Cintas, delitos e impunidad

La música de la corrupción es callada pero a veces se escapan notas bárbaras de las partituras, detalles criminales en cintas furtivas, por traiciones de gánsteres o gestos heroicos de protagonistas en sobornos consumados o abortados.

El ruido, el tráfico del dinero sucio apenas se ha documentado en sentencias, pero flotan apuntes de actos ilegales —jas (toma), 'pam-pam’ (un puño golpeando la palma) o la procaz “la pasta”— son notas sueltas que se escuchan en cintas de conversaciones de la clandestina historia contemporánea.

La banda sonora de los escándalos es el silencio. Así, sin rastros ni autoinculpaciones han llegado a sustanciarse pocos delitos. En el caso Calvià, de 1992, el barullo son la pasta y el pam-pam, la promesa de pago de 600.000 euros que dos cargos del PP y un comisionista, condenados y encarcelados, hicieron al edil José Miguel Campos para que derribara a su alcalde, del PSOE.

Campos grabó en cintas, en mini casete, el intento de soborno. El juez José Castro, la Audiencia de Palma con Guillem Vidal, Margarita Beltrán y Margarita Ferraté y el Tribunal Supremo dieron validez a la prueba, una grabación sin intervención judicial. Condena pionera por intento de soborno

El PSOE compró el aparato grabador en Eléctrica Matas de Palma y el liquidador del negocio, Jaume Matas, quiso liar el tema. En 1997, con más cartas, cintas y vídeo sobre la cúpula motora, el caso Calvià reapareció en los juzgados, pero se declaró prescrito. No se juzgó a peces gordos del Gobierno balear y del PP.

Un pinchazo pirata al teléfono del magistrado Javier Muñoz, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que investigaba a los aforados, se destapó porque un interlocutor escuchó una conversación. La chapuza delictiva no se aclaró. Muñoz tenía intervenidas 50 cuentas bancarias y las cajas de seguridad del PP. Rastreaba los pagos para acallar a los corruptos de Calvià, en sobres y en efectivo.

El juez Muñoz —retirado y hastiado— registró durante cuatro horas la sede del partido en Palma y, antes, en 1995 el juez Juan López Gayá —que sentó a Gabriel Cañellas en el banquillo por los 300.000 euros del cohecho prescrito del caso Sóller— escrutó libros, registros y depósitos de seguridad del PP.

“Jas (toma) aquí tiene 6.000 euros”. Del ex alcalde de Santa Margalida de UM, Jaume Ribot, al edil del PP Antonio del Olmo en 2006, según la cinta que publicó el periodista Mateu Ferrer en el Diario de Mallorca . Era el primer plazo de un supuesto soborno para una recalificación urbanística. Ante el fiscal, ambos interlocutores no reconocieron su voz en la grabación. Ribot captó a del Olmo, cara a cara, en teoría. El fiscal Ladis Roig archivó el asunto y reprochó la falta de valentía ciudadana de ambos.

Edad de hielo. Abril de 1986, Manacor, despacho del director del Banco de Bilbao, el dueño de la cadena de súper Es Rebost, Tomás Orell, recibe del abogado Gabriel Fuster una petición: tres millones de pesetas (18.000 euros) en cuatro talones con cantidades distintas para cuatro tipos del Ayuntamiento para poder tener la licencia de un nuevo súper. Orell grabó, no pagó y lo denunció. La Audiencia de Palma absolvió al letrado Fuster: no engañó a su cliente y cumplió su cometido profesional. Los teóricos corruptos que tenían que recibir los cheques no fueron procesados. El negocio Orell fue hundido por un banco, otros se lo quedaron y él pudo salvar varias tiendas.