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La Generalitat salda parte de su deuda con las farmacias catalanas

Las boticas reciben 150 millones del FLA extraordinario pero aún tienen pendiente el cobro de otros 200 más

Lo esperaban para Navidad pero ha llegado ahora: las farmacias catalanas cobraron ayer parte de la deuda que acumula la Generalitat por los impagos de las facturas de los medicamentos dispensados desde el pasado octubre. En total, los boticarios recibieron, a través de una segunda partida extraordinaria del fondo de liquidez autonómica (FLA), 150 millones de euros correspondientes a las facturas de octubre y parte de noviembre. El montante ha supuesto un alivio para los farmacéuticos pero los impagos del Gobierno catalán siguen perpetuándose mes a mes. La Generalitat todavía está lejos de saldar la deuda de 2015 —debe el 73% de las facturas de noviembre y todo diciembre— y los farmacéuticos ya auguran un 2016 con nuevos retrasos.

Después de cuatro años de demoras y un otoño especialmente convulso en el sector farmacéutico —en noviembre la Generalitat acumuló cuatro meses de retrasos en los pagos—, los boticarios esperaban que la partida extraordinaria del FLA pusiese a cero el contador de impagos. Sin embargo, la deuda acumulada era tal (330 millones de euros), que el monto recibido en diciembre sólo alcanzó a pagar 213 millones (correspondientes a agosto y septiembre).

A final de año quedaban pendientes 117,8 millones del mes de octubre y, a esa cifra, se sumó en enero la factura del mes de noviembre (114,8 millones). Con la segunda partida del FLA extraordinario que llegó ayer, la Generalitat saldó la deuda de octubre, que se debía haber pagado el 5 de diciembre, y un 27% de la de noviembre.

Pero “el problema no está resuelto”, alertó ayer el Consejo de Colegios de Farmaceúticos de Cataluña (CCFC). “ Si el próximo 5 de febrero [el concierto pactado entre la Administración catalana y los boticarios señala que el día de pago es el 5 de cada mes] la Generalitat no abona la factura de los medicamentos dispensados en diciembre (119,5 millones), ésta se sumará al 73% pendiente de la de noviembre y se acumulará una deuda de más de 200 millones de euros”, advirtieron los farmacéuticos.

Los representantes de los boticarios ya han pedido una reunión con los nuevos responsables del Departamento de Economía para solucionar el conflicto, que se remonta a cuatro años atrás. “Nos hemos puesto en contacto con el nuevo Ejecutivo para encontrar soluciones y tomarmedidas para que esta situación, que afecta a todo el sector sanitario, deje de ser un problema crónico”, apuntaron ayer desde el CCFC. Los farmacéuticos exigieron al consejero de Economía, Oriol Junqueras, “una elaboración de presupuestos realistas para cubrir las necesidades existentes, un financiamiento suficiente para hacerle frente y un calendario estable de pagos para 2016”.

Comín cita a la oposición para tratar el VISC+

El consejero Toni Comín convocará a los grupos parlamentarios para analizar el proyecto VISC+ de venta de datos sanitarios. Después de que EL PAÍS revelase que el anterior Ejecutivo puso en marcha el plan sin celebrar unas jornadas participativas que ordenó el Parlament, Comín emplazó a estudiar de nuevo VISC+. El consejero se mostró “abierto” a celebrar un debate más participativo sobre el tema si es necesario.

Las farmacias catalanas son las que más tardan en cobrar de toda España. Mientras la mayor parte de Gobiernos autonómicos pagan a 22 días, Cataluña suele cobrar a dos meses vista. Estos retrasos en los pagos, que se suceden ininterrumpidamente desde 2011, alcanzaron el cúlmen en noviembre de 2015 con los cuatro meses de demora. Esta situación, que también se vivió en el mismo mes de 2013, puso en jaque a los boticarios, que veían cómo muchos compañeros empezaban a hipotecar bienes personales para poder afrontar los pagos a los proveedores. Según el CCFC, unas 25 boticas han tenido que cerrar o entrar en concurso de acreedores al no poder asumir estas demoras.

Los farmacéuticos han comenzado a reclamar a la Generalitat intereses por los retrasos en los pagos. El CCFC ha tramitado unas 2.000 reclamaciones y exige al Ejecutivo catalán unos 22 millones para resarcir los daños causados a los boticarios.