La Generalitat se retira de siete causas judiciales contra activistas sociales

El acuerdo para investir a Puigdemont obliga a la administración a retirarse en procesos como Can Vies o la quema del Starbucks de marzo de 2012

La Generalitat catalana se retirará como acusación en siete procesos judiciales en los que ejercía la acción penal y civil contra 40 acusados de participar en protestas y desórdenes públicos. El cambio de posicionamiento responde a una de las exigencias que reclamó la CUP a Junts pel Sí como condición para investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Pese a la retirada, los procesos seguirán adelante pero con la Fiscalía como única parte acusadora.

La retirada de la Administración catalana de las causas judiciales, tal y como adelantó ayer el diario Ara, es uno de los peajes que pagará JxSí después de conseguir que la Cup posibilitara la investidura del candidato propuesto por el propio Artur Mas.

Con el acuerdo en la mano, la Generalitat retirará la acusación contra la docena de imputados que participaron en la concentración que tuvo lugar en diciembre de 2011 en la Universitat de Girona. Varios asistentes a aquel acto intentaron boicotear la participación de Artur Mas en el acto de celebración del 20 aniversario de la universidad de la provincia gerundense.

El Ejecutivo catalán tampoco ejercerá de acusación en las dos causas que permanecen abiertas por los altercados ocurridos de la huelga general del  29 de marzo de 2012 en protesta por la reforma laboral del Gobierno del PP. Una docena de personas permanecen imputadas en estas causas acusados de quemar contenedores y prender fuego a una cafetería de la cadena Starbucks en la céntrica Ronda Sant Pere de la capital catalana.

La exigencia de la CUP también ha provocado que la Administración autonómica se retire de dos procesos judiciales abiertos por los disturbios que tuvieron lugar durante las manifestaciones de la huelga general de 14 de noviembre de 2012. En estas causas permanecen seis personas imputadas en Girona por asaltar la Cámara de Comercio y dos manifestantes por los altercados provocados en Barcelona. Precisamente fue en esta huelga donde Esther Quintana perdió un ojo tras recibir un pelotazo de goma procedente de una línea de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra.

Las otras dos causas abiertas son por una protesta contra la línea de muy alta tensión (MAT) a su paso por Vildasens (Gironès) en enero de 2014 y las manifestaciones por el desalojo de la casa okupada  Can Vies, en mayo de 2014, donde la Generalitat retirará la acusación contra cuatro acusados. 

El único antecedente de retirada masiva de acusaciones particulares lo protagonizó el pasado mes de junio al Ayuntamiento de Barcelona. Después de que Barcelona en Comú ganará las elecciones, el Consistorio se retiró de 18 causas relacionadas con desordenes públicos aunque mantenía la responsabilidad civil para intentar cobrar las indemnizaciones por los daños provocados. Entonces, el portavoz de CiU en el Ayuntamiento, Joaquim Forn, solicitó al equipo de Colau que siguiera personándose en las causas. Forn acusó al teniente de alcalde y abogado de algunos activistas, Jaume Asens, de entrar en conflicto de intereses y aseguró que existen diferencias entre la acusación de Fiscalía y el Ayuntamiento, ya que existen casos en que la valoración del coste de daños provocados por desórdenes públicos puede variar. A diferencia del Ayuntamiento, el acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP para investir a Puigdemont obliga a la Generalitat a retirarse penal y civilmente de las causas.

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