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Los Sumarroca tenían un listado de pagos del 3% hechos a “J.P.”

El documento refleja una veintena de adjudicaciones hechas por la Generalitat en el último Gobierno de Jordi Pujol

Jordi Sumarroca, consejero delegado de la constructora Teyco, tenía guardado en su caja fuerte un listado manuscrito de una veintena de adjudicaciones hechas por la Generalitat catalana en el último Gobierno de Jordi Pujol, en 2002 y 2003. El listado incluye el cálculo del 3% de los contratos y anotaciones que indican el pago de este porcentaje a alguien identificado como “J.P.”, iniciales que coinciden con las del expresidente catalán y su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, ambos investigados por corrupción. Así consta en el sumario del caso 3%, que investiga el pago a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de comisiones ilegales por obra pública y del que el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell ha levantado este viernes parcialmente el secreto de sumario. Las consecuencias legales del documento son dudosas dado el tiempo transcurrido, aunque aporta nuevas evidencias de lo incrustrada que ha estado la corrupción en administraciones gobernadas por CDC. Teyco ha remitido un comunicado en el que asegura que el documento “no puede probar ningún pago ya que estos no han existido”. Y añade: “Las interpretaciones que se están haciendo son erróneas y de un claro carácter especulativo”.

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Hoja encontrada en casa de Jordi Sumarroca.

El documento fue hallado por la Guardia Civil en el registro del domicilio de Jordi Sumarroca llevado a cabo el pasado mes de julio y estaba guardado junto a otro folio en el que también se calculaba el 3% de obras adjudicadas por los ayuntamientos de Sant Cugat, Figueres, Lloret de Mar, Torredembarra y Sant Celoni por obras adjudicadas en 2008 y 2009. El hallazgo de esta segunda prueba fue lo que llevó a la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción a dar un nuevo golpe contra la financiación ilegal de Convergència, que llevó a finales de agosto a registrar la sede de Convergècia en Barcelona.

El documento que cita a “J.P.” parece formar parte de una especie de contabilidad que llevaba Sumarroca, de la que esta es la única hoja encontrada, sobre el pago del 3%. Incluye 20 adjudicaciones relacionadas con varias carteras de inversión de la Generalitat, desde la sanidad pública a transportes, pasando por vivienda protegida y servicios sociales, entre otros. El cálculo del 3% sobre las primeras cuatro adjudicaciones consta como si las supuestas comisiones ilegales ya hubieran sido abonadas, por un total de 255.000 euros. Las otras 16, con una inversión total de 5,2 millones de euros y cuyo 3% asciende a 155.000 euros, parece que están pendientes de liquidar. Cada adjudicación tiene un código formado por la letra A y una cifra compuesta por tres números. Este código no coincide con el de ninguna documentación oficial, por lo que podían ser un sistema creado por el propio Sumarroca para llevar el control de las obras ganadas por Teyco y el pago de las comisiones correspondientes.

El papel está encabezado por la expresión “Estado cuentas”, seguida de la fecha 12-3-03 y las iniciales J.P. A continuación, el documento recoge la expresión “descontado” junto a otras iniciales, “P.E.”, la fecha del 12 de enero de 2002, la cantidad de 12.700.000 pesetas y su cálculo en euros, 76.328. A esta cantidad le siguen cuatro adjudicaciones por un total de 4,97 millones de euros. Junto a cada contrato figura el cálculo del 3% exacto del coste de la obra. La suma de todas las supuestas comisiones asciende con el redondeo a 225.000 euros, cifra que está manuscrita con la expresión “cerrado con”.

El documento recoge a continuación otras 16 adjudicaciones bajo el encabezamiento “no contadas” cuya coste total asciende a 5.178.423 euros y el cálculo del 3% a 155.353 euros, cifra que también figura con su cambio en pesetas (25.848.513). Por último, el folio concluye con una anotación que sugiere nuevos pagos: "más todo el extra de Rambla Catalunya".

Los contratos públicos ganados por Teyco están citados con expresiones tan genéricas que en ocasiones es imposible localizar la adjudicación a la se refieren. En tres de ellas, por ejemplo, solo figura “Instituto Catalán de la Salud” y en otras dos “Bienestar Social”. Otras expresiones utilizadas son “Sanidad Tarragona” y el municipio en el que se llevó a cabo la obra.

En otros casos, sin embargo, sí es posible identificar la adjudicación y en ellos se puede comprobar que los importes incluidos en el documento coinciden con la obra concedida por la Generalitat en 2002 o 2003. La nota “Autobuses Tarragona”, que asciende a dos millones de euros en el documento, coincide con el contrato recogido en la memoria de 2003 de Gisa (organismo responsable de la obra pública de la Generalitat) sobre la rehabilitación y otras actuaciones en las “estaciones de autobuses de las comarcas de Tarragona”. En la memoria, el importe de contrato asciende a 1,99 millones de euros y la empresa adjudicataria es Teyco

Otra nota hace referencia a “Bomberos Badalona”. El convenio de la primera fase de este proyecto fue firmado a finales de 2002, aunque las obras finalizaron en 2005. Este contrato asciende a 1,83 millones de euros. Otras obras fácilmente identificables son la rehabilitación del castillo de Llorda (Isona, Lleida) y una promoción de viviendas sociales en Móra d’Ebre Tarragona. Los importes de adjudicación publicados en boletines oficiales u otros documentos coincide casi al detalle con la cifra recogida por Jordi Sumarroca en su contabilidad sobre el pago del 3%.

Los años a los que hace referencia el documento, 2002 y 2003, fueron los dos últimos en los que Jordi Pujol ocupó la presidencia de la Generalitat. En este tiempo, el primer consejero del Gobierno catalán fue el también expresidente catalán, Artur Mas. El consejero de Obras Públicas entonces era Felip Puig, quien también ha ocupado las carteras y de Empresa y Empleo en los gobiernos de Artur Mas. Otras obras adjudicadas en 2002 y 2003 también investigadas judicialmente son las de la Línea 9 del Metro y la Ciudad de la Justicia. El juez instructor del Caso Palau considera que la constructora Ferrovial pagó a Convergència un total de 6,6 millones de euros en comisiones ilegales por estos proyectos.

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