TRIBUNA

Los errores de la formación

En agosto se publicaron dos convocatorias de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) para formar a jóvenes, principalmente desempleados. Por primera vez se hacía en concurrencia competitiva en aplicación de la Ley 30/2015. La primera (40 millones de euros) perseguía mejorar la empleabilidad de los menores de 30 años, desempleados y de baja cualificación. La segunda (60 millones) buscaba mejorar la inserción de menores de 30 previamente inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil.

Es difícil que se cumplan estos envidiables objetivos, como dejó patente la presentación de solicitudes. En la convocatoria de Jóvenes, los alumnos han caído un 40 % en relación a 2014, pese al presupuesto duplicado. En la de Garantía Juvenil, solo se ha solicitado un 38,6% de los fondos.

CC OO y UGT denunciamos fraude de ley en la convocatoria de Jóvenes, donde las ayudas se concentraron en pocos beneficiarios. Algunas redes de consultoras y centros de formación han conseguido la máxima valoración técnica con artificios que, sin ser ilegales, ponen en peligro los fines de la convocatoria.

Es poco probable que estos solicitantes puedan ejecutar los proyectos bien, pero aceptan la penalización económica que les acarree el no desarrollar la formación en las condiciones previstas a cambio de competir con ventaja, dejando fuera proyectos más realistas. Con respecto a la convocatoria de Garantía Juvenil, el Sepe pretende ofrecer una formación con compromisos de contratación del 30% de los participantes. Cinco de los once millones de euros destinados a esta iniciativa en 2015 no fueron ejecutados por el desinterés de las empresas. Por eso no es comprensible que se repita un modelo fracasado y con más fondos.

CC OO votó en contra de la convocatoria por la nula voluntad de negociación del Sepe. Se entregó sin tiempo para leerla con profundidad y no pudimos participar en el órgano que informa los proyectos. No existe una evaluación previa de los resultados de 2014, por la absoluta opacidad del Ministerio de Empleo.

Las solicitudes presentadas son de dudosa calidad: más del 72% obtienen menos de 50 puntos (el máximo es 100). Una obtuvo 21,29 puntos. Por si fuera poco, los aspirantes con mayor puntuación y “propuesta de aprobación” son empresas (Changó Business, SL y Dutracube, SL) que falsearon presuntamente datos de plantilla o de facturación de ejercicios precedentes.

Al conocer estos hechos, CC OO informó a la Fundación Estatal y al Sepe, y la propuesta se paró. Después supimos, por EL PAÍS, que tras las empresas está José Luis Aneri, principal imputado en el fraude de la formación de Madrid.

Si uno de los fines del nuevo modelo es mejorar la eficacia del sistema, tenemos que conseguir una conexión entre los objetivos de las convocatorias y los efectos que producen y sustituir las líneas de subvenciones mal diseñadas por otras eficaces. Una evaluación adecuada permitiría mejorar la gestión de ayudas, corregir las insuficiencias normativas y controlar las conductas fraudulentas. Esto, con la participación activa de las organizaciones que mejor conocen las necesidades de empresas y trabajadores, es esencial para gestionar bien los recursos y haría compatible la importancia de las políticas de formación con una gestión adecuada de los recursos.

Paco Moreno es representante de CC OO en el Patronato Fundación Estatal Formación para el Empleo.

Javier López es secretario de formación de la Confederación Sindical de CC OO.