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Flores acusa al Consistorio y niega haber superado el aforo del Madrid Arena

“En 2010 sabían ya que se estaba haciendo mal, acuso a las personas del Ayuntamiento que sabían que se estaba haciendo mal”, ha señalado

El principal acusado por la tragedia del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, ha negado esta mañana en su declaración ante la Audiencia Provincial de Madrid que vendiera entradas o permitiera el acceso a 23.000 personas, tal y como le acusa la Fiscalía y señala el juez instructor. Flores ha reconocido que, como máximo, vendió 12.000 entradas a través de relaciones públicas y de Internet, y ha acusado al Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por Ana Botella (Partido Popular), de la falta de seguridad. Primero, porque el pabellón municipal no tenía licencia de funcionamiento. “En 2010 sabían ya que se estaba haciendo mal, acuso a las personas del Ayuntamiento que sabían que se estaba haciendo mal”, ha añadido.

20.000 euros de alquiler

Miguel Ángel Flores era propietario y presidente de la empresa Diviertt, según ha señalado esta mañana, y como tal, organizador de la fiesta celebrada en el pabellón municipal Madrid Arena entre las once de la noche del 31 de octubre de 2012 y las seis de la mañana del día siguiente. Cinco jóvenes murieron aplastadas en una avalancha en un pasillo del recinto poco después de las tres de madrugada. Flores sólo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado defensor, sin atender al resto de acusaciones (siete particulares y dos populares) o a las defensas del resto de imputados (en total, hay 15 acusados).

Flores, que ya había realizado ocho eventos en el Madrid Arena ese mismo año y le quedan pendientes otros tres, empezó a anunciar la fiesta de Halloween en verano. Meses antes, según el empresario, había reservado el uso del pabellón esa noche a la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos. Flores debía pagar de alquiler “unos 20.000 euros”. El precio, según ha señalado, “dependía del aforo”. Abonó una parte por adelantado, pero dejó “pendiente el 30% o 50%” restante, que nunca se pagó “porque la policía se hizo cargo de todo”. “Con este evento no me han salido las cuentas”, ha explicado Flores después a pregunta de su abogado sobre si obtuvo beneficios. 

¿Cuánta gente asistió a la fiesta?

La principal acusación contra Flores tiene que ver con el presunto exceso de aforo en el evento: el dispositivo de seguridad se preparó, según la Fiscalía, para 7.000 personas, y la capacidad máxima del recinto era de 11.000 personas, pero el juez instructor, Eduardo López-Palop, considera que pudieron asistir hasta 23.000 personas. “El imputado es plenamente consciente de que existe un inmenso sobreaforo, que es responsabilidad de él mismo y de su desmedido afán de beneficios económicos, sacrificando la seguridad”, aseguró el magistrado. Dilucidar cuántas entradas vendió Flores y a cuánta gente permitió acceder al recinto es una de las claves para sostener esa acusación.

Diviertt comercializó entradas tanto de papel, a través de relaciones públicas y puntos de distribución, como por Internet, a través de la empresa Ticketmaster y de su propia plataforma de venta online, Onticket. Además, se vendieron entradas en la puerta del recinto durante la fiesta, y se distribuyeron invitaciones gratuitas.

Flores ha explicado que encargó 17.500 entradas a una imprenta que se fueron vendiendo por tramos. Según la Fiscalía, hubo tres pedidos: el 26 de septiembre, el 27 de septiembre, el 4 de octubre y el 9 de octubre. Había tres tipos de entradas de papel diferentes según el precio: 22 euros y 25 euros. Primero se vendieron las más baratas, y según se fue acercando la fecha del concierto, se vendieron las segundas. En la puerta, el precio era de 40 euros. Además, se comercializaron bonos (que permitían entrar a otro evento posterior) por 60 euros.

Según Flores, antes de empezar a vender las entradas a 25 euros, se liquidaron las de 22 euros, lo que supone, según su testimonio, hacer la cuenta de las que se habían colocado y destruir el resto, aparentemente con un triturador de papel. No ha cifrado cuántas de vendieron a 22 y cuántas a 25 euros, pero sí que las primeras fueron “menos”. En total, ha dicho fueron 5.650 entradas de papel.

