC Ferrán Pedret.

"Si se admite la petición y se crea la ponencia conjunta se podría estar vulnerando la prohibición del Tribunal Constitucional", ha advertido José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, y vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament. "No se puede incluir a ningún grupo en una ponencia conjunta en la que no quiere participar", ha añadido.

Por su parte, el diputado del PP Enric Millo ha anunciado que recurrirán la creación de la ponencia conjunta si se llega a crear finalmente, mientras que Albano Dante Fachin, de Catalunya sí que es Pot ha explicado: "no tiene sentido sumarnos a una ponencia para hacer unas leyes que no tiene futuro y en las que no creemos".

Junts pel Sí y la CUP han coincidido en reclamarles que reconsideren su posición y se sumen a la ponencia para defender sus posiciones porque el resultado no está predeterminado.

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