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El PSOE quiere abrir al público los archivos de las entidades con ayudas

El grupo parlamentario socialista ha presentado una proposición de ley de transparencia en la Comunidad de Madrid

El grupo parlamentario del PSOE ha presentado una proposición de ley que propone el acceso libre de los ciudadanos a la práctica totalidad de los archivos y documentos oficiales, así como de las entidades privadas que reciban ayudas de la Comunidad de Madrid. La proposición, de la que es ponente el diputado regional y senador José Cepeda, sostiene que la Administración debe “garantizar el acceso a la información pública cierta, con claridad y agilidad”.

Ángel Gabilondo en una foto de archivo.
Ángel Gabilondo en una foto de archivo.Claudio Álvarez

Además, siempre según la propuesta socialista, la información oficial debe llegar “a todas las personas sin necesidad de una solicitud previa”.

El proyecto de ley comprende en su ámbito de aplicación “la Administración pública de la comunidad autónoma, las entidades públicas y privadas vinculadas o dependientes” de ella. Recoge la obligación de “los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, así como a las demás entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas financiadas con cargo a los presupuestos de la Comunidad de Madrid”, a abrir sus archivos. La condición es que la cuantía del dinero que perciben supere los 60.000 euros o represente al menos el 30% del todal de sus ingresos anuales, “siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”. Para aumentar la fuerza de esas normas, el proyecto prevé también “la obligación de suministrar información de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o que tengan vinculación contractual” con las entidades públicas.

La propuesta del PSOE-M especifica que, con la excepción de los datos personales protegidos, debería hacerse pública información “en materia organizativa, relativa al personal de libre nombramiento, en materia de empleo en el sector público, en materia de retribuciones, en materia normativa”.

El texto atribuye especial importancia a la publicidad de la información económica y financiera relativa a los presupuestos y la deuda, el patrimonio, las obras públicas y los contratos de gestión, así como a la concesión de servicios públicos y a la “ayuda y subvenciones en materia de ordenación del territorio y medio ambiente”. Para que sea posible, el proyecto de ley contempla la creación de un Portal de Transparencia y de un registro de las empresas que trabajan con la Administración.

La correcta aplicación de estas normas estaría garantizada con la creación de un Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya función principal sería el “control del cumplimiento de la obligación de publicar la información” de los organismos que están sujetos a ellas.

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El Comisionado deberá presentar anualmente un informe a la Asamblea sobre el cumplimiento de la ley por parte de las “entidades públicas y privadas de la Comunidad”, reza el texto.

“La figura del Comisionado es una de las novedades más importantes contenidas en esa ley. Se trata de una figura destacada, elegida cada cinco años por la Asamblea e independiente del Ejecutivo”, explica José Cepeda. “El objetivo, además, es crear unidades administrativas que se dediquen a producir datos actualizados y reutilizables. Los ciudadanos tienen que poder participar y tomar parte activa en la Administración. La aprobación de esa ley sería una auténtica revolución en ese sentido”.

Pedro Barredo, secretario de Transparencia del PSOE-M, destaca, por su parte, “la necesidad de que Madrid, uno de los centros neurálgicos de la corrupción en España, tenga una ley de transparencia puntera como la que propone el PSOE-M. Es grave que Madrid esté entre las cinco autonomías que aún no tiene una ley”.

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