TRIBUNA

Convivencia y seguridad

Nuestras ciudades viven una crisis tan profunda como la de muchas ciudadades europeas, pero si en nuestro caso no ha derivado en conflictos violentos entre vecinos es porque se han aplicado políticas de inclusión social

Este mes, el Foro Español para la Prevención y Seguridad (FEPSU) ha reunido en Barcelona a los ayuntamientos de las principales ciudades que optan por una nueva gobernanza urbana con un tema que, a mi juicio, es esencial: la convivencia como principal factor de prevención y seguridad. En las periódicas encuestas sobre victimización que se realizan en Barcelona, se observa que la percepción de inseguridad de la ciudadanía no se debe tanto al hecho de haber sido víctimas de un delito, sino al de haber tenido problemas de convivencia con otros vecinos. La solución parece evidente: invertir en políticas de cohesión e intermediación social como la mejor garantía para que descienda el sentimiento de inseguridad ciudadana. Pero las políticas de convivencia no solo reducen la percepción subjetiva de inseguridad, sino que reducen la cantidad y la intensidad de los conflictos con violencia en las ciudades.

Las contradicciones sociales fundamentales que están en la base de la conflictividad urbana son las desigualdades sociales, la pobreza en sus múltiples formas y los desequilibrios en la capacidad de influencia en las decisiones políticas. Dichas contradicciones dan origen a movimientos sociales, que son la base del progreso humano, al introducir cambios importantes en nuestras ciudades como son una mayor igualdad de oportunidades, un reequilibrio social, una apropiación ciudadana de los espacios públicos, una mayor democratización, participación y compromiso de la ciudadanía en la ciudad.

Pero también produce movilizaciones violentas y reaccionarias. Esto último acontece cuando determinados colectivos que viven con gran precariedad social no tienen esperanza de que en el futuro su situación pueda mejorar, y en especial si son objeto de una segregación social y espacial, por los gobiernos y los grupos sociales más amplios.

En una crisis social tan profunda como la que sufren las ciudades de la Europa mediterránea, no es de extrañar que sectores ciudadanos en situaciones de alta precariedad y riesgo, como señala Z. Bauman, canalicen sus frustraciones hacia la búsqueda de culpables, y estos aparecen como el “otro”, el “diferente” que se convierte en objeto de segregación social, y que no pocas veces se encuentra en una situación tanto o más precaria que el culpabilizador. La segregación social, el etiquetaje mutuo, que genera el sentimiento de exclusión y el menosprecio social, son los detonantes de lo que observamos en no pocas ciudades: conflictos inter-culturales, actos vandálico antisistema protagonizados por grupos muy vulnerables. Esta segregación aumenta si sólo se responde desde los gobiernos con represión.

Ahora bien, el futuro siempre está abierto, como decía Popper, y la conflictividad social que acontece en nuestras ciudades puede gestionarse hacía objetivos de progreso social, o hacia la descohesión social y el rechazo entre los diferentes colectivos. Para gestionarla hacía el desarrollo social, las políticas de convivencia y prevención social, centradas en favorecer la intermediación, el conocimiento mutuo y la generación de confianza son la clave, dado que impide que las contradicciones sociales se expresen en segregación mutua, sino que facilitan que se avance hacía una mayor cohesión social y desarrollo humano.

El antagonismo entre libertad y seguridad se disuelve si existe una amplia política de convivencia y de equidad social en nuestras ciudades, evitando el enfrentamiento, mediante el conocimiento y la comprensión mutua, y la toma de decisiones asentadas en amplios acuerdos sociales, que transforman de este modo el conflicto en cooperación.

Disponemos de experiencias de éxito en municipios bien cercanos: Barcelona, L'Hospitalet, Terrassa, y en especial Santa Coloma entre muchas otras. Ciudades que están viviendo una larga y profunda crisis social, con alta proporción de población con origen territorial y cultural muy diferente, pero cuya conflictividad no se ha expresado, como el caso de ciudades francesas, inglesas, belgas o alemanas en importantes enfrentamientos violentos entre vecinos. Esto se ha debido, en gran medida, a la apuesta de los ayuntamientos por las políticas de convivencia y de inclusión social, que han contado con la colaboración de las entidades sociales del tercer sector y con las asociaciones vecinales, articulando redes ciudadanas para responder de manera compartida a la adversidad social.

Sin duda se puede y de debe hacer más y mejor, pero esta es la vía a seguir en unas ciudades globales para convertir el riesgo en oportunidad y profundizar en la seguridad y la democracia.

José María Pascual Esteve es economista y sociólogo