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La edil que acusó de malos tratos a la policía de Terrassa mantiene su tesis

Maria Sirvent asegura en el acto de conciliación que sigue pensando lo mismo que dijo en el pleno municipal contra los agentes de Terrassa

La concejal de la Cup de Terrassa, Maria Sirvent, ha mantenido esta mañana en el juzgado de la cocapital del Vallès que la policía local de su ciudad ha protagonizado episodios de torturas y maltratos. Sirvent, denunciada por 15 agentes de la policía local por enumerar los abusos de los agentes en un pleno municipal, ha acudido al acto de conciliación judicial y no ha modificado ni una coma de aquellas acusaciones.

Sirvent, en julio de 2015, criticó las actuaciones del Grupo de Intervención Especial (GIE) de la policía local en el pleno del Consistorio argumentando que sus integrantes no tienen como objetivo “la seguridad de las personas, sino la represión y la carencia de diálogo, patrullando por las afueras de la ciudad persiguiendo a personas por su estética”. Además, la concejal enumeró los casos polémicos protagonizados por la policía local entre los que se encontraban el conocido caso de Jonathan Carrillo, un joven que falleció tras una intervención policial.

Un total de quince agentes de la policía local se sintieron ofendidos por las palabras de la representante de la izquierda anticapitalista y presentaron una denuncia contra ella. Esta mañana Sirvent ha sido citada para que acudiera al proceso de conciliación. Un acto previo a la presentación formal de la querella en el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Terrassa. El acto ha durado apenas unos minutos en los que la denunciada no ha dado su brazo a torcer y ha mantenido todas y cada una de las acusaciones que realizó en el pleno.

Los agentes no han acudido y han dejado el acto judicial en manos de su representante legal, un letrado procedente de Alicante del Sindicato de funcionarios de Policía (SFP). Según los agentes, la retahíla de casos a los que se refería la concejal ya fueron motivo de cusa judicial y en todos quedaron los agentes absueltos, por lo que Sirvent, sostienen los  policías, ha realizado acusaciones de graves delitos que no pueden quedar sin castigo. Todo apunta a que la querella por injurias y calumnias continuará su trámite pasando a un juzgado de instrucción y acabando en un penal. Aunque horas después del acto de conciliación Cristian Péres, portavoz de SFP, ha asegurado que Sirvent y él mantendrán una conversación las próximas semanas para intentar “matizar las palabras”.

Esta mañana unas veinte personas se han presentado en las puertas del juzgado para apoyar a Sirvent. No sólo había miembros de la CUP y plataformas afines sino que también han acudido representantes de ERC y Terrassa en Comú. En la puerta del juzgado el diputado de la izquierda anticapitalista Benet Salellas ha sentenciado: “Es indignante que por participar en el debate democrático Maria Sirvent acabe en los juzgados”. Salellas ha condenado que se criminalice la libertad de expresión y ha querido dejar claro que en la CUP “no vamos a entrar en un debate sobre si policía sí o policía no; nosotros queremos un modelo policial democrático donde no existan los abusos policiales”. El diputado ha ejemplificado los casos de Sabadell o Badalona donde gracias a la formación anticapitalista “eliminamos unidades policiales que no resuelven conflictos”.

Xavi Pellicer, miembro de Alerta Solidaria, ha denunciado “una práctica constante y generalizada de la última década de algunos policías de Terrassa que persiguen la pobreza y la desigualdad”. Por último Mireia Pi, de Solidaridad Antirepresiva de Terrassa, ha denunciado las malas praxis que Sirvent enumeró en el pleno y ha sentenciado: “La querella contra María es una querella contra todos”.

Sirvent ha agradecido a los asistentes el apoyo y ha asegurado que no se arrepiente de nada de lo que dijo.

Horas más tarde, varios agentes de la policía local, encabezados por Cristian Pérez, han agradecido el apoyo que durante estas semanas han recibido de manos de 16 cuerpos policiales locales y ha asegurado que están dispuestos a hablar para intentar delimitar la diferencia entre “la libertad de expresión y el derecho al honor”. Pérez ha admitido que el porcentaje de llegar a un acuerdo con la concejal de la CUP es ínfimo “pero hay que intentarlo”. El agente ha querido destacar que la policía local realiza 29.000 intervenciones anuales y “Sirvent critica cuatro cometidas entre el 2001 y hoy”. El sindicalista se ha mostrado de acuerdo con incorporar cámaras a los uniformes de los agentes “para proteger los derechos de los ciudadanos y de los policías”.