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El juez ve indicios de criminalidad en la cesión de la plaza de San Fernando a una empresa

Imputados políticos y empresarios por entregar el espacio público como aportación municipal a una sociedad limitada

El juzgado ve “indicios de criminalidad” en la cesión por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en 2008, de la plaza del pueblo para cubrir el capital de una empresa semipública creada con el fin de remodelar ese entorno. La actuación permitió que la sociedad se apropiase del espacio público y de su subsuelo para construir un aparcamiento (prohibido por las normas urbanísticas), cuya venta habría reportado 23 millones a la mercantil. La plaza ahora ha pasado a manos de Bankia porque la empresa no ha devuelto el crédito que le dio la entidad bancaria. El juez imputa ahora a políticos y empresarios.

Cinco años de investigaciones

Querella: Interpuesta el 13 de abril de 2011 por la asociación cívico-cultural El Molino de San Fernando.

Infracción: Se investiga si podría existir un delito contra la ordenación del territorio.

Motivo: Cesión de la plaza del pueblo, un bien público, por parte del Ayuntamiento para cubrir el capital en la empresa semipública que iba a remodelar el entorno.

Diligencias practicadas: Se ha puesto fin a la investigación en el juzgado de instrucción número 5 de Coslada. Ahora el juez da traslado de sus conclusiones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que soliciten apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Recursos: Se han presentado recursos de reforma, que la Audiencia Provincial tiene que resolver.

El auto judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS imputa a Julio Setién, exalcalde de IU; a Joaquín Martínez, exconcejal de Política Territorial, y al empresario Victoriano Cuesta por un presunto delito contra la ordenación del territorio, dice el juez.

La remodelación de la plaza del pueblo de San Fernando de Henares y del casi centenar de casas del XVIII que la rodean ha conducido a la ciudad a un callejón de difícil salida. Para gestionar la reforma, el Ayuntamiento, gobernado entonces por IU, creó la empresa mixta Plaza de España San Fernando S.L. El 51% del capital lo cubrieron los vecinos con sus viviendas, que recuperarían reformadas en 2011, y el 49% restante el Consistorio. Para poder aportar el capital que le correspondía al Ayuntamiento, el equipo de gobierno decidió poner a nombre de la empresa los 10.900 metros cuadrados de la plaza del pueblo (declarada Bien de Interés Cultural) y su subsuelo.

En la actualidad, los inmuebles y el aparcamiento están finalizados, pero nadie puede acceder a ellos porque están hipotecados por Bankia, entidad a la que la empresa debe unos 60 millones. La deuda total, incluyendo a otros acreedores, asciende a 94.

En este contexto, el juzgado de instrucción número 5 de Coslada ha finalizado la investigación de una denuncia que interpuso hace casi cinco años la asociación cultural El Molino de San Fernando. El auto, de 21 de diciembre, concluye que de los hechos estudiados se desprende la existencia de “indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos hallamos, imputar a Julio Setién [exalcalde), Joaquín Martínez [exconcejal de Política Territorial] y Victoriano Cuesta [empresario]”. El auto, que está recurrido, abre la opción al Ministerio Fiscal y a los denunciantes de formular acusación o pedir el sobreseimiento.

Denuncias del Partido Popular

María Pérez, portavoz del grupo municipal popular en San Fernando, advierte de que este auto "es un primer paso en todo el conflicto que hay generado en el pueblo debido a la remodelación de la plaza de España". También recuerda que el PP lleva años denunciando la forma en la que se estaba gestionando la empresa que ha llevado al municipio a la ruina. "El Partido Popular lleva muchos años denunciando lo que estaba ocurriendo, pero el Ayuntamiento hacía caso omiso a todo. Ahora tenemos aquí las lamentables consecuencias para San Fernando"

En la instrucción ha quedado patente, dice el juez, que Setién dio la plaza del pueblo y su subsuelo a la sociedad Plaza de España “sin la debida autorización”. Se necesitaba un permiso del pleno, que supuestamente se habría producido el 28 de mayo de 2008, pero el auto aclara que “no consta adopción de ningún acuerdo expreso”. El escrito judicial incide en que la junta de gobierno local ocultó que la plaza ya no pertenecía al Ayuntamiento cuando aprobó el plan de reordenación del entorno y una modificación del plan general en octubre de 2009. “El propio imputado”, puntualiza el auto en referencia al exalcalde, reconoce que no existió autorización expresa.

Otro de los imputados, Joaquín Martínez, concejal de Política Territorial, otorgó licencias de segregación y de obra a favor de la sociedad Plaza de España, de la que era consejero delegado, antes de que se hubiera modificado el plan general. Por lo tanto, las obras autorizadas eran “contrarias a la normativa vigente”.

El decreto que firmó el exedil incluye la agrupación de fincas, entre ellas la plaza de España, además de la segregación de los terrenos en los que se han construido trasteros y plazas de garaje. Una actuación que tampoco estaba autorizada.

Como las licencias se dieron un año antes de que se produjera la modificación del plan general, puede inferirse, sostiene el auto, que “la tramitación posterior de las modificaciones solo pretendían dar cobertura formal a la licencia ya concedida”. Martínez explicó al juez que el aparcamiento era imprescindible para la viabilidad del proyecto.

Un asesoramiento que costaba 8 millones de euros

En cuanto a la participación de Victoriano Cuesta, administrador mancomunado de la mercantil Woodman SL, en la actuación urbanística de la Plaza de España, el juez ha detectado que asesoró a los propietarios privados de las fincas afectadas por la remodelación sin que nadie se lo ordenara. También confeccionó documentos, estudios e informes para el Ayuntamiento, entre ellos uno económico sobre la iniciativa urbanística.

En ese documento, Cuesta introduce una previsión de gastos de gestión de 8 millones de euros en concepto de gastos de gestión, que corresponderían, dice el auto judicial, a “los honorarios que iba a percibir Woodman por su irregular intervención en la actuación”.

Por otra parte, el juez resalta que aunque Plaza de España San Fernando SL era una sociedad de capital mayoritariamente privado, ocupaba la presidencia el alcalde Julio Setién, mientras Joaquín Martínez, edil de Política Territorial, era consejero delegado y secretario. En el auto se advierte de que se podría haber vulnerado la ley de sociedades limitadas, porque el objeto social de la empresa coincidía con las competencias urbanísticas de Martínez.

El juzgado recuerda que el Ayuntamiento inició el aparcamiento sin haber presentado ningún proyecto en la Dirección General de Patrimonio. Por lo tanto, indica el auto, se abrió un expediente contra el municipio por infracción administrativa en materia de patrimonio histórico.