El fondo que compró 3.000 pisos sociales los ofrece al doble de precio

El fondo de inversión Goldman Sachs, que adquirió hace dos años 2.935 pisos sociales con inquilinos en alquiler al Instituto de la Vivienda (Ivima), los está ofreciendo ya al doble del precio al que los compró: una media de 68.000 euros. “Los venden en Vallecas y Ventilla a 140.000”, denuncian los arrendatarios. Al tiempo, un informe de la Cámara de Cuentas denuncia que el Ivima no atendió las alegaciones y quejas de los inquilinos porque no los consideró “interesados en el procedimiento [de venta]”, porque sus “derechos e intereses” no se veían “afectados”. Pero la cámara enumera los grandes perjuicios que sufrieron.

Los pisos sociales del Ivima se vendieron al fondo de inversión en agosto de 2013 y, a partir de otoño, los vecinos comenzaron a enterarse de que el dueño de sus hogares, donde residían en régimen de alquiler desde hacía años, era otro. Cuenta Sonia Martínez, la presidenta de la plataforma de afectados, que los administradores de las fincas fueron informados solo un mes antes que ellos y que supieron que su suerte cambiaba por una carta sin membrete.

El informe de la Cámara de Cuentas es tajante al respecto: se incumplió “el deber de informar [de la venta] a los interesados” para que “pudieran presentar [alegaciones] a tales resoluciones como establece la ley”. Por eso, de nada les sirvieron las quejas, reclamaciones o recursos posteriores frente a la operación.

Los arrendatarios pretendían que se les permitiese comprar al precio que se habían vendido los pisos al fondo (68.000 euros). Además, exigían que se les notificase individualmente la venta y que se les concediese un plazo de tiempo para decidir si los adquirían o no, así como para lograr un préstamo. Deseaban, por tanto, hacer uso del derecho de tanteo y retracto. Es decir, el derecho a igualar la oferta de un tercero, como constaba en su contrato. El Ivima alegó que cuando la venta se hace en bloque, como en este caso, se pierde este derecho.

El pliego de la venta tiene “una redacción imprecisa” 

Pero el órgano fiscalizador remarca que en la venta no ha habido “publicidad en forma legal”. Es decir, que la compraventa en dos meses y en pleno verano se hizo de espaldas al vecindario. Ahora, el 70% de los inquilinos tiene derecho a comprar las casas al cumplirse 10 años de habitarlas. Pero el precio se ha disparado desde que adquirió las viviendas el fondo de inversión. Goldman Sachs las está ofreciendo a 140.000 euros. “Quien puede, compra, porque ha invertido mucho dinero en el piso [en los años que lo ha habitado]”, relata Sonia Martínez.

De los 32 bloques que adquirió el fondo, ya se pueden comprar casas en tres situados en la Ventilla y Vallecas.

Pero las viviendas no sólo se están vendiendo más caras, sino que también son mayores las tributaciones a las que deben hacer frente ahora los inquilinos. Porque ya no se gravan con el IVA reducido (4%), sino con el 6% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, al tratarse de segundas transmisiones.

Los vecinos han perdido, asimismo, la oportunidad de renovar automáticamente sus reducciones de alquiler (de hasta el 95%) si cumplen determinadas condiciones. Goldman Sachs es quien decide si se mantienen o no estas condiciones.

Al no ser ya casas del Ivima, si una familia crece, tampoco va a poder beneficiarse de las reducciones a familias numerosas. Y, además, ahora se exige a los vecinos que paguen el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de los últimos cinco años. Hasta ahora, y aunque estaba en su contrato, la agencia pública de la vivienda no incluía la tasa en la factura porque el 30% del vecindario está en riesgo de exclusión social.

La empresa no tenía el capital necesario.

Por todas estas razones, la Cámara de Cuentas concluye que las casas “han dejado de cumplir su función” social. De los 2.935 pisos, 524 ya no tienen un contrato del Ivima, sino directamente con Encasa Cibeles, la inmobiliaria de Goldman Sachs.

La lista de irregularidades es larga. El pliego de la venta tiene “una redacción imprecisa” y la empresa no tenía el capital necesario. No se informó, como es preceptivo, al Consejo de Administración del Ivima. Encarnación Moya, del PSOE, denunció en la comisión parlamentaria del pasado viernes que se actuó así para sortear a la oposición. Tampoco aparecen en el expediente de enajenación los supuestos estudios técnicos que sustentaban las ventajas de la venta.

Al contrario, vender en bloque los 32 inmuebles limitó el concurso a unas pocas compañías cuando, según la Cámara, con enajenaciones parciales [venta a inquilinos o pequeñas inmobiliarias] podrían haberse “incrementado sustancialmente los ingresos de la Administración”.