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El Ayuntamiento denuncia un “perjuicio con difícil explicación” en el contrato de Mercamadrid

Un informe municipal eleva a la Fiscalía un acuerdo tomado en la época de Ana Botella que acarrea un daño millonario a las arcas públicas

La primera teniente de alcalde, Marta Higueras (Ahora Madrid), ha confirmado esta mañana que el Ayuntamiento de la capital ha decidido elevar a la fiscalía un informe jurídico sobre un presunto delito de malversación de caudales públicos en Mercamadrid en la época en la que Ana Botella (Partido Popular) era la regidora y su concejal Concepción Dancausa, actual delegada del Gobierno en Madrid, presidía el consejo de administración de esta sociedad pública. Higueras, de quien depende ahora Mercamadrid, ha señalado que este informe “revela un perjuicio patrimonial que tiene difícil explicación”.

“El hecho de si hay delito o no hay delito no es el Ayuntamiento el que tiene que decirlo, serán los tribunales o en su caso la fiscalía, nosotros no somos competentes, pero para lo que sí es competente el Ayuntamiento es para velar por los intereses de los madrileños y por eso hemos hecho ese informe”, ha señalado Higueras. El concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha precisado que el informe “confirma la información” que el Ayuntamiento ya difundió el pasado mes de julio. “Entonces dimos información muy detallada, y establecimos que había más de 11 millones de euros de cantidades insuficientemente explicadas, a nuestro criterio”.

"Un acuerdo innecesario"

Según desvela hoy EL PAÍS, este informe jurídico será elevado a la Fiscalía Anticorrupción de forma inminente para que se depuren las oportunas responsabilidades, incluidas las penales si las hubiere. El documento, que ha sido elaborado por un abogado del Estado en excedencia por encargo del Ayuntamiento, analiza una adjudicación de suelo a una empresa que, en lugar de pagar al Ayuntamiento por esa parcela, percibe del Consistorio (desde 2013 y hasta 2032) una renta mensual 41.500 euros.

“Era un acuerdo innecesario, es nuestra obligación realizar la correspondiente investigación y, cuando hay elementos que indican que es conveniente ponerlo en conocimiento de la fiscalía, es lo que se ha decidido”, ha concluido Sánchez Mato.

Mercamadrid —participada al 51% por el Ayuntamiento y al 49% por el Estado— licitó en julio de 2001 los derechos de superficie para construir y explotar un hotel y un área de restauración. Esa adjudicación terminó en manos de la empresa Mercaocio, que estaba obligada a pagar un canon de 140.000 euros por explotar esas instalaciones. En marzo de 2010, Mercaocio dejó de abonar el canon, iniciándose entonces un litigio judicial en el que Mercamadrid reclamó el pago de la cantidad adeudada por la empresa (700.000 euros), y está exigió una indemnización de ocho millones a la sociedad pública por no haberle otorgado el Ayuntamiento en 2001 la licencia de actividad para el área de restauración.

"Desproporcionado y abusivo"

En noviembre de 2013 llegaron a un acuerdo extrajudicial por el cual ambas renunciaron al dinero que requerían. Pero, además, acordaron que Mercamadrid alquilaría a Mercaocio unas instalaciones hasta 2031 a razón de 623.000 euros al año. La empresa pública no ha hecho nunca uso alguno de esas instalaciones, pero sigue abonando el alquiler porque el contrato está blindado: si lo rescinde, deberá pagar el resto de dinero pendiente.

Según explicó Sánchez Mato en julio a raíz de una investigación de la Cadena Ser, no había motivo para cerrar ese acuerdo extrajudicial porque el Ayuntamiento sí concedió la licencia de actividad que Mercaocio denunció que le habían negado. Por tanto, no vio “justificado” un acuerdo que detrae un 9% de los beneficios anuales de Mercamadrid (7,3 millones en 2014).

El informe adelantado por EL PAÍS hoy considera “desproporcionado y abusivo” el daño que genera este contrato a las arcas públicas. Mercamadrid nunca debió firmar un contrato tan desequilibrado, añade, puesto que era muy factible que ganase los pleitos, dado que en las bases de la adjudicación queda claro que se cede el derecho de uso de suelo “a riesgo de ventura” de incidencias y exclusivamente para “actividades de restauración”, no para construir un hotel.

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