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Barcelona abre el 5% de su inversión a la participación ciudadana

La capital catalana, Badalona, Cerdanyola o Castelldefels abren una nueva tanda de consistorios que consultarán sobre el destino de parte de sus fondos

Lluís Pellicer
Dolors Sabater, a la izquierda, y Ada Colau en un acto de apoyo a los trabajadores en huelga de Movistar.
Dolors Sabater, a la izquierda, y Ada Colau en un acto de apoyo a los trabajadores en huelga de Movistar.Albert Garcia

Los Ayuntamientos gobernados por coaliciones de izquierdas deberán abrir a comienzos del año que viene los procesos para que la ciudadanía participe en los presupuestos municipales si quieren llegar a tiempo. Tras una oleada de municipios catalanes que a comienzos de la década pasada sometieron al debate ciudadano parte de su inversión, esta vez pondrán en marcha esa fórmula consistorios como Barcelona, Badalona, Castelldefels o Cerdanyola del Vallès. Para ello, tienen las experiencias de Figaró-Montmany, Terrassa o Santa Cristina d’Aro. La recesión y los cambios de gobierno hicieron que muchos municipios, sin embargo, dejaran de lado esa práctica. En el caso de Barcelona, los ciudadanos decidirán el destino del 5% de la inversión.

Los presupuestos participativos llegaron a Cataluña comienzos de la década pasada tras la experiencia de Porto Alegre (Brasil). Varias localidades, desde Santa Cristina d’Aro a Terrassa, la pusieron en práctica. Sin embargo, esa oleada se frenó en 2011. Los cambios de gobierno y, sobre todo, la recesión, puso fin a esa experiencia. Ernesto Morales, investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (Igop), señala que de los once procesos vivos en 2007 hoy solo queda uno.

Los nuevos equipos de gobierno de Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès o Castelldefels defendieron abrir la elaboración de los presupuestos a la ciudadanía. Sin embargo, ninguno de ellos llegó a tiempo para este año. La concejal de Participación y Territorio de Barcelona, Gala Pin, estima que se requieren al menos seis meses de preparación. “Tenemos experiencias de participación y buenas prácticas de otros ayuntamientos. Hemos decidido que destinaremos el 5% de la inversión, ahora hemos de determinar el enfoque y el nivel territorial adecuado”, explica.

Lluc Pelàez fue alcalde de Figaró-Montmany (Vallès Oriental), una localidad en la que durante tres mandatos los ciudadanos decidían sobre parte del presupuesto. “Empezamos por crear los consejos de pueblo y aprobamos un reglamento de participación. A partir de ahí, trazamos el plan de actuación de cada mandato, donde ya había las grandes inversiones. Y anualmente, hacíamos los presupuestos”, explica Pelàez. Solo empezar el año, en febrero o marzo, ya se empezaban a abordar las cuentas del año siguiente. Entre el 80% y el 90% de las inversiones previstas procedían de esos procesos, e incluso se llevaban las consultas a las escuelas. “Los chavales primero proponían una feria o un circo, pero cuando se daban cuenta de que las cantidades revertir en todo el mundo hacían otro tipo de propuestas”, explica Pelàez. Algunos debates, recuerda, fueron muy vivos. Como cuando se decidió poner césped artificial en el campo de fútbol, aunque luego no se llegó a materializar el proyecto por falta de fondos.

Mariona Ferrer, profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, explica que no hubo un patrón único en los municipios donde se aplicaban esos presupuestos: había localidades en las que solo se podía decidir el destino de una pequeña partida y otras como Santa Cristina d’Aro, donde los ciudadanos llegaron a ser consultados sobre el destino de hasta el 60% del presupuesto. “Hay que escuchar las propuestas, recogerlas, ver si técnicamente las inversiones son viables y si hay competencias para ejecutarlas. Por ello debe haber coordinación entre Hacienda, Urbanismo y los técnicos de participación”, sostiene.

Una de las cuestiones relevantes es la respuesta ciudadana. La forma de vehicularlo ha sido normalmente a través de las asociaciones, aunque también directamente. “En Porto Alegre llegaron a 30.000 personas. Y aun así, eso suponía el 5% de la población”, advierte Morales.

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La ciudad de mayores dimensiones en las que se han llevado a cabo esos procesos es Terrassa, que en el periodo de entre 2008 y 2011 se ejecutaron cuatro millones mediante ese método. “Funcionó razonablemente bien, aunque la participación siempre es limitada. En el pasado mandato no lo hicimos porque había pocos recursos y había que priorizar, pero es un camino que hay que mantener”, afirma el tercer teniente de alcalde de Terrassa, Alfredo Vega. “Terrassa fue una experiencia ambiciosa, pero llegó como mucho al 5%”, dice Ferrer.

En lo que ninguna localidad catalana entró fue en abrir el capítulo de ingresos a los ciudadanos. “El Partido de los Trabajadores sí actuó sobre ellos cuando modificó el impuesto de la tierra sobre gran parte de la población”, explica Morales. Sin embargo, Pelàez opina que extender el ámbito de decisión hasta allí “es muy complicado”. “Figuras como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no son fácil. Se requeriría mucha información”, asegura.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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