Castigo mínimo a la mafia china de los talleres textiles de Mataró

Wei estaba llamada a ser la gran operación de los Mossos contra la mafia china. Y lo fue, al principio. En 2009, la policía detuvo a más de 70 personas por explotar a trabajadores en otros tantos talleres clandestinos de Mataró (Maresme). Seis años después, el caso ha quedado en nada. El relato de dos testigos protegidos —que detallaron jornadas extenuantes de hasta 16 horas en condiciones infernales— solo ha servido para condenar a tres responsables de talleres a penas mínimas. La justicia les ha impuesto tres años y medio de cárcel, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

WW22 llegó a España en 2006 y trabajó en 14 talleres de Mataró, siempre en condiciones “pésimas”. Además de coser, explicó el testigo protegido, tenía que limpiar el local, donde también dormía. Su recuerdo de aquella época es que “nunca descansaba”. Cobraba unos 400 euros al mes. Denunció la situación porque sentía “rabia” al ver “cómo se trataba” a sus compatriotas. Durante los ocho meses que duró su colaboración con la policía, WW22 sufrió “amenazas y agresiones”, constata la sentencia de la operación Wei, dictada por la Audiencia de Barcelona.

Los jueces dan plena credibilidad tanto a él como al otro testigo protegido, WW11. Y concluyen que los tres capataces que han sido condenados —Youli Wang, 29 años; Long Zhao, 37; Siliang Xia, 57— explotaron a trabajadores chinos en situación irregular. Los sometían a un “estricto control” y les obligaban a “cumplir los encargos de ropa a los que se habían comprometido”.

Los operarios no disfrutaban de descanso semanal ni de vacaciones y cosían en pisos y locales comerciales de Mataró “sin las condiciones mínimas de seguridad y salud”. Pese a que en algunos de los locales se hallaron hasta 24 máquinas de coser, los acusados negaron cualquier vínculo con el negocio. Long Zhao llegó a decir que solo trabajaba como chófer de un “español” que era el verdadero jefe del taller.

La sentencia condena a tres de los seis acusados y solo por explotación laboral, uno de los tres delitos —junto a la asociación ilícita y la falsedad— que les atribuía la Fiscalía. La causa judicial, de hecho, ha ido adelgazando desde 2009. Los Mossos impulsaron una “ambiciosa e importante investigación, apoyada en datos objetivos”, aplaude la sentencia. La policía pretendía ir mucho más allá de los responsables de los talleres. Apuntó también a los dueños de las gestorías (que, presuntamente, proporcionaban a los locales “un flujo de inmigrantes ilegales”), así como a “una organización dedicada al tráfico ilegal de seres humanos”. Mafia china en estado puro.

Fallos en la investigación

Nada de eso, sin embargo, se ha podido probar. La investigación “pierde fuerza”, señala la sentencia, “desde el momento en que tan solo se cuenta con la declaración de dos testigos que han trabajado en algunos talleres, no en todos”. En 2013, la causa se archivó —a petición del propio fiscal— para la gran mayoría de los imputados por falta de pruebas. Cuando los Mossos irrumpieron en los talleres de Mataró, la “gran mayoría” de operarios contestaba que “no trabajaba allí”. Y a los que lo hacían, “tampoco se les recibió declaración”. Los jueces reprochan a los Mossos que rellenaran “un cuestionario estereotipado” y no profundizaran en esos testimonios.

Las supuestas irregularidades en las gestorías —sobre empadronamientos o regularización de trabajadores— tampoco fueron “debidamente investigadas”, advierte la Audiencia de Barcelona. De ahí que no se haya podido condenar a sus responsables. Otros acusados de Wei que sí fueron llevados a juicio no se presentaron en la sala de vistas.