El juez no localiza las empresas que sirvieron para saquear el Palau

El caso Palau se ha convertido, en su tramo final, en una carrera de obstáculos que alejan todavía más el horizonte del juicio. La última de esas trabas tiene que ver con el paradero de las empresas que sirvieron para que Fèlix Millet y Jordi Montull saquearan los fondos del Palau de la Música y, también, para camuflar el pago de comisiones a Convergència (CDC) a cambio de obra pública. El juez instructor no ha podido localizar aún ocho de las once empresas que figuran como responsables civiles subsidiarias en la causa; o sea, que deberían devolver el dinero en caso de que los acusados sean condenados y no lo hagan. La búsqueda puede ser baldía porque la mayoría de esas compañías carecen de actividad, están en liquidación o ya no existen.

Tras seis años, el juez dio por cerrada la instrucción del caso Palau el pasado julio. El magistrado abrió juicio contra los saqueadores confesos del Palau (Millet y Montull) y otras 14 personas, incluido el extesorero de CDC Daniel Osácar. Los acusados responderán, según los casos, del saqueo de la institución (24 millones) y de las presuntas comisiones que Ferrovial pagó a Convergència (6,6 millones) a cambio de la adjudicación de obra pública en el último Gobierno de Jordi Pujol.

A la vista oral también deberán presentarse once empresas que, presuntamente, fueron utilizadas para perpetrar el saqueo de los fondos. La investigación distingue dos grandes grupos. Por un lado, las empresas administradas por las esposas de Millet (Marta Vallès) y Montull (Mercedes Mir) que sirvieron para cobrar dinero del Palau con facturas “inventadas”. Según la confesión del expresidente del Palau y su mano derecha, a través de esas sociedades instrumentales cobraron “incentivos” por los buenos resultados económicos o por la organización del centenario de la institución. El segundo gran bloque son las empresas proveedoras de Convergència (dedicadas al buzoneo y el marketing electoral) que facturaron un millón de euros al Palau por trabajos que no realizaron.

A través del Servicio de Actos de Comunicación (SAC), el juzgado ha intentado notificar su auto de julio a esas once empresas desde hace meses. En ocho de los casos, “con resultado negativo”; o sea, que no las ha encontrado. El juez ha pedido que se “consulten los datos” sobre esas empresas que obren en los registros para saber qué ha ocurrido con ellas.

 Firmas desaparecidas

Un repaso a bases de datos y fuentes de la investigación permite reconstruir el destino dispar de esas firmas, que no obstante tienen puntos en común: de una u otra forma, han desaparecido del mapa. Curiosamente, el juzgado sí ha localizado a las dos empresas instrumentales de Millet (Bonoima y Ayren), pero no a las tres de Montull. De Aurea Rusula —dedicada a “ensayos y análisis técnicos” y que fue administrada por su mujer— se menciona en los registros un “posible cierre de la hoja registral”; el último documento (2013) cita una “anotación preventiva de declaración de quiebra”. La “constructora” Belfort Baix, que pasó a ser administrada por Montull tras el registro del Palau, consta “sin indicios de actividad”. Y FebreroMarzo SL está “ilocalizable” desde 2011 y “sin empleados”.

Las empresas de buzoneo y marketing electoral (New Letter, Letter Graphic y la matriz de ambas, Mail Rent) se encuentran “en liquidación”. El administrador concursal, de hecho, ya advirtió en un informe de 2012 que las “donaciones” de esas empresas a Convergència provocaron, en parte, su quiebra.

Fuentes de la investigación sostienen que son empresas que “están desaparecidas”. La mayoría “casi no tiene activos” y, los que tienen, “están a disposición del juzgado”.