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Dos imputados por corrupción en el Consell Valencià de Cultura

A Ciscar se le investiga por su gestión en el IVAM y Farnós será juzgado en el 'caso Gürtel'

El Consell Valencià de Cultura, el máximo órgano consultivo en materia cultural de la Generalitat valenciana, tiene entre sus 21 miembros a dos personas a las que la justicia atribuye delitos de corrupción. Se trata de Consuelo Ciscar, exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), que ha sido imputada este miércoles por un juzgado de Valencia. Y de Vicente Farnós, exdirector de Castelló Cultura, a quien el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió juicio oral la semana pasada en una de las piezas separadas del caso Gürtel.

El vicepresidente del organismo, Jesús Huguet, afirma que de momento no pueden "hacer nada". La ley que lo regula solo prevé el cese de sus miembros por fallecimiento, renuncia, incapacidad declarada por un juez, condena firme o expiración del mandato, que es de seis años.

Ciscar entró a formar parte del Consell Valencià de Cultura (CVC) en 2012 a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Popular en las Cortes Valencianas. El marido de Ciscar, Rafael Blasco, era entonces portavoz parlamentario del PP en la Cámara autonómica, y está ahora en la cárcel de Picassent por malversar fondos de la cooperación al desarrollo. Farnós accedió al CVC en 2011 postulado también por el PP en la etapa en que Francisco Camps era presidente regional del partido y de la Generalitat.

Vicente Farnós, miembro del CVC que será juzgado por Gürtel.

La entrada de candidatos al organismo suele ser pactada por los partidos, ya que se necesitan mayorías cualificadas en las Cortes. Así ocurrió con Ciscar, que recibió el apoyo del PSPV-PSOE a cambio del apoyo popular a su candidatura. El portavoz socialista Manuel Mata exigió el miércoles su renuncia del CVC tras conocerse la imputación de la exdirectora del IVAM por inflar supuestamente la adquisición de obras de arte, entre otras irregularidades.

El Consell Valencià de Cultura es la "institución consultiva y asesora de la Generalitat valenciana en las materias específicas referentes a la cultura valenciana, con la misión de velar por la defensa y la promoción de los valores lingüísticos y culturales de la Comunidad". Sus dictámenes son preceptivos para la Administración autonómica, por ejemplo, al iniciar expedientes relacionados con el patrimonio cultural. Al frente del CVC se halla desde 1996 el científico Santiago Grisolía.

Farnós fue imputado en el caso Gürtel en 2014. Y el juez De la Mata lo sentó en el banquillo de los acusados el 11 de enero en la pieza sobre los conocidos como contratos a dedo. Adjudicaciones realizadas por más de una decena de consejerías y entidades de la Generalitat valenciana que fueron troceadas, según el magistrado, para que no superasen los 18.000 euros y poder concederlos directamente a Orange Market y otras empresas del grupo de Francisco Correa.

En esta misma pieza serán juzgados tres exconsejeros de la Generalitat valenciana en la etapa de Camps y a otras 24 personas, la mayoría de ellos antiguos cargos de la Administración autonómica, además de los supuestos cabecillas de la red de Correa.

El malestar en el CVC por la presencia de los dos imputados -Farnós tiene en realidad la condición judicial de acusado, puesto que ya se ha abierto juicio oral contra él- está muy extendido. Pero el margen de actuación del organismo es escaso.

La Ley del Consell València de Cultura no prevé mecanismos para remover a sus miembros en casos como estos. Lo más parecido, contemplado en el último punto del artículo 11, señala que perderán la condición de miembros del organismo quien haya sido "condenado, mediante sentencia firme, a pena que conlleve como accesoria la inhabilitación profesional o política".

Para que se llegue a este punto, en la hipótesis de que las tesis de los jueces instructores y de la fiscalía sean aceptados por los tribunales de enjuiciamiento, faltan años. Si existe voluntad de recurrir, las sentencias no son firmes hasta que alcanzan al Tribunal Supremo. La única otra posibilidad sería un cambio en la ley del Consell Valencià de Cultura como el que se estudia en el Parlamento autonómico para el Consell Jurídic Consultiu, del que el expresidente Camps es miembro pese a estar imputado en el caso Fórmula 1.

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