Transportes financió ilegalmente los autobuses de ocho pueblos
La Cámara de Cuentas aconseja a la Consejería de Hacienda que reclame las cantidades a los municipios por el pago indebido
Ocho municipios de la región financiaron su servicio de autobuses urbanos e interurbanos en 2012 de forma irregular con dinero de la Comunidad de Madrid. Así lo indica un informe de la Cámara de Cuentas, que reclama a la Consejería de Hacienda que recupere los fondos entregados a estos Ayuntamientos o que les descuente las cantidades indebidas de las ayudas públicas que les corresponden por otros conceptos. Además, otros 34 pueblos no han aportado los fondos que les corresponden para mantener este servicio público. La Cámara pide que se adopten las “medidas que legalmente procedan”.
110 líneas para 380.000 habitantes
Pedrezuela. 5.271 habitantes. Una línea urbana y ocho interurbanas que pasan o tienen origen en la localidad.
Torrejón de Ardoz: 126.934. Seis líneas urbanas, nueve interurbanas y una nocturna.
Cercedilla. 6.781. Dos líneas urbanas y tres interurbanas.
Coslada. 86.919. Dos urbanas, 11 interurbanas y una nocturna.
Meco. 13.269. Dos líneas interurbanas.
Morata de Tajuña. 7.453. Una línea urbana y tres interurbanas.
Las Rozas. 93.520. Una línea urbana, 38 interurbanas y dos nocturnas.
San Fernando de Henares. 40.188. Una línea urbana, 16 interurbanas y dos nocturnas.
La Cámara de Cuentas, en su Informe de fiscalización sobre las cuentas del Consorcio Regional de Transportes (CRT) de 2012, ha hallado irregularidades en la financiación del servicio de autobuses interurbanos de ocho Ayuntamientos, además de destapar deudas millonarias en otros tres no satisfechas al Consorcio.
La auditoría pública recuerda que el Consorcio de Transportes (un organismo autónomo de la Comunidad de Madrid) aporta a los municipios dinero para que cubran la diferencia entre el coste real del billete de sus autobuses y lo que pagan los ciudadanos al subirse a ellos. Pero para ello, debe suscribir convenios con cada uno de los Ayuntamientos adheridos al ente y fijar los porcentajes de subvención. Aproximadamente el 50% del déficit de cada línea lo cubre el Consorcio; el resto, el municipio. El tanto por ciento final depende, entre otras cosas, de si los autobuses son de una empresa municipal o de una concesión o de si las líneas son urbanas o interurbanas.
Pero hay ocho Ayuntamientos que “no tienen formalizados convenios para su financiación conjunta con la CRT”, dice el informe de fiscalización, por lo que el Consorcio “está financiando injustificadamente la parte del coste del servicio de transporte urbano que correspondería financiar a estos [ocho] municipios si se hubiera aplicado el mismo criterio que al resto de Ayuntamientos”.
Los municipios a los que hace referencia la Cámara de Cuentas son: Pedrezuela, Torrejón de Ardoz, Cercedilla, Coslada, Meco, Morata de Tajuña, Las Rozas y San Fernando de Henares.
Pero además de estos pueblos, la Cámara ha detectado que había otros 34 Ayuntamientos, más la urbanización Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes), que debían dinero al Consorcio por este servicio. El principal deudor, dice la Cámara, es el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que debía 20 millones de euros, si bien existían otros cinco que debían también entre dos y seis millones de euros.
Los auditores aconsejan que si estos municipios siguieran sin pagar lo adeudado, la Consejería de Hacienda debía “instruir el procedimiento de compensación de transferencias” (restar la deuda a lo que la Comunidad les transfiere cada año) para “compensar los pagos hasta la cancelación” del importe debido.
En cuanto a los pueblos sin convenio, los auditores públicos señalan que, “a la vista de los kilómetros de líneas municipales, se observa que en 2012 la liquidación por kilómetro, de la que se parte para obtener el déficit de explotación, oscila entre los 6,4 millones de Torrejón y los 9,5 de Algete”.
Para determinar el déficit exacto de cada línea, en el caso de los municipios que tienen firmados los convenios, se realiza el cálculo de los costes de explotación y lo que abonan los usuarios en forma de billetes sencillos, abonos de transportes y cancelaciones de bonobús. De la cantidad resultante, los Ayuntamientos pagan el 50%. Pero en el caso de los municipios sin convenio, no hay documentación, por lo que la Cámara de Cuentas insta al Consorcio a que “realice las correspondientes indagaciones en orden a documentar la situación detectada” y cuantificar “los déficits de explotación del servicio de transporte municipal” para “determinar el perjuicio que ha irrogado a los fondos públicos y adoptar las medidas legalmente que procedan”.
La Cámara, que analizó las alegaciones del Consorcio y de los municipios que carecen de cobertura legal para reclamar financiación pública, sostiene que sus conclusiones no se han alterado sustancialmente porque lo alegado son “meras explicaciones que confirman la situación descrita en el informe” o “no justifican con documentación lo afirmado”.
Las dificultades para tres grandes municipios
La Cámara de Cuentas analizó con más detenimiento tres de los grandes deudores del Consorcio de Transportes. El primero fue Alcalá de Henares. Su deuda (20 millones) tenía un plan de pagos, pero el Ayuntamiento nunca liquidó los intereses. Además, cuando comenzó a abonar parte de lo adeudado (que se acumula desde antes de 1999) “no se sabe a qué partida corresponden los ingresos”.
Por su parte, Arganda del Rey acordó un nuevo convenio con el Consorcio, “pero la copia [analizada por la Cámara de Cuentas] no está firmada por el Ayuntamiento”.
Al igual que Alcalá, Arganda del Rey firmó un plan de pagos (debe 5,5 millones), “pero tampoco liquida los intereses sobre esta cantidad”. Además, “los costes recogidos en el convenio para la fijación del déficit no son los reales del servicio, sino una estimación”. Los auditores públicos consideran que los costes reales de los autobuses de Arganda son un 9% superiores a lo que declara el Ayuntamiento; es decir, que el municipio tendría que abonar el mismo tanto por ciento más para reducir el déficit.
El Ayuntamiento de Valdemoro también tiene dificultades para pagar su deuda con el Consorcio (3,7 millones), que viene acumulando desde 2009. El Consorcio le reclamó sin éxito el dinero en 2011, aunque en julio de 2013 le concedió un “fraccionamiento del pago, con el devengo de intereses”. Ese año, la Cámara confirma que la Comunidad comenzó a cobrar.
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