Las urnas del pabellón satélite

Sin embargo, en el sistema informático montado para validar las entradas a la puerta del recinto el día del evento, se introdujo el código de barras de las 17.500 entradas impresas. Según Flores, los lectores de códigos de barras “sólo leyeron las entradas vendidas”, porque el resto, supuestamente, habían sido destruidas, no existían ya luego no podían ser leídas. ¿Por qué se metió en el sistema informático el código de barras de todas las entradas en lugar de introducir sólo las que habían sido vendidas? Flores ha insistido en “por esos lectores no pasó ninguna entrada que no hubiera sido vendida”, y ha añadido que es “más eficaz” meter todas en el sistema porque “antes del evento puede haber un 5% aún sin liquidar, o algunas que se hayan perdido”.

Flores ha explicado que se vendieron 1.896 entradas a través de Onticket, su plataforma de Internet; y otras 3.673 entradas a través de Ticketmaster. Según ha dicho, tenía un informe todas las semanas de cómo iban las ventas online. Así, con esos datos y el reporte de las ventas de entradas de papel, siempre según su testimonio, el día antes del evento cortó la venta de entradas al alcanzar las 9.650 vendidas en papel e Internet. Sin embargo, cómo ha señalado la Fiscalía, la cifra de 5.650 de papel y 5.569 por Internet, que también ha facilitado el propio Flores esta mañana, suma en total, 11.219. Muy lejos, en cualquier caso, de los 23.000 asistentes que apuntan el instructor y la Fiscalía.

Tampoco las invitaciones gratuitas podrían cuadrar las cuentas, puesto que, según Flores, sólo se distribuyeron 100 a Madrid Espacios y Congresos (exigidas por contrato, ha dicho) y otras 50 o 100 gestionadas por Diviertt. Y, en la entrada el mismo día del evento, según Flores sólo se vendieron otras 60 entradas. Éstas no tenían el mismo formato, sino que se trataba de hojas salidas de una impresora, según Flores. “En total, calcule que pudieron entrar entre 500 o 1.000 personas más que las 9.650, no, disculpe, 500”, ha dicho a la Fiscalía.

Según Flores, el sistema informático impedía que, una vez que una entrada pasaba por el lector a la entrada del evento, pudiera ser usada de nuevo porque el código de barras quedaba anulado. Para Flores, sólo las entradas que pasaron por el lector fueron vendidas y se corresponden con personas que accedieron a la fiesta, “las que estaban dentro de las urnas no son válidas”. Sí ha reconocido que, “tras pasar la entrada por el lector, se metía en una urna”.

 Esas urnas fueron transportadas al pabellón satélite del Madrid Arena (ocho urnas y 12 cajas, según Flores), pero no fueron halladas hasta días después por la policía. El promotor ha negado que su intención fuera esconderlas (“para eso tenía el furgón de la empresa detrás aparcado”). ¿Por qué habría querido Flores esconder esas urnas? Porque la policía, tras hallarlas, las contó, y les salieron 10.915 entradas de papel. Es decir, más del doble de las que Flores reconoce haber vendido. Si de verdad se vendieron otras 5.600 por Internet, eso solo ya sumaría 16.500 entradas. Flores tiene dos explicaciones: primero ha dicho que, además de las entradas vendidas, en las urnas podía haber “restos y últimas liquidaciones”. Luego ha señalado que las urnas fueron halladas “sin candado”, lo que a su juicio prueba que “fueron manipuladas”. No ha acusado a nadie, pero sí ha señalado a los responsables de Madrid Espacios y Congreso o de la empresa de seguridad que vigilaba el recinto, Seguriber.

 La responsabilidad del Ayuntamiento

Según Flores, sí informó “verbalmente” a Francisco del Amo, responsable de Madrid Espacios y Congresos con el que tenía “una relación cordial” (y que también está siendo juzgado por cinco homicidios por imprudencia grave), de que la venta de entradas “iba bien”. No hubo sin embargo una reunión para tratar la seguridad del evento, “como en otras ocasiones”, en la que participara la Policía Municipal, la Delegación del Gobierno, la empresa municipal y los organizadores. Así, el dispositivo de seguridad se preparó con una previsión de 7.000 asistentes, a partir de las cifras iniciales aportadas por Diviert el 24 de octubre a Madrid Espacios y Congresos. Flores ha recalcado en cualquier caso que él sí informó de que irían 9.000, y en el contrato que firmó figuraba, según dijo, que el aforo máximo era de 11.000 personas.

La Fiscalía ha señalado que, el 29 de octubre, Madrid Espacios y Congresos le pasó una cifra de aforo dividida por plantas. El Madrid Arena está enterrado, de forma que la cota cero, la pista, está por debajo de la cota cinco, la planta media, y ésta por debajo de la cota once, por la que se accede. En la cota cero cabían 3.700 personas; en la cota cinco, 3.920; y en la cota 11, 3.000 personas. Preguntado sobre si las entradas especificaban a qué piso se podía acceder con ella, lo que para la Fiscalía sería “lógico”, ha respondido: “En todos los eventos se calcula por plantas. Después de la tragedia parecen muchas cosas lógicas, pero en 33 eventos que he organizado antes en el Madrid Arena no he sectorizado la venta de entradas por plantas y Madrid Espacios y Congresos no me lo ha pedido. En 2010 sabían ya que se estaba haciendo mal, acuso a las personas del Ayuntamiento que sabían que se estaba haciendo mal”. 

Flores ha reconocido haber organizado “en el mismo espacio” otros aventos “con aforos de 14.000 y 20.000 personas”. Según ha reseñado la Fiscalía, el plan de autoprotección del Madrid Arena limita el aforo a 11.600 personas, y la Policía Municipal fija un máximo de 12.000. Pero, según Flores, el ha montado eventos con “19.569 personas, 13.360, 12.316, y en Año Nuevo iba a ser 19.650”. “Y nunca he tenido una denuncia o un expediente por sobreaforo”, ha añadido. Sí ha aclarado que esas cifras se referían no sólo al Madrid Arena sino también al pabellón satélite, que admite a 1.700 personas. Sumando el pabellón de cristal (6.400 personas) y alguna instalación cercana más, podría alcanzarse esos aforos respetando la legalidad. Algunos promotores han alquilado todas estas instalaciones a la vez para grandes eventos, como la reciente feria de culturismo.

¿Quién vigilaba el Madrid Arena?

Diviertt alquiló el pabellón Madrid Arena para celebrar una fiesta de menos de 5.000 personas, y pagó la tarifa correspondiente. Días antes de firmar el contrato, afirmó que irían entre 4.000 y 6.000 personas. El entonces coordinador de Actos Públicos del Ayuntamiento, Francisco de Paula Sacaluga, en su comunicación a otras áreas municipales y a la Delegación del Gobierno, señaló que el número de asistentes al acto, en base a la información de Diviertt, sería de 7.000; elevó la cifra para contar con cierto margen de seguridad.

El Ayuntamiento estableció que la seguridad “en el interior” del pabellón estáría “a cargo de Kontrol 34 con 75 operativos”, mientras que de la seguridad exterior se ocuparía Seguriber, la empresa encargada de vigilar a diario el recinto. Sin embargo, el organizador de la fiesta, Miguel Ángel Flores, se ha desentendido hoy de esta comunicación municipal, afirmando que no está basada en la información proporcionada por su empresa.

“La vigilancia del evento no es competencia mía sino de la empresa de seguridad”, ha dicho. La Fiscalía le ha recordado que la ley obliga al promotor a disponer de personal de vigilancia, a lo que él ha respondido que el Ayuntamiento le impuso que fuera Seguriber. En realidad, según la Fiscalía, sí podía haber elegido otra, pagando un plus, pero el hecho es que sólo con Seguriber ya se cumplía la obligación legal de tener vigilantes.

Flores se ha esforzado en desvincular de esas tareas de vigilancia al personal seleccionado por Kontrol 34 (según ha dicho, estaban a sueldo de Diviertt). “Contraté para los servicios de producción a mis auxiliares, pero no se pueden confundir con una empresa de seguridad”, ha explicado. En su opinión, esos operarios (de los 75 previstos, fueron a trabajar esa noche 62 o 63) se encargaban de mantener las filas ordenadas en la taquilla, guiar a los artistas a los camerinos, etcétera. Un decreto regional de 2008 establece que la función de los controladores (en realidad, porteros de discoteca) es comprobar que los asistentes tengan entrada y no haya menores, dirigir el flujo de personas dentro del recinto y evitar que se supere el aforo. “En ningún caso pueden asumir o ejercer funciones de servicio de seguridad”, asegura la norma.

Flores se atuvo a esa descripción, pero evitando la tarea de controlar el aforo; el Ayuntamiento, por su parte, dio por hecho que ese personal de Kontrol 34 sería el encargado de vigilar que la gente se distribuyera por plantas según el aforo máximo de cada una.

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