Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

Colau veta a los ediles que objeten celebrar bodas gais

El gobierno municipal adopta la medida "para evitar la discriminación", según Laura Pérez, concejal de Ciclo de Vida, Feminismo y LGBTI

El Gobierno de Ada Colau anunció ayer que retirará la potestad de celebrar bodas civiles a aquellos concejales que se nieguen a oficiar ceremonias entre personas del mismo sexo. La medida busca evitar “vulneraciones a un derecho”, defendió Laura Pérez, concejal de Ciclo de la Vida, Feminismos y LGTBI. En Barcelona, sin embargo, nunca se ha dejado de celebrar un matrimonio gay por el hecho de que un regidor aduzca objeción de conciencia. El Ayuntamiento va más allá de la petición del Síndic que en su día abogó solo por una solución administrativa.

La decisión llega dos años después de que un regidor del Partido Popular en el distrito de Sarrià se negara, con antelación, a realizar una boda entre dos lesbianas alegando “objeción de conciencia”. Todos los grupos pidieron una solución para evitar que el incidente se repitiera, si bien la boda se celebró con total normalidad después de que una concejal socialista se ofreciera a oficiarla. En 2011 ya había ocurrido algo similar con otro edil popular en Ciutat Vella.

La ley da la potestad a los alcaldes para que casen y a su vez estos delegan en el resto de concejales, dependiendo del tamaño del municipio. No todos los ediles deben celebrar bodas y, en el caso barcelonés, se arreglan de acuerdo a dos circuitos. Los enlaces que se hacen en el Saló de Cent (que ofician el alcalde, los tenientes de alcalde y los presidentes de grupo) y los que se realizan en los distritos (con los regidores y presidentes de distrito a cargo).

Los mismos concejales, en virtud de sus agendas, se organizan entre ellos e intercambian fechas en el caso de tener otros compromisos para que los matrimonios se celebren sin contratiempos. Y fue precisamente una petición de mejorar el proceso administrativo la que hizo el Síndic el 9 de diciembre de 2014, después de actuar de oficio en el caso que reveló este diario.

En concreto, Rafael Ribó hacía dos recomendaciones. La primera, que el turno de ceremonias se diera a conocer con antelación suficiente a los concejales. Y, después, que los regidores que tuvieran “alguna reserva personal” para oficiar bodas gais la comunicaran al Ayuntamiento. “Con esta información habrá que garantizar que las asignaciones prevean estas reservas y se eviten afectaciones posteriores y no se afecte el derecho a contraer matrimonio”.

La oposición presiona a la alcaldesa por la L10 del metro

Los grupos municipales de CiU, la CUP y sobre todo ERC, presionaron ayer a la alcaldesa Ada Colau para que el Ayuntamiento aporte fondos para reanudar las obras de la L10, el metro que debe llegar a la Zona Franca y cuyos trabajos dijo la Generalitat que comenzarán de nuevo en dos semanas.

En vísperas a la reunión entre Colau y el presidente Carles Puigdemont, prevista para hoy, ERC condicionó su apoyo al presupuesto municipal la que contemple una partida para el metro. CiU dijo que ir de la mano permitiría abrir más estaciones; Ciutadans y PSC pidieron que se pacten las aportaciones y un calendario. Solo el PP recordó que es una obra que debía financiar la Generalitat.

Desde el despacho de Ciclo de la Vida, Feminismos y LGTBI aseguran que quitar la potestad a los concejales a través de un decreto es una recomendación del Síndic. Este extremo, sin embargo, no figura en el texto que aparece en la web del ente que preside Ribó. En el informe de 2014, se recomienda que “los concejales que manifiesten objeción para oficiar matrimonios del mismo sexo deberían renunciar a esta función en todos los supuestos”.

Pérez insiste en que hay una vulneración de derechos, si bien la boda entre las dos lesbianas se llegó a celebrar. El Gobierno municipal cree que todos los concejales se deben comprometer a celebrar el matrimonio independientemente de la identidad sexual de los contrayentes para así cumplir la ley y evitar discriminación. La objeción de conciencia no se encuentra regulada jurídicamente aunque el Síndic sostiene que los concejales “tienen derecho por razón de conciencia a rechazar la celebración de las uniones homosexuales que se soliciten”.

El Ayuntamiento notificó ayer en la tarde al Consejo LGTBI de la ciudad la decisión del veto. En la misma reunión también se anunció la apertura de un local de 1.300 metros cuadrados para las entidades en el número 22 de la calle de Compte Borrell. Los usos se definirán en un proceso participativo.