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Un tribunal obliga al Ayuntamiento a reabrir el concurso de los chirimbolos

Carmena permitirá a las empresas subsanar errores en un período de alegaciones

Beatriz Guillén
Uno de los chirimbolos con publicidad en la calle de Alcalá.
Uno de los chirimbolos con publicidad en la calle de Alcalá. Santi Burgos

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a reabrir el concurso de los chirimbolos, que declaró desierto hace un mes. El tribunal, dependiente del Gobierno regional, ha estimado el recurso de Clear Channel, una de las dos sociedades que se presentó al concurso, y ha forzado al Ayuntamiento a abrir un período de subsanación de errores en el que las empresas puedan rectificar sus ofertas. El PSOE ha abogado por aprovechar esa revisión para reducir la publicidad en el mobiliario urbano municipal.

La concejal socialista Mercedes González ha instado al gobierno municipal a aprovechar que las empresas tienen ahora que rectificar sus ofertas con el objeto de ajustarse al pliego de condiciones para exigirles además una reducción en el volumen de publicidad que colocarán en el mobiliario urbano.

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El nuevo contrato, elaborado por el anterior gobierno municipal (Partido Popular) pero tramitado por el nuevo ejecutivo que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid), ya preveía un recorte del 10% en la publicidad respecto al anterior, además de elevar al canon que recibirá el Ayuntamiento a cambio de la colocación de este mobiliario urbano.

El nuevo contrato se licitó por 128 millones de euros y un plazo de 12 años. La concesionaria deberá abonar 10.405.600 euros al año al Ayuntamiento. A cambio, se le encomendará el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y explotación publicitaria de 2.014 chirimbolos (también conocidos como mupis). Se trata de 1.450 expositores con carteles en sus dos caras (390 llevarán mapas del transporte público y 244 información del callejero); 190 contenedores de reciclaje de vidrio; 164 columnas informativas; 160 expositores con pantallas digitales de 18 pulgadas (que emitirán al menos 18 horas al día publicidad e información de servicio público); y 50 aseos públicos. Al finalizar el contrato, el Ayuntamiento podrá quedarse con estos 2.014 elementos.

Dos días antes de las urnas

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La anterior alcaldesa, Ana Botella (PP), aprobó la licitación del contrato dos días antes de las elecciones municipales celebradas el pasado 24 de mayo. Como el anterior contrato finalizaba el 28 de julio, fue necesario extenderlo de forma extraordinaria (no estaban previstas nuevas prórrogas) para garantizar así la prestación del servicio.

Ahora el gobierno de Carmena está estudiando la negociación de una nueva prórroga más allá de enero. “Hay una total disposición por parte de la actual concesionaria para alargar el contrato en vigor y no dejar así un vacío hasta la adjudicación definitiva. No podemos saltarnos los plazos administrativos, pero tenemos todavía la opción de pedir una prórroga”, aseguran fuentes municipales.

Solo dos empresas se presentaron al concurso licitado por Botella: JCDecaux (que es precisamente la que gestiona el contrato aún en vigor) y la estadounidense Clear Channel. El Ayuntamiento declaró desierta la licitación porque ninguna de estas dos compañías se ajustó en su totalidad el pliego de condiciones, en concreto en lo que se refiere a la entrega de la documentación requerida.

Clear Channel acudió ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, adscrito a la Consejería regional de Economía (PP), que aceptó su recurso de reposición al considerar que debe existir un período de alegaciones durante el que las empresas puedan hacer rectificaciones a las ofertas que han presentado.

Obligó así al Ayuntamiento a dar a las sociedades un tiempo de subsanación de errores. “Obviamente, las empresas quieren seguir concurriendo, así que vamos a darles un plazo para corregir las irregularidades que cometieron al presentar las ofertas, para subsanar todo en lo que se han equivocado”, explican fuentes municipales, que no especifican la duración de ese período.

Hasta mediados de 2016

El contrato para la renovación y modernización de los casi 2.000 chirimbolos ya envejecidos que pueblan las calles y plazas de la capital tenía que haber entrado en vigor el 1 de octubre.

El margen de plazos era ya de por sí muy ajustado: las empresas tenían hasta el 28 de enero para la fabricación de los nuevos chirimbolos. Ahora, el periodo de rectificación de las empresas y la posterior adjudicación definitiva del concurso retrasará al menos hasta mediados de 2016 la instalación del nuevo contrato.

El Ayuntamiento cambiará de sitio el mobiliario urbano

El Ayuntamiento de Madrid está negociando con las dos aspirantes a la concesión la posibilidad de mover los chirimbolos a lugares más concurridos, donde haya un mayor tránsito de gente y se optimice el impacto de la publicidad. Aunque las localizaciones ya están cerradas en el actual pliego de condiciones, el gobierno municipal espera llegar a un acuerdo con la adjudicataria del concurso para recolocar el mobiliario urbano. “Es ventajoso para la empresa y también para las instituciones que colocamos ahí la publicidad”, explican fuentes municipales.

Una gran parte de la publicidad colocada en los chirimbolos forma parte de campañas del Ayuntamiento, la Comunidad o el Gobierno central, o de la promoción de instituciones culturales públicas, como exposiciones del Museo del Prado o funciones del Teatro Español, por ejemplo.

El Ayuntamiento ha detectado que hay un alto número de soportes publicitarios en lugares por donde no pasa casi nadie. “Es un gasto inútil porque son chirimbolos estériles y abandonados”, aseguran fuentes municipales. Por esa razón, añaden, es necesario una revisión de las ubicaciones: “Han cambiado los planeamientos urbanos, y tenemos que adaptarnos”.

Se atrasará así pues la renovación de los chirimbolos, imperativa también para el nuevo gobierno municipal: “La importante función social de los mupis como elementos de integración, innovación y de servicio, hace necesaria su renovación para que contribuya a la transformación urbanística de la ciudad”, ha señalado fuentes municipales.

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Sobre la firma

Beatriz Guillén
Redactora de EL PAÍS en México. Trabaja en la mesa digital y suele cubrir temas sociales. Antes estaba en la sección de Materia, especializada en temas de Tecnología. Es graduada en Periodismo por la Universidad de Valencia y Máster de Periodismo en EL PAÍS. Vive en Ciudad de México.

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