Lo que queda de mi casa

Tras 15 años de batallas judiciales, Rosa Andradas logró que se demoliese una mole de cemento que incumplía la legislación en lo que fue un pinar de San Lorenzo de El Escorial. Pero esta lucha, cuenta, le ha costado amenazas, pintadas, la pérdida de su marido —que murió víctima de un infarto con 50 años—, la salud, una casa inhabitable y su mudanza.

La fiscalía la apoyó por “desbordarse de forma palmaria la legalidad”

Se cumplen casi dos décadas de suplicio. En 1997 Rosa Andradas y su marido vendieron 2.000 metros cuadrados de los 2.400 de su finca con la idea de que levantasen ocho pisos y se respetasen sus pinos piñoneros de 50 años. Pero las excavadoras entraron sin piedad, arramblando con todo. La constructora contaba con la licencia municipal, pero también con los informes desfavorables de la Comunidad y de las normas urbanísticas del municipio. Luis Fernández-Quejo, alcalde del Partido Popular durante 20 años, había dado licencia para edificar 18 viviendas con garajes donde en un principio cabían ocho

Andradas, que fue concejal de Urbanismo con el CDS, denunció al Consistorio por este motivo en 1998. Las obras no se interrumpieron hasta que, en 1999, Íñigo Sáez de Pipaón, director general de Urbanismo de la Comunidad, exigió al regidor que las parara. Por entonces un esqueleto de cemento se alzaba cinco plantas, sin respetar los tres metros de retranque a la entrada de granito o los tres metros a los lados. Según una de las denuncias de la vecina de San Lorenzo, el alcalde le decía: “Rosa, no te preocupes, déjalos que pongan ladrillos, que cuantos más pongan más van a tener que tirar”. La Fiscalía de Madrid se sumó a la causa por “desbordarse de forma palmaria la legalidad”.

En el banquillo se sentaron en 2005 Fernández-Quejo, cuatro concejales de Urbanismo, cinco trabajadores de la constructora y el arquitecto municipal. Este último fue el único condenado: un año de prisión e inhabilitación durante ocho años. “Yo no soy un técnico. Si el informe es favorable, se aprueba”, se defendía en EL PAÍS el entonces regidor.

Mientras, delante del juez, el constructor aseguró que aumentó la edificación “animado por el alcalde”, que le indicó que lo había pactado con la Comunidad.

“Nos da miedo que se nos caiga el techo encima”, dice Rosa Andradas entre sollozos. Porque la demolición de la finca denunciada y colindante con la suya se ha llevado por delante parte de su parcela y su chalé de granito tiembla sin descanso. No hay un sistema que recoja el agua de lluvia de los vecinos.

Fue inhabilitado el arquitecto municipal, pero el alcalde y los ediles salieron libres

Nadie se hace cargo de los tremendos desperfectos ocasionados por la demolición del otro edificio. IC Inmuebles, la inmobiliaria de Ibercaja, y la constructora familiar ESEGÉS, SL no deslindaron ni consolidaron las zonas de jardín, “que están apuntaladas y con riesgo de ruina”, según una sentencia judicial de 2010. Ibercaja asegura que en 2012 se deslindó y demolió “con claridad y dirección técnica por su complejidad” y que ellos corrieron con los gastos. Cuando se enumeran los desperfectos, el banco se muestra abierto a “hablar si hay un perjuicio para la vecina”. ESEGES, por su parte, aparece como empresa en liquidación y con sede en el edificio de San Lorenzo que nunca se habitó.

Ahora gobierna en la localidad el partido independiente Vecinos. El exalcalde Fernández-Quejo acaba de tomar posesión de un escaño como diputado del PP en la Asamblea.