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La Autoridad Fiscal advierte de que la deuda catalana no bajará hasta 2022

El organismo pide un plan hasta 2018 al apreciar un "riesgo muy elevado" de que la Generalitat incumpla el objetivo de déficit el año que viene

El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advirtió ayer del “riesgo muy elevado” de que la Generalitat sobrepase ampliamente el año que viene el objetivo de déficit, del 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB). El organismo estimó que para llegar a esa meta sería necesario un ajuste cercano a 4.000 millones de euros —el 2% del PIB— y recomendó al Ministerio de Hacienda que requiera al Ejecutivo catalán un plan de reequilibrio para corregir ese desfase. La Airef alerta a la Generalitat, además, de los “riesgos muy elevados para la sostenibilidad financiera en el medio plazo” por su nivel de endeudamiento. El organismo no prevé que este monto baje hasta 2022 y se sitúe en magnitudes sostenibles hasta 2045.

La Airef ayer presentó informes para todas las comunidades sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit fijados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CFPP) para 2016 junto a un examen de su nivel de endeudamiento. Además de Cataluña, la autoridad fiscal requirió al Ministerio que active el artículo 19 de la ley de Estabilidad Presupuestaria para Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana. Este precepto implica que el ejecutivo advertido debe adoptar actuaciones adicionales para corregir el desfase presupuestario en el plazo de un mes y abre la puerta a que el ministerio ejecute “medidas correctivas”.

El organismo, que controla el cumplimiento de los objetivos de estabilidad por parte de las administraciones, advierte de que la Generalitat debería afrontar un ajuste equivalente al 2% del PIB —unos 4.000 millones— para reducir el déficit público hasta el 0,3% en 2016. El aumento de los recursos procedentes del sistema de financiación y de la liquidación del ejercicio 2014 podrían cubrir 0,9 puntos de ese ajuste, aunque la Airef contempla que la Generalitat incumplirá en 2016 la “regla de gasto”.

“Habas contadas”

El consejero de Economía en funciones de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, aseguró ayer que todavía no había tenido oportunidad de leer el análisis de la Airef. Aun así, resumió: “Son habas contadas”. El titular de Economía sostuvo que “si no hay un replanteamiento sobre los ingresos, el 0,3% que se pide a las comunidades autónomas solo es posible con un recorte de gastos que todo el Gobierno y yo mismo consideramos fuera de lugar”. Mas-Colell pidió al ejecutivo que salga de las urnas el 20-D que “revise” los ingresos de las autonomías y auguró que, en caso de no hacerlo, el incumplimiento de los objetivos “asignados de forma asimétrica y poco razonable” por el Estado será “general”.

El organismo también hace un análisis del endeudamiento de la Generalitat, que en el segundo trimestre se situó en 67.885 millones de euros, el 33,9% del PIB, según el Banco de España. La Airef aprecia “riesgos muy elevados para la sostenibilidad financiera en el medio plazo” por el elevado nivel de endeudamiento de partida, la “dinámica no decreciente” de la deuda y los riesgos de liquidez a corto plazo sin mecanismos de financiación del Estado. “Las necesidades de liquidez (especialmente la carga de la intereses) son altas, con una dependencia casi absoluta de los mecanismos de financiación del Estado”, señala el informe.

La autoridad fiscal tampoco descarta la aparición de “retroalimentadores” de esa espiral de deuda a causa de la calificación “unánime” de bono basura que la deuda catalana ha recibido de las agencias de calificación de riesgos y por “la elevada incertidumbre del contexto político”. El organismo prevé que el volumen de deuda llegue a sus máximos este año, pero no contempla su reducción “moderada” hasta 2022 y aplaza a 2045 la consecución del objetivo del 13%.

La Airef acompaña el informe con otro sobre la “aplicación de mecanismos de corrección” previstos en la ley de Estabilidad Presupuestaria. En concreto, recomienda que la Generalitat acuerde con Hacienda una “planificación detallada y rigurosa” hasta 2018.