Salud entrega 74 tarjetas sanitarias a personas no empadronadas

La situación administrativa de los beneficiados les restringía el acceso a prestaciones sanitarias públicas

El Departamento de Salud ha entregado en los últimos seis meses 74 tarjetas sanitarias a personas que no cumplían con los requisitos legales para acceder a prestaciones sanitarias públicas. Estos usuarios, todos en riesgo de exclusión social, no estaban empadronados en Cataluña y, según la normativa vigente, no podían recibir asistencia gratuita en la red sanitaria pública. Un acuerdo firmado el pasado marzo entre Salud y la Cruz Roja ha servido para facilitar el acceso a la sanidad pública a estos usuarios que, sólo por su situación administrativa, se quedaban sin cobertura.

La organización humanitaria ha sido la encargada de avalar la situación de vulnerabilidad de los 74 usuarios beneficiados y de certificar, a través de informes sociales, la necesidad de incluirlos dentro de la red sanitaria pública. El mismo Departamento ha reconocido que todos estos usuarios "viven en situación de gran fragilidad y presenta problemas de salud propoios de las condiciones de marginalidad y padecen enfermedades crónicas e infecciosas". La mayoría de las tarjetas se han expedido dentro del área metropolitana de Barcelona.

El acuerdo entre Salud y Cruz Roja surge como respuesta a los casos de exclusión sanitaria que muchos actores sociales, como la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña (Pasucat), venían denunciando desde que el gobierno central de Mariano Rajoy puso en marcha un controvertido Real Decreto que fulminaba la universalidad de la sanidad pública. La norma dejaba a expensas de la situación administrativa y laboral del usuario, la cobertura sanitaria: había que estar empadronado en algún ayuntamiento de España y estar asegurado en la Seguridad Social para tener cobertura pública.

En Cataluña, la Generalitat suavizó las condiciones para acceder a la red sanitaria —exigió un empadronamiento de tres meses en vez del año que exigía el gobierno central— y prometió que todo el mundo tendría la asistencia asegurada. Sin embargo, las entidades sociales denunciaron en reiteradas ocasiones que esta cesión no acababa con la exclusión sanitaria. El Departamento, que siempre trató estas situaciones como "casos puntuales", optó finalmente en 2015 por flexibilizar más los criterios de acceso a la sanidad pública —sólo con estar empadronado se accede a programas de salud pública y, a partir de los tres meses de padrón, a atención primaria y especializada—. 

Para atajar los casos de usuarios con problemas para acceder al empadronamiento, Salud contactó con la Cruz Roja para que, desde sus asambleas locales, detectasen a estos usuarios y, previo informe social, se le concediese la tarjeta sanitaria. "Los casos que detecta Cruz Roja son de gente que tiene problemas para empadronarse, en muchas ocasiones porque no tienen ni la documentación para hacer el trámite", ha explicado el director de Atención al Ciudadano, Joan Lluís Piqué. 

"Se trata de una población muy transeúnte, así que a medida que se van detectando, se van incluyendo", ha indicado Piqué. El director del servicio ha confirmado que se han aceptado todas las peticiones de la Cruz Roja y ha reconocido que, pese a su situación administrativa, todos son usuarios "que tienen una necesidad de asistencia".

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