La Unión Europea investiga ahora a Iberpotash por ayudas del Estado

La Comisión Europea ha anunciado este martes que abrirá una investigación exhaustiva para determinar si Iberpotash, la compañía que explota las minas de potasas del Bages, se benefició de ayudas de Estado que le ofrecieron una ventaja competitiva. El expediente tiene su origen en una denuncia presentada ante la Unión Europea en 2012 y se añade a las que ya tiene abiertas por un supuesto incumplimiento de la directiva del marco del agua y de la gestión de recursos mineros.

Ahora la investigación de la Ejecutivo comunitario se centrará en dos hechos concretos. Si la Generalitat –a pesar de que la denuncia se canaliza a través del Gobierno español—puso una fianza excesivamente baja a la compañía teniendo en cuenta la directiva sobre recursos de las industrias extractivas de la UE y si la Administración autonómica asumió el coste del recubrimiento físico de una de las escombreras donde Iberpotash aboca el material de rechazo de las suya actividad bajo tierra.

En el primer caso, los expertos comunitarios tendrán que aclarar si la garantía financiera de dos millones de euros era demasiada baja. En el segundo, si la Administración autonómica pagó en “su totalidad” los 7,9 millones de euros que costó recubrir la montaña de sal por paliar la contaminación del subsuelo. “De confirmarse esto supondría una infracción del principio de quien contamina, paga, puesto que habría sido una autoridad pública la que estaría corriendo con los gastos de limpieza en lugar de la empresa responsable de la contaminación”, señala un comunicado de prensa de la Comisión Europea.

La competencia de Iberpotash denunció ante la Comisión Nacional de Competencia y ante la Unión Europea un caso de dumping ambiental, argumentando que la filial española del grupo israelí ICL se beneficiaba de recursos públicos para hacer competitiva su actividad. En estos dos casos esgrimidos, la Unió Europa ha encontrado que pueden haber indicios de estas ayudas, pero ha descartado otras, como la inversión realizada por la Agencia Catalana del agua para reducir el impacto de la contaminación salino al río Llobregat.

El procedimiento que se abre ahora será largo, puesto que se continuará pidiendo información a la Generalitat. Si no se acaba archivando el caso, España y la Generalitat podrían enfrentarse a una multa millonaria.