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Las mujeres que abortaron en las clínicas de Morín volverán a declarar

La Fiscalía rechaza eximir a las pacientes de testificar en la repetición del juicio

La repetición del juicio contra el ginecólogo Carlos Morín tiene víctimas colaterales. Casi un centenar de mujeres que abortaron en las clínicas de Morín en Barcelona deberán dar explicaciones, por segunda vez, para que el tribunal decida si las interrupciones voluntarias del embarazo fueron legales. La defensa del doctor ha pedido este viernes un acuerdo para evitar a las mujeres el trance —sustituyendo la nueva declaración por el visionado de la primera—, pero la Fiscalía se opuso. Morín fue absuelto de todos los delitos hace tres años. El Tribunal Supremo, sin embargo, ordenó que se repitiera el juicio porque no se había tenido en cuenta una prueba.

“Se creyeron falsas verdades. Fui un cabeza de turco”, dijo Morín hace tres años, cuando abandonaba triunfante la Audiencia de Barcelona tras saber que había sido absuelto. Este viernes, el doctor de origen peruano llegó al tribunal cansado, a paso lento —su abogado ha pedido que no acuda a todas las sesiones por su delicado estado de salud—, pero con la misma convicción de que volverá a salir airoso. Morín, su esposa y otras diez personas se sientan de nuevo en el banquillo para defenderse de las mismas acusaciones, una situación excepcional.

Tras la absolución, la Fiscalía y las acusaciones —E-Cristians, la Fundación Tomás Moro, Alternativa Española— presentaron un recurso. El Tribunal Supremo les dio la razón y obligó a repetir el juicio con el argumento de que no se tuvo en cuenta, en la primera vista, una prueba: el testimonio de dos periodistas de la televisión pública danesa que elaboraron un reportaje, con cámara oculta, sobre las clínicas de Morín en Barcelona. El segundo argumento del Supremo es aún más formalista: critica que los jueces no permitieran leer en voz alta las preguntas que las acusaciones pretendían dirigir a Morín, y que éste no quiso responder. El alto tribunal no se pronunció sobre el fondo del asunto.

A partir de la semana que viene se escuchará, por segunda vez, el relato de tres testigos protegidos, uno de los pilares de la acusación. Ese pilar, sin embargo, se desmoronó en el primer juicio porque las mujeres se retractaron. La primera (identificada como AAA) dijo no recordar nada porque en el momento de los hechos sufría una depresión y admitió “desavenencias” empresariales con Morín. La segunda (GC1) trabajó como enfermera, pero reconoció que llevaba 22 años desvinculada de las clínicas. Y la tercera aseguró que solo acudió a una entrevista de trabajo y que vio un feto que le parecía demasiado grande.

Han pasado nueve años desde que la Guardia Civil irrumpió en las clínicas de Morín. Según la Fiscalía, allí se practicaron casi un centenar de interrupciones del embarazo fuera de los supuestos previstos por la ley. El doctor Morín afrontaba, entonces como ahora, una pena escalofriante: casi 300 años de cárcel. La primera sentencia concluyó que todos los abortos fueron legales (ninguno se practicó tras las 22 semanas de gestación), pero apuntó a “cierto descontrol administrativo” en las clínicas.

Decisión “impopular”

Un centenar de mujeres que se sometieron a abortos en las clínicas de Morín declararán de nuevo. Lo hicieron, como imputadas, ante la Guardia Civil. Y como testigos en el juicio. Ahora tendrán que hacerlo de nuevo, pese a que hay constancia de que alguna ha fallecido mientras que de otras no se tiene constancia que estén localizadas o no tienen intención alguna de airear de nuevo su intimidad. El abogado de Morín, Miguel Capuz, quiso evitar el trance y ayer propuso sustituir su testimonio por el visionado del DVD con sus interrogatorios. “Todos sabemos lo que se vivió en la sala”, avisó Capuz, quien agregó que las pacientes “no han tenido ninguna culpa de que se repita el juicio”.

La Fiscalía se ha opuesto al acuerdo a sabiendas de que su posición es “impopular”. No hacer declarar a las mujeres podría provocar, según la fiscal, que el Supremo anulara por segunda vez el juicio. “Nadie aquí se puede comprometer a aceptar la sentencia que salga en el futuro”, afirmó la fiscal. En su primera declaración —en la que se impidió el acceso de las cámaras— la mayoría de las mujeres afirmaron sencillamente que interrumpieron su embarazo porque la gestación entrañaba riesgos para su salud o la del feto.