Cuatro elecciones catalanas en cinco años

CDC y ERC han equilibrado sus fuerzas en el mapa independentista

Ese mantra de que la democracia es votar cada cuatro años ya no sirve en Cataluña. Desde 2010, año en el que el PSC de José Montilla dijo adiós a la Generalitat para entregarle el mando a la CIU de Artur Mas, Cataluña ha celebrado tres elecciones autonómicas. Si no hay un giro de los acontecimientos de aquí a final de semana con la investidura de Artur Mas, se abrirá una nueva convocatoria electoral: cuatro en cinco años, a las que hay que sumar dos municipales, dos generales, unas europeas, y una consulta sin amparo legal a la que se sumaron más de 2 millones de personas. El nacimiento del proceso soberanista ha cuarteado prácticamente todos los partidos, ha fagocitado algunas marcas y ha dado empuje a otras.

2010. Tras ocho años calentando en el banquillo de la oposición, Artur Mas lograba vencer las elecciones con un amplio margen sobre el PSC, que se hundía tras siete años de tripartito. Los nacionalistas obtenían 62 diputados, frente a los 28 de los socialistas. ERC también sufría un severo batacazo por su pacto con los socialistas (de 21 a 10), y de la mano de Joan Laporta nacía una nueva opción secesionista para el Parlament, Solidaritat que con 4 diputados buscaba votos en el caladero antes reservado a ERC. CiU —que no defendía la secesión— ERC y Solidaritat sumaban 1,5 millones de votos. 

Con 62 diputados, Mas fió su Gobierno a una geometría variable que acabó siendo limitada: el PSC le garantizó la investidura, mientras que el PP lo apoyó en la mayoría de leyes y en los Presupuestos. Su gran promesa, un pacto fiscal en la línea del concierto económico vasco, acabó enterrada por el rechazo del Gobierno central y el empuje soberanista: el 11 de septiembre de 2012 Cataluña vivió su primera gran manifestación independentista. Mas, tras un último encuentro con Rajoy para hablar del modelo de financiación que acabó sin acuerdo, convocó elecciones para intentar alcanzar los seis escaños que le faltaban para la mayoría absoluta

2012. Los catalanes volvían a las urnas dos años después con la posibilidad de convocar un referéndum sobre la independencia encima de la mesa. La mayoría de los partidos lo prometía. Incluso el PSC, que ahora rechaza una consulta sobre la secesión, la aceptaba si era pactada con el Estado.

El clima benefició a ERC y perjudicó a Mas. El presidente perdió 12 escaños y puso su mayoría en manos de unos republicanos que recuperaban fuerza, con 21 diputados. Solidaritat desaparecía del mapa, pero aparecía una formación independentista con muchos años de lucha municipal en sus espaldas pero que hasta el momento no había dado el salto a la política autonómica: la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), que entraba con sus tres diputados en el Parlament. En total, las tres opciones sumaron 1,7 millones de votos. 

El referéndum sobre la independencia copó la legislatura. Los tres partidos, con la ayuda de ICV, intentaron primero hacer la votación con el permiso del Estado, que no la aceptó. Luego, sin los ecosocialistas, forzaron una consulta unilateral que no contó con apoyo legal y que ha acabado con Mas y dos de sus consejeras en el juzgado. Tras la consulta, Mas rompió con Unió, avanzó las elecciones para convertirlas en un plebiscito sobre la secesión. 

2015. Tras meses de tensión entre CDC y ERC, el presidente de la Generalitat logró concurrir en una coalición soberanista, Junts pel Sí, que pretendía aglutinar todo el voto independentista. A la izquierda quedaba la CUP, que rechazó integrarse en una lista junto al líder convergente. Junts pel Sí se quedó lejos de la mayoría absoluta: 62 diputados, los mismos que tenía CiU en 2010. La CUP, con 10, permitía alcanzar la mayoría independentista. Entre los dos sumaban 1,9 millones de votos, suficiente para tener más escaños que el resto, pero no para alcanzar la mitad de los apoyos: se quedaron en el 48%

Ambas formaciones no se han puesto de acuerdo en la investidura: los anticapitalistas rechazan a Mas, y Junts pel Sí no cede en un candidato alternativo. La ley fija que si el domingo no hay investidura, transcurridos dos meses después del primer debate, habrá nuevas elecciones. 

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