Retirado el pasaporte a los nuevos detenidos en el ‘caso Castellano’

Pedro Hidalgo, ex director general de Interior con el PP, se niega a declarar ante el juez

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El juez ha retirado el pasaporte y ha prohibido salir de España este viernes a los dos ex altos cargos, uno valenciano y otro catalán, detenidos en el caso Castellano. En la causa se investiga una supuesta trama vinculada a empresas de extinción de incendios en toda España y en ella ya fue arrestado en mayo el entonces delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano.

Los arrestados, uno de ellos Pedro Hidalgo, ex director general de Interior valenciano, han salido con la condición de imputados (ahora técnicamente investigados) por los supuestos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y actividad prohibida a funcionario público. El otro detenido fue alto cargo del cuerpo de bomberos de la Generalitat de Cataluña, ha indicado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Según los indicios que obran en la investigación, ambos habrían facilitado adjudicaciones de medios aéreos contra incendios forestales y habrían recibido obsequios por ello. Algo que también se atribuye a Castellano, que en su larga carrera política fue también consejero, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana y portavoz parlamentario popular.

Castellano ha reivindicado al llegar a declarar a la comisión sobre el accidente de metro que se celebra en las Cortes Valencianas su "total y absoluta inocencia". Y ha afirmado que lo que se ha publicado hasta ahora sobre él es un "auténtico disparate". El exdirigente popular ha declinado hacer más declaraciones sobre el caso argumentando que él es "respetuoso con la ley, con la justicia y con el secretario de sumario".

Hidalgo se ha negado a declarar ante el titular del juzgado de Instrucción número dos de Sagunto (Valencia). El magistrado ordenó el miércoles una amplia operación que incluyó 20 registros en empresas y domicilios en siete comunidades autónomas: Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha.

El despliegue responde a que, según las indagaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que se iniciaron con la declaración del exgerente de Avialsa, Antonio Alandí, las empresas españolas especializadas en la extinción de incendios presuntamente implicadas se habrían puesto de acuerdo para repartirse el mercado de las Administraciones en España.

Para facilitar esas adjudicaciones, además de pactar las ofertas e incluso prestarse ayuda entre ellas, habrían hecho regalos de distinto valor a cargos públicos de distintas Administraciones. Entre ellos, presuntamente, cacerías, un rifle de caza y hasta un todoterreno.

Solo en la Comunidad Valenciana, la empresa Avialsa de Vicente Huerta recibió adjudicaciones por importe de 33 millones de euros. En toda España la suma de los contratos obtenidos por las mercantiles investigadas superaron los 100 millones.

Se indagan también aparentes ramificaciones de la trama a Portugal e Italia. Fuentes cercanas a la investigación dan por seguro que el caso acabará en la Audiencia Nacional debido a su extensión por distintas comunidades españolas, además de al extranjero.

Tras la operación policial desarrollada por el Grupo 24 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la policía ha apurado el tiempo para poner a disposición judicial a los dos ex altos cargos detenidos.

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