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El gobierno de Carmena se divide por la demolición de un edificio histórico

El Ayuntamiento aprueba con el voto en contra de seis concejales de Ahora Madrid el plan para reconvertir un antiguo cuartel en urbanización de lujo

Interior de la antigua sede del Taller de precisión de artillería, en Chamberí.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta mañana el plan urbanístico que permite demoler el edificio del siglo XIX que sirvió como sede del Taller de Precisión de Artillería, en el distrito de Chamberí, para construir una urbanización. El pleno ha sacado adelante esta iniciativa con el voto a favor de la mayoría de los concejales de Ahora Madrid (seis de los 20 ediles han votado en contra), y el Partido Popular y Ciudadanos en pleno. En contra ha votado el Partido Socialista. El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo (Ahora Madrid), ha asegurado que aprovechará “el trámite del convenio de gestión que tiene que firmarse” después de la aprobación del plan urbanístico “para incorporar al proyecto el conjunto de reivindicaciones de los vecinos y colectivos”.

Votaron en contra Carlos Sánchez Mato (edil de Hacienda), Mauricio Valiente (tercer teniente de alcalde) y Yolanda Rodríguez, que provienen de Izquierda Unida; y Pablo Carmona, Rommy Arce y Montserrat Galcerán, de Ganemos. Junto con Podemos (partido al que pertenece Calvo), conforman Ahora Madrid. A favor votó Jorge García Castaño, que también procede de IU, y es el edil del distrito de Chamberí; y la alcaldesa, Manuela Carmena.

Es la segunda ocasión en la que el grupo de Ahora Madrid no vota en bloque, tras una moción sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela de la que se desmarcaron Mauricio Valiente y Yolanda Rodriguez. La portavoz municipal, Rita Maestre, restó importancia a la brecha en su grupo: “Somos una candidatura ciudadana, no un partido político, en la que rechazamos tajantemente, tanto la alcaldesa como el resto del equipo, esa cosa arcaica que es la disciplina de voto y las multas por votar cosas distintas”. Sobre el plan, justificó así su voto positivo: “Es una operación heredada del PP que tiene como origen el pelotazo urbanístico. No nos gustaba pero somos un gobierno responsable, tenemos que tratar de conciliar los derechos de vecinos y cooperativistas”.

Urbanización con piscina

El edificio ubicado en el número 50 de la calle Raimundo Fernández Villaverde fue construido en 1899 y está rodeado de un jardín de árboles centenarios. Es el segundo inmueble de hormigón armado más antiguo de España (después de la fábrica de harinas La Ceres de Bilbao). Pero no está protegido por su valor histórico-artístico ni por el Ayuntamiento ni por la Comunidad de Madrid.

Pertenecía al Ministerio de Defensa (Partido Popular), que en noviembre de 2014 lo subastó y adjudicó a Domo Gestora por 111,5 millones de euros. La cooperativa prevé levantar 355 viviendas en una urbanización cerrada de hasta ocho plantas de altura con piscina y zonas verdes, y un precio por metro cuadrado de unos 3.300 euros.

Según ha señalado el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, la operación cuenta con el beneplácito de la Comisión Local de Patrimonio Histórico (presidida y controlada por el Gobierno regional). Durante la negociación con la cooperativa, el gobierno municipal consiguió reducir de 1.450 a 990 plazas el aparcamiento previsto en la planta baja (que contará además con tiendas).

En primavera se comenzó la tramitación del plan urbanístico sobre esta parcela de 14.500 metros cuadrados de superficie y 54.225 metros cuadrados de edificabilidad, que ha concluido esta mañana con su aprobación definitiva en un pleno extraordinario. Estaba previsto que se sancionara en el pleno ordinario del miércoles, pero el gobierno municipal decidió aplazar este punto para convocar antes una reunión “explicativa” con los vecinos y asociaciones de defensa del patrimonio, que tuvo lugar ayer.

“Serio riesgo” para los cooperativistas

El concejal ha explicado que el plan se retiró del pleno del miércoles para “recoger las inquietudes legítimas de determinados colectivos y vecinos de Chamberí”. “Tras escuchar a todas las partes, decidimos continuar la tramitación con puntualizaciones: consideramos que la operación no está bien planteada en origen porque no debe convertirse el suelo público en lucrativo residencial; y pensamos que es posible que la cooperativa no midiera adecuadamente el riesgo a la hora de meterse en una operación con estas aristas. Ante esta situación, estamos en la tesitura de encajar unas reivindicaciones justas con los derechos adquiridos por los miembros de la cooperativa y tratar de perjudicar lo menos posible”, ha explicado José Manuel Calvo.

“Si no se aprobara el plan, pondría en serio riesgo” a los cooperativistas, según el concejal, que podrían perder el dinero invertido en la operación. Calvo no ha explicado cómo se solucionará el problema de los vecinos del edificio ubicado en el número 52 de la calle de Raimundo Villaverde que tendrán que ser realojados por la ejecución de este plan urbanístico.

Oposición del Partido Socialista

La concejal socialista Mercedes González ha encabezado la oposición a este proyecto: “Madrid sigue siendo escenario de un inagotable proceso de privatización del patrimonio público. Pero para consumar este proceso se necesita un colaborador necesario: el Ayuntamiento. No entiendo nada, señora alcaldesa: ustedes no han vendido al suelo, no son responsables de la despatrimonialización , pero son socios. Aprueban un plan que podrían haber reconducido y no lo han hecho. Es una decisión política. La cooperativa es tremendamente sensata, se podría haber negociado, las viviendas podrían haber tenido otra ordenación y recuperar espacio para lo público”.

Tanto Ciudadanos, por boca de su concejal Miguel Ángel Redondo, como el Partido Popular, con José Luis Martínez Almeida, han criticado el procedimiento, es decir, la retirada del punto del orden del día del miércoles para su aprobación hoy en un pleno extraordinario. “Es una chapuza”, ha señalado Almeida, una “mascarada” de cara a “las asociaciones que conforman su base electoral”.

“Pese a las divisiones internas que hay en su grupo, usted sabía que había que aprobar este expediente porque cumple con todos los tramites y requerimientos legales. Han tenido cuatro meses para introducir todas las modificaciones que consideraran pertinentes y no lo han hecho. Los plenos extraordinarios no están para resolver sus trifulcas internas. Usted sabe que el convenio de gestión no puede modificar el plan urbanístico, sigue mintiendo a sus bases electorales, es un convenio para gestionar un planeamiento que ya está definido”, ha concluido Almeida.

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