El Gobierno valenciano se persona en seis causas judiciales por corrupción

La Abogacía de la Generalitat intenta recuperar parte del quebranto económico sufrido en los casos de la fórmula 1, la gestión de los lodos, Nóos o las ayudas a la cooperación

El Gobierno valenciano estará presente como acusación en seis casos de corrupción que han provocado supuestos quebrantos económicos a la Administración valenciana. La Generalitat ya está personada o lo hará en las próximas semanas en los casos sobre el desvío de fondos destinados a la cooperación; los amaños en la gestión de los lodos de la empresa Emarsa, las irregularidades en las subvenciones de los institutos tecnológicos, los contratos de la fórmula 1 con la empresa Valmor y los fondos para liberar personal en los centros de enseñanza concertada. La Abogacía de la Generalitat está personada también como acusación civil en el caso Nóos.

En la actualidad, la Generalitat ya ejerce la acusación particular en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, actualmente en instrucción en el Juzgado 21 de Valencia, que investiga el destino de las subvenciones para cooperación de los años 2009 y 2011 y la gestión del dinero consignado para la reconstrucción de Haití tras el terremoto de 2010.

En la primera pieza del mismo caso, juzgada ya por el Tribunal Superior de Justicia valenciano y que condenó a prisión al exconsejero del PP Rafael Blasco por el desvío de fondos destinados a la cooperación internacional, la Generalitat ha logrado recuperar 260.000 euros. Ahora confía en recuperar 1,8 millones de euros de fondos cuyo destino era Nicaragua y que fueron desviados por una trama de políticos y empresarios.

La Generalitat también es acusación particular en varias piezas del caso Emarsa, que investiga el supuesto saqueo de al menos 23 millones de euros de la empresa pública que gestionaba una de las mayores depuradoras de Europa, la de Pinedo en Valencia.

El juicio de este caso tenía que haber comenzado en noviembre, pero la vista oral quedó suspendida hasta que uno de los principales imputados, el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, detenido en Moldavia, pase a disposición de las autoridades españolas y se pueda completar la instrucción con sus declaraciones.

Respecto a los Institutos Tecnológicos, el abogado de la Generalitat y del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) se ha personado como acusación particular en el posible fraude en subvención y malversación de caudales públicos en el Instituto Tecnológico de la Optica, Color e Imagen (Aido).

El Juzgado de Instrucción número 2 de Paterna (Valencia) mantiene abierta esta causa, en la que fue detenido y posteriormente puesto en libertad provisional su director, Emilio Pérez, y en la que hay trece personas imputadas.

El Ivace, dependiente de la Generalitat, denunció en marzo ante la Fiscalía supuestas irregularidades en la justificación de los gastos de diversas subvenciones públicas otorgadas a Aido, un ente privado nacido en 1989, tras detectar una "minorización" de un millón de euros en las ayudas concedidas al instituto en 2013, una cantidad que no estaba justificada, según fuentes cercanas al caso.

Asimismo, la Generalitat está a la espera del permiso del Ivace para personarse en el caso que afecta al Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico), en el que también se investigan supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos que les fueron otorgados.

En el caso Valmor, donde el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia investiga posibles irregularidades en la compra por parte de la Generalitat de la empresa que gestionó la Fórmula 1 en Valencia, la consejera de Infraestructuras, la socialista María José Salvador, ha autorizado ya la personación de la Generalitat.

Según Salvador, esa actuación puede haber supuesto "un detrimento injustificado a los derechos económicos" de la Hacienda pública valenciana, y se puede desprender que "se han producido perjuicios económicos" para la Generalitat.

El 11 de enero comenzarán los interrogatorios a los imputados en este caso, cuyo origen es una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el expresidente del Consell Francisco Camps, la exconsejera Lola Johnson (ambos del PP) y el expiloto y empresario Jorge Martínez Aspar.

Además, la Generalitat se ha personado ya como acusación particular en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia sobre un posible fraude a las arcas públicas en los pagos realizados a algunos centros concertados para pagar como docentes a diez personas liberadas por las empresas que gestionan estos colegios.

A estos casos hay que añadir el caso Nóos, en el que ya se personó el anterior Gobierno autonómico presidido por el popular Alberto Fabra, aunque en calidad de acusación civil. El juicio comienza el próximo 11 de enero con cinco valencianos sentados en el banquillo de los acusados: el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, y los excargos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) Luis Lobón, Jose Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado.

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y el exconsejero Esteban González Pons figuran entre los testigos que serán llamados a declarar en el juicio del caso Nóos.

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