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El Campus de la Justicia realizó 72 actos de promoción en todo el mundo

Granados reconoció en su día un gasto de cinco millones de euros para exponer el proyecto

Aguirre y Foster en la presentación del proyecto.
Aguirre y Foster en la presentación del proyecto.

El Campus de la Justicia realizó 72 actos en capitales de todo el mundo —Milán, Nueva York, Londres y Singapur entre ellas— para promocionar su proyecto urbanístico de 14 edificios, que ha costado a las arcas públicas 105 millones de euros y del que solo se ha construido uno que carece de uso. Así figura en un informe de la propia institución al que ha tenido acceso EL PAÍS. Además, se gastó cinco millones en exposiciones en la Fábrica de Tapices y en la Fundación Amberes. Podemos intentó el martes, sin éxito, recabar más datos sobre este asunto en la comisión de endeudamiento del Parlamento regional.

Según la memoria de gestión del Campus de la Justicia, sus responsables acudieron tres veces al salón inmobiliario Meeting Point de Barcelona, tres veces a Munich, dos veces a Milán, a Cannes o a Buenos Aires, entre otras ciudades. En sus presentaciones proyectaban un vídeo por el que habían pagado 900.000 euros. Como se encargó de recordar esta semana la socialista Mercedes Gallizo, el presupuesto medio de una película española es de 1,2 millones de euros.

Se gastaron cinco millones en exposiciones 

Los jueces: “A la Comunidad le interesa poco la justicia”

Dos asociaciones profesionales, Jueces para la Democracia y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Victoria, firmaron ayer un comunicado muy crítico con la Comunidad de Madrid y reclamaron que se aproveche la dimisión del ex director general de Justicia, Ricardo Ruiz de la Serna, para hacer una apuesta política firme que desatasque los juzgados. “La falta de inversión en este servicio público provoca que estemos ante una justicia colapsada, con la mitad de los órganos judiciales sobrecargados. Preocupante es la situación de emergencia en los Juzgados de lo Social y de Primera Instancia”, denuncian las dos asociaciones.

Ambos colectivos lamentan que, tras la marcha del alto cargo, la consejería haya fusionado las direcciones generales de Justicia y Seguridad, “demostrando escaso interés en la justicia”. Exigen a una persona “con peso político” que esté “dedicada prioritariamente” a la justicia, tal y como pedía la memoria 2014 de la Audiencia de Madrid.

En 2010, Francisco Granados, entonces consejero de Justicia y hoy en prisión por su relación con la trama Púnica, confirmó en la Asamblea estos gastos, “estrictamente de publicidad”: “Inicio de las obras de urbanización, 63.000 euros; exposición del proyecto campus, 213.000 euros; vallas y soportes, 211.000 euros; patrocinios, 439.000 euros”. Eso suma 926.000 euros. Y reconoció que a ello había que sumar “algo más de cinco millones de euros, pero que no son gastos de publicidad, sino exposiciones”. Cada intervención de Granados terminaba con “aplausos” de la bancada popular, según refleja el diario de sesiones.

La hoy presidenta regional, Cristina Cifuentes, entonces portavoz del PP, salió en defensa de todos esos gastos y protagonizó un rifirrafe con la oposición, que la interrumpió varias veces: “Gran parte de los costes que ha habido en las inauguraciones y demás han sido costeados por las empresas, tal y como se especifica en las condiciones de los pliegos de los concursos a los que se han presentado. Eso ustedes lo saben, lo que pasa es que lo ignoran porque les interesa ignorarlo y les interesa hablar de cosas extrañas”, manifestó.

Acudieron tres veces al salón inmobiliario Meeting Point de Barcelona, tres veces a Munich...

En 2007, año en que se puso la primera piedra en un acto que costó 1,5 millones, la Fundación Carlos Amberes exhibió durante cinco semanas la muestra Iustitia. La Justicia en las Artes, sobre la representación de la justicia en la pintura, la escultura o la numismática. Como ejemplo de arquitectura se expusieron maquetas de los 14 edificios que se iban a levantar. En total, la muestra acogió un centenar de obras procedentes de colecciones públicas y privadas de varios países. Entre ellas, un goya. Además del recorrido, aliñado con audiovisuales, se ofertó un programa educativo para jóvenes y sus familias.

Un año después, en 2008, la Real Fábrica de Tapices programó una exposición, Imágenes de la Justicia, muy parecida a la anterior. A través de más de un centenar de obras, repasaba la evolución del concepto justicia desde la mitología hasta el siglo XXI. Incluía pinturas de Joaquín Sorolla, Julio Romero de Torres o Goya, así como manuscritos inéditos de la Fundación Casa de Alba. Y de nuevo un programa educativo, que según recogía un teletipo de Europa Press fue “desarrollado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y adaptado en nuestro país por la Fundación Arte Viva”.

Los actos más mediáticos contaron con la presencia de Foster y Hadid.

En el mencionado informe de 2009 al que ha tenido acceso EL PAÍS se pone de manifiesto que se celebraron “con mayor o menor repercusión” actos para presentar cada uno de los proyectos arquitectónicos que conformaban el complejo judicial. Los más mediáticos contaron con la presencia de los arquitectos Norman Foster y Zaha Hadid.

El campus instaló una oficina móvil expositiva en la plaza de Castilla, contrató un autobús itinerante y hasta unos grandes almacenes expusieron maquetas de los edificios en su escaparate. Además, gastó 200.000 euros en la inserción de anuncios sobre el concurso “coincidente con la convocatoria de las elecciones”, remarca el informe.

Eduardo Gutiérrez, el portavoz de Podemos en la comisión de endeudamiento, preguntó este martes sin obtener respuesta detalles de estos 72 actos a Enrique Ruiz, el viceconsejero de Justicia. E intentó profundizar de la mano de otro compareciente, Gonzalo Quiroga, apoderado de la Ciudad de la Justicia de 2010 a 2011. Este aseguró que solo aguantó “el chaparrón” y que no recuerda mucho de las cajas llenas de paraguas, gorras y camisetas de promoción arrumbadas dos años después de que el proyecto fracasase. Quiroga rememoró que las empresas adjudicatarias estaban “obligadas por contrato a gastar un 1,5% del presupuesto en publicidad”.

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