Despliegue policial en el puerto de Barcelona contra el ‘Top Manta’
Mossos, Policía Portuaria y urbanos eliminan la venta ilegal y mantienen dispositivos "indefinidamente" para que no regrese
La Guardia Urbana de Barcelona, los Mossos d’Esquadra y la Policía Portuaria han llevado a cabo, esta mañana, una operación conjunta contra la venta ambulante en la zona del puerto de Barcelona. La autoridad portuaria ha sido la que ha solicitado la intervención después de que decenas de vendedores ilegales se instalaran en la zona de Colón, la plaza del Portal de la Pau, el Moll de la Fusta y el Moll del Dipòsit de la capital catalana. Una intervención que llevaba semanas gestándose con diversas reuniones entre cuerpos y que ha tenido lugar esta mañana antes de las siete de la mañana. Efectivos de los tres cuerpos, algunos de ellos como los agentes de la Brigada Móvil de los Mossos trasladados desde regiones policiales como la de Lleida, han ocupado el espacio que ocupan los vendedores impidiendo que estos iniciaran la actividad. Acto seguido ha sido el turno de los equipos de limpieza que han regado la zona y arrancado las tiras de esparadrapo con la que los manteros habían parcelado la zona. A diferencia del resto de días, esta mañana no había ningún mantero reservando espacios o dispuesto a colocar la manta a primera hora de la mañana. Los agentes no han practicado ninguna detención ni se ha requisado prenda o objeto alguno. Los propios responsables de la operación hablaban esta mañana abiertamente de “chivatazo”. Los agentes se mantendrán en el lugar de forma indefinida para evitar que se vuelvan a concentrar decenas de manteros.
El sindicato mantero anuncia movilizaciones
El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, que se autodenomina interlocutor de vendedores ambulantes ilegales, han asegurado esta tarde en un comunicado que se ha pedido a todos los manteros no acudir a la zona portuaria después de la ocupación policial para “evitar cualquier confrontación o conflicto que sirva de pretexto para seguir llamándonos salvajes o violentos , no caeremos en ninguna provocación policial”.
El sindicato mantero ha condenado que desde algunos medios se les asocia con “delincuencia, violencia, suciedad y conflicto”. Critican actitudes racistas e “intereses políticos, policiales y electorales” sin que exista un intento de buscar “diálogos para llegar a acuerdos o soluciones verdaderas”.
El colectivo ha querido dejar claro “nuestro trabajo no es un delito, ni genera competencia desleal con los pequeños comerciantes, los que destruyen negocios son las grandes plataformas, marcas y multinacionales”.
El sindicato de manteros ha anunciado que esta semana celebrará una asamblea y se movilizarán para protestar por la actuación policial que les ha apartado de la zona portuaria.
Tras la operación, el comisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Amadeu Recasens, ha querido dejar claro que la operación policial tiene un objetivo claro: “En Barcelona no habrá zonas donde se practique la venta ilegal, si cambian de lugar montaremos otro operativo idéntico”. Recasens asegura los tres cuerpos llevan semanas preparando la intervención y admite que mientras la oposición política criticaba la inacción “ellos hacían declaraciones y nosotros nos dedicábamos a trabajar”. El comisionado de seguridad ha admitido que un posible chivatazo ha evitado realizar incautaciones o detenciones “pero les aseguro que la Guardia Urbana de Barcelona no ha filtrado el operativo a nadie”. Recassens admite que habrá un presencia “sine die” de cuerpos policiales en la zona que “saturarán el espacio” e impedirán que se coloquen los vendedores ilegales. Por último, el comisionado ha lanzado un mensaje al resto de partidos políticos “decir que la Guardia Urbana de Barcelona no está actuando crea un efecto llamada y llena de más vendedores la zona”.
En 2007 el gobierno socialista firmó un convenio bilateral con la autoridad portuaria que permitía la intervención de la Guardia Urbana si se incumplía la normativa municipal. Este convenio se volvió a firmar el año pasado bajo el mandato de Trias y con el documento en la mano la oposición critica la inactividad de la Guardia Urbana de Barcelona en los últimos meses. El gobierno de la ciudad confirma que, en virtud de ese acuerdo, la policía municipal ha llevado a cabo más de 600 actuaciones en lo que va de año. Pero justifican la inacción en materia de venta ilegal alegando que era necesaria un actuación en la que estuvieran presente los Mossos d’Esquadra debido a la tipología delictiva con la que se iban a encontrar y critican que no exista un convenio a tres que respaldase esa actuación sin que estuviera debidamente planificada como se ha realizado esta mañana.
El portavoz de Ciutadans en el Ayuntamiento de Barcelona, Paco Sierra, ha categorizado la actuación policial como una nueva “escenificación de la improvisación de BComú”. Sierra ha asegurado que era evidente que ha “habido filtraciones a los vendedores”.
El convergente Joaquim Forn ha pedido explicaciones: “Por qué se ha tardado cinco meses en actuar, no tiene ningún sentido y han creado un efecto llamada con el que tenemos a más de 500 personas vendiendo ilegalmente”. Forn ha asegurado que un operativo policial de estas dimensiones se prepara en “horas y no en semanas”. El convergente ha culpado a la alcaldesa de “ser la responsable de la venta ilegal”.
El socialista Jaume Colboni ha criticado que el equipo de gobierno “ha hecho el problema grande y no se ha definido como solucionar la problemática social”. Colboni ha criticado a BComú de ser “lentos, declarativos y poco eficaces”.
Por último, Alberto Fernández Díaz del PP ha sido contundente: “La actuación policial ha llegado tarde y después de un chivatazo policial”. El popular ha asegurado que hubiera sido necesario “hacerse con todo el material y detener a los ilegales”. Fernández Díez ha concluido “estos desalojos se deben hacer todo el año”.
