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Dos testigos del juicio a la red Gürtel confirman las irregularidades

Una de las declarantes y ex alto cargo cumple seis años de prisión por el 'caso Blasco'

Tina Sanjuán, ex alto cargo de la Generalitat condenada en el caso Blasco, declara en el juicio a la trama Gurtel.
Tina Sanjuán, ex alto cargo de la Generalitat condenada en el caso Blasco, declara en el juicio a la trama Gurtel.

Dos testigos han confirmado este jueves la existencia de irregularidades en las adjudicaciones a Orange Market, la filial en Valencia de la trama Gürtel, por parte de la Consejería de Turismo. Lo han hecho en el primer juicio contra los cabecillas de la red, dos exconsejeras y varios funcionarios que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Ana Brusola y Tina Sanjuán ocuparon altos cargos en la Generalitat valenciana en la etapa en que las empresas de Francisco Correa recibieron el encargo de realizar el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en la feria turística Fitur. Brusola integró más tarde el círculo más cercano al expresidente del Consell Francisco Camps. Sanjuán siguió al exconsejero Rafael Blasco por varios departamentos y ambos están ahora recluidos en la cárcel de Picassent por malversar fondos destinados a la cooperación al desarrollo cuando dirigían la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía.

Brusola, que era secretaria general administrativa en la Consejería de Turismo, ha reconocido que es inusual que, como sucedió en la adjudicación de Fitur a Orange Market, la valoración del coste económico de un concurso de un millón de euros represente solo un 15% de la puntuación para elegir al ganador. "La Sindicatura de Cuentas había hecho una recomendación fuerte para que fuera el 50%", ha afirmado.

Orange Market recibió cinco millones de euros por preparar el pabellón valenciano entre 2005 y 2009.

Brusola ha admitido que era extraño que se incluyera en una convocatoria pública un apartado de "mejoras" sin indicar "a priori" sobre qué debían versar las mismas. Y ