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El portal de transparencia de Cifuentes solo tiene 10 peticiones por sus fallos

La web ha sufrido fallos técnicos y obliga a hacer trámites presenciales a los solicitantes

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Cifuentes, durante la presentación del portal de transparencia en noviembre.

El recién estrenado portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes (PP), apenas ha recibido 12 solicitudes de información de ciudadanos en su primer mes de funcionamiento. Entre el 17 de noviembre y el 13 de diciembre se presentaron 10 peticiones, que han generado 12 expedientes, sobre todo acerca de altos cargos regionales, subvenciones y convenios firmados por la Administración, según datos de la Consejería de Presidencia.

El sistema para pedir información no solo es farragoso y requiere de trámites presenciales en horario laboral; además, la web desde la que se hacen las peticiones ha tenido problemas técnicos y no se ha podido usar durante días.

Madrid dejó de ocupar el último lugar entre las autonomías en materia de transparencia en noviembre, cuando Cifuentes presentó la puesta en marcha de una nueva web desde la que centralizar la información a los ciudadanos. Hasta entonces, Madrid era la única autonomía que aún carecía de un portal de transparencia, y apuraba el límite de la normativa nacional, que marcaba el 10 de diciembre como tope para que autonomías y Ayuntamientos se adaptaran a la Ley de Transparencia.

Recurso ante un Consejo Consultivo que ya no existe

¿Qué puede hacer un ciudadano al que se le deniega información? El Portal de Transparencia contesta a esta pregunta asegurando que puede presentar una reclamación ante el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. El problema es que este órgano —que según el Gobierno regional costaba 2,3 millones de euros anuales— ha sido suprimido. La Asamblea de Madrid votó el pasado 23 de diciembre la ley que lo extingue.

Por tanto, y ante la inexistencia del “órgano independiente encargado de velar por el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la información pública” —así sigue figurando en la web de Transparencia—, las reclamaciones “las asume por defecto el Consejo de la Transparencia nacional”, explica Dolores González, diputada regional de Ciudadanos.

Según González, el PP intentó proponer como árbitro alternativo al Tribunal Administrativo de Contratación Pública. “Sus miembros son propuestos por la Consejería de Economía y nombrados por el Gobierno”, es decir, a dedo, recuerda, por lo que Ciudadanos votó para suprimir el artículo de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que le daba las nuevas competencias. “Queremos cambiar el modo de selección para que los miembros del tribunal de transparencia pasen un concurso objetivo de méritos”, concluye.

La nueva web permite consultar mucha información —contratos, datos de los altos cargos, estadísticas—, pero a la inmensa mayoría ya se podía acceder desde otras páginas de la Comunidad o desde el Boletín Oficial, por lo que su ventaja es que centraliza y, por tanto, simplifica las consultas.

El problema llega cuando los ciudadanos quieren solicitar información que no figura en el portal. Los requisitos para enviar una pregunta dificultan el acceso. El sistema no permite preguntar por correo electrónico. La única posibilidad es mandar un formulario en la web. Y para hacerlo se necesita un DNI electrónico o instalar un certificado digital. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 48% de los ciudadanos tiene el eDNI, pero solo el 15% de ellos lo ha usado alguna vez para relacionarse con la Administración. Además, es necesario instalar un lector de tarjetas en el ordenador para usarlo.

Conseguir un certificado digital tampoco es sencillo, y además no garantiza nada. Primero hay que hacer una “presolicitud” por Internet. Luego, esperar el envío de un correo electrónico de confirmación. Posteriormente hay que ir en persona con el DNI a un registro de la Comunidad de Madrid. Otro correo electrónico valida el trámite. Finalmente, es necesario descargarlo e instalarlo en el ordenador, un proceso que puede entrañar dificultades para un usuario con conocimientos básicos de informática. Incluso siguiendo estos pasos correctamente, el sistema da errores, tal y como ha comprobado EL PAÍS, que durante una semana intentó enviar una petición de información.

La Consejería de Presidencia reconoció entonces que el sistema fallaba, pero asegura que ya se ha solucionado. “La página ha tenido problemas técnicos desde el principio”, afirma Miguel Ongil, diputado regional de Podemos; añade que expertos en derecho a la transparencia y datos abiertos no han podido enviar sus peticiones de información. “No hay razón objetiva para restringir el acceso de esta manera, con un DNI electrónico o un certificado, a información que debería ser pública”, asegura. Su crítica va más allá de los problemas de acceso: “No es un portal de transparencia, es un redireccionador de webs que ya existen”.

Ciudadanos y el PSOE piden una nueva ley

La web tiene el color corporativo del PP, publicita políticas de Cifuentes como el abono transporte para desempleados a 10 euros, e informa del grado de cumplimiento de sus promesas electorales. Pero sin datos objetivos, denuncia Ongil. Como en sanidad: “Apostaremos por una sanidad madrileña pública, universal, gratuita y de la máxima calidad”, reza una de las “actuaciones”.

Tanto Podemos como el PSOE critican que el portal no vaya acompañado de una ley que regule el acceso de los ciudadanos a la información y que obligue a la Administración a dar la respuesta más adecuada. Por ejemplo, dictando el plazo máximo para responder a una solicitud o el tipo de preguntas que no puede negarse a contestar. Por ahora, el portal madrileño se rige por la Ley de Transparencia nacional, que, aún con lagunas, al ciudadano le garantiza por ley una respuesta en un mes, con una serie de excepciones que permiten denegarla.

“Vamos a presentar, en días o semanas, una ley que regule la transparencia en Madrid”, anuncia José Manuel Franco, diputado regional socialista. En su opinión, actualmente “un ciudadano tiene que ser un auténtico especialista para acceder, cuando lo que hay que hacer es fomentar la participación”. Franco lamenta la opacidad del Gobierno: “En lo que va de legislatura, hemos tenido que pedir en 99 ocasiones el amparo de la mesa para que nos dé información solicitada reglamentariamente”, asegura.

Ciudadanos también ha instado al Gobierno a redactar una ley: “La nacional no es suficiente, debemos ser más ambiciosos”, dice la diputada regional Dolores González, que coincide con Franco en una queja muy habitual en la Asamblea: el Gobierno entrega los datos en papel o en PDF, lo que dificulta trabajar con ellos. Una barrera más al ya complicado sistema de identificación del solicitante: “Si lo que se pide es relevante, lo de menos es quién lo pide”, subraya González.