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Los Maristas y el fiscal no indagaron nuevos abusos tras la primera denuncia

La primera denuncia de 2011 se archivó porque el padre no la ratificó entonces

Los abusos sexuales de un exprofesor de gimnasia de los Maristas de Sants (Barcelona) fueron revelados, por primera vez, hace cinco años. La familia del menor denunció los hechos ante la escuela, que elevó el caso a la Fiscalía, que lo trasladó al juez. Este acabó dando carpetazo al asunto porque los padres optaron por no denunciar. Las instituciones cumplieron los protocolos y las disposiciones legales, pero no fueron más allá. El colegio expulsó al profesor —que admitió los tocamientos— sin indagar si se habían producido más casos ni preguntar a los padres. Tampoco informó a Enseñanza, que hasta el jueves ignoraba el episodio. La Fiscalía no recurrió el archivo del juez ni abrió diligencias para investigar más ampliamente los hechos.

El colegio Maristes del barrio de Sants.
El colegio Maristes del barrio de Sants.albert garcia

La campaña de un padre cuyo hijo también fue víctima de abusos es lo que ha permitido destapar un caso de pederastia de grandes dimensiones que, según los primeros indicios, se prolongó durante más de 20 años: los que Joaquim Benítez estuvo trabajando como profesor en los Maristas de Sants-Les Corts. El padre denunció que, entre 2007 y 2010, su hijo —que hoy tiene 21 años— fue víctima de agresiones sexuales por parte del docente. Pero no se quedó ahí: esta semana ha empapelado las calles alrededor del centro escolar y ha creado dirección de correo electrónico para localizar a otras posibles víctimas.

La iniciativa ha dado frutos: además de su hijo, otros diez exalumnos de los Maristas han denunciado ante los Mossos —o han anunciado que lo harán en los próximos días— que el exprofesor les sometió a abusos similares. Todas las víctimas fueron agredidas entre los 13 y los 17 años y ahora tienen entre 19 y 43, lo que significa que los abusos de Joaquim B. se prolongaron durante más de dos décadas sin que salieran a la luz hasta 2011.

El 7 de junio de ese año, el padre de un alumno denunció que el profesor de gimnasia había realizado tocamientos a su hijo. El profesor admitió los hechos y se fue. Según la escuela, quedó “desvinculado” del centro. Según la Fiscalía, “presentó su baja voluntaria”. En cualquier caso, el vicario provincial acudió a la Fiscalía de Menores y explicó los hechos que había narrado el padre. “Dado que el denunciado era mayor de edad”, señala la Fiscalía en un comunicado, el asunto se remitió al juzgado. La juez archivó las causas después de que los padres no quisieran —por motivos que no hay trascendido— ratificar la denuncia. “De acuerdo con los protocolos, se actuó inmediatamente”, defiende el colegio en un comunicado. La Fiscalía también se explicó y agregó que, tras remitir el caso al juzgado, abrió diligencias para “valorar la posible situación de riesgo o desamparo del menor”, que archivó también porque sus padres “ya habían adoptado las medidas para salvaguardar su integridad”.

Un juez de Barcelona ha imputado ahora a Benítez por abusos a menores. Cuatro de sus exalumnos habían ratificado ayer las denuncias contra el docente, otro lo hará hoy y seis más anunciaron ayer que lo harán los próximos días. El exprofesor conocía ayer su condición de imputado, aunque no se había ordenado aún su detención. Tras ser expulsado de la escuela, comenzó a promocionar el Shoot-Ball, una actividad conocida popularmente como balóntiro o jugar a matar, que había reglamentado y patentado. También trabajó en algunos polideportivos.

Tras admitir los hechos —sin que esa circunstancia tuviera ninguna consecuencia penal para él— Benítez fue cambiando de trabajo periódicamente. Incluso se dedicó a promocionar el Shoot Ball por diferentes países. El Departamento de Enseñanza comunicó ayer que no ha ejercido de profesor desde que fue expulsado de los Maristas en ningún centro público ni concertado de Cataluña. Además, el Consorcio de Educación de Barcelona abrió un expediente informativo. El Síndic de Greuges, por su parte, también abrió una investigación para averiguar si la Administración —Enseñanza, el centro, etcétera— actuó correctamente.

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