Un plan de choque social por ejecutar

El nuevo Gobierno catalán acumula una gran lista de asuntos pendientes por resolver con un 20% de catalanes en riesgo de caer en la pobreza

Los departamentos que se encargan de los temas sociales dentro del nuevo Gobierno catalán se han encontrado con una gran lista de asuntos pendientes. No se trata solo del compromiso de cumplir con el plan de choque que permitió el acuerdo entre Junts pel Sí (JxS) y la CUP sino de atender algo tan simple como la realidad: más de un 20% de catalanes que están en riesgo de caer en la pobreza.

Boi Ruiz, por ejemplo, dejó la cartera de Salud con muchos frentes abiertos. El Departamento, especialmente sensible para los actores sociales y con la mayor dotación presupuestaria, fue uno de los más castigados por los recortes que ejecutó el Ejecutivo de Artur Mas. Al nuevo consejero, Toni Comín, le tocará lidiar con las sospechas de privatización que han nublado la gestión de Ruiz.

Bassa y Comín deberán esforzarse para agradar tanto a JxS como a la CUP

Dolors Bassa, la nueva encargada del área de Asuntos Sociales y Trabajo, tendrá, como Comín, que pelear por conseguir el presupuesto suficiente para cumplir las medidas del plan de choque. Organizar un sistema de rentas para intentar reducir las desigualdades es una de sus prioridades. Pero, como su compañero en Salud, tendrá que hacer maniobras para agradar tanto a los miembros de JxS (Convergència y Esquerra, a veces en contradicción) como a la CUP.

De entrada, la forma como se estructuró el Gobierno genera dudas sobre la coordinación de las áreas sociales. En teoría Neus Munté, portavoz y consejera de Presidencia, lidera un área social de la que dependen Enseñanza (en manos de Mertitxell Ruiz) y Sanidad, pero no los Asuntos Sociales, que penden del área económica, que encabeza el vicepresidente Oriol Junqueras. Se desconocen los mecanismos de trabajo interdepartamental o el nivel influencia que Munté o Junqueras puedan tener sobre los temas pues cuentan con cartera propia.

Consorcio sanitario de Lleida. El plan de unificar la sanidad pública de Lleida en un consorcio se vio como una privatización encubierta por los leridanos y toda la oposición. ERC retiró su apoyo en vísperas de las elecciones municipales. El proyecto se paralizó temporalmente a la espera de lograr “consenso”. Comín tendrá que decidir si sigue adelante, como quiere CDC, o descartarlo, como ansía la CUP.

La estructura del ‘Govern’ genera dudas sobre la coordinación entre las áreas sociales

VISC+. El proyecto de venta de datos sanitarios anónimos contó, desde el primer momento, con la oposición de la CUP. El plan sigue adelante, más lento y con menos pretensiones de lo esperado. Sus ideólogos no han dejado claro si, en un futuro, empresas privadas podrán emplear estos datos. El plan de choque prevé repensar la iniciativa.

Listas de espera. El acuerdo con la CUP habla de reducir un 50% las listas de espera en visitas al especialista y pruebas diagnósticas y un 10% para intervenciones. Ruiz ya redujo la espera quirúrgica en 2014, pero la tendencia en pruebas diagnósticas sigue en aumento (un 13% en 2015). La medida, condicionada a la aprobación de los presupuestos, costaría unos 96 millones de euros.

Sólo centros públicos en el SISCAT. Comín ya se ha comprometido a echar de la red de hospitales públicos (SISCAT) a empresas con ánimo de lucro. Esto significa que IDC Quiron Salud, titular del Sagrat Cor, la Clínica del Vallès y el Hospital General de Catalunya, dejaría de dar asistencia pública. Comín no ha explicado bajo qué fórmula romperá esos vínculos.

Alianzas estratégicas. El eufemismo utilizado hasta ahora para transferir servicios entre centros sanitarios, independientemente de su titularidad. Es el caso de la alianza entre hospitales en Girona, que permitió la externalización del servicio de alergología. Estos acuerdos son una línea roja para la CUP. Revertirlos, una promesa del plan de choque.

Concursos en atención primaria. Suspender definitivamente la licitación de la atención primaria es una medida recogida en el plan de choque, pero que ya se estaba ejecutando actualmente. Comín tendrá que ver cómo encaja jurídicamente la gestión del 20% de los centros de atención primaria que no dependen del Instituto Catalán de la Salud ni de ninguna otra empresa pública.

Renta Mínima de Inserción (RMI). JxS y la CUP coinciden en la necesidad de reformar el sistema de rentas, aunque difieren en el mecanismo. El punto de acuerdo recogido en el plan de choque es una recuperación de las condiciones de la RMI anterior a los recortes realizados en la primera legislatura de Mas. Volvería a ser un derecho subjetivo. Los presupuestos deberían dotar el programa con 70 millones de euros más. Bassa espera que a final de la legislatura se pueda implementar una “renta básica de ciudadanía”, que CDC no contempla. También se habla de imponer un salario mínimo de 1.000 euros en Cataluña, una medida que Bassa asegura que “aún no puede explicar cómo se hará”, según aceptó en una entrevista a la Xarxa.

Guarderías. La Generalitat delegó en las diputaciones la financiación de las guarderías. CUP le arrancó el compromiso a JxS de destinar 15 millones dentro de las cuentas para cumplir la demanda insatisfecha o reducir las cuotas de las familias. En Cataluña la cobertura de la educación 0 a 3 años es del 35,9% de los menores. También hay cinco millones que se destinarán para reducir las ratios en los centros ubicados en zonas socialmente desfavorecidas.

Becas comedor. El plan de choque establece una modificación progresiva de los baremos para aumentar la cobertura, teniendo en cuenta los criterios que determinan el umbral de riesgo de pobreza. Aunque no se habla de un número específico y el mandato pasado la partida estaba abierta, las nuevas condiciones aumentarían considerablemente al espectro. En octubre ya se habían entregado más de 68.000 becas comedor, pero un 25% de los niños catalanes (unos 270.000) están en riesgo de pobreza.

Dependencia. La inyección de 50 millones de euros prevista en el plan debe servir para aumentar las plazas de residencia y las llamadas PEV, las ayudas para sufragar una residencia privada mientras se asigna una pública. La Generalitat pone más dinero que el Estado para financiar esta ley, a lo que se suma este año la integración progresiva del Grado I de dependencia, el más leve. Más de 53.000 personas ya tienen este nivel reconocido.

Pobreza energética y vivienda. El reglamento de la ley que surgió tras la Iniciativa Legislativa Popular antidesahucios está aún por desarrollar y el plan de choque dice que se tramitará por vía urgente. Queda por determinar qué departamento intentará cerrar las negociaciones con las empresas suministradoras para que efectivamente se comprometan con “al menos el 50%” del fondo para pagar los recibos de las personas que no pueden hacer frente. De los 10 millones de euros extra para vivienda, ya se ha destinado una parte para reforzar la línea de ayudas urgentes al alquiler de las familias en riesgo de desahucio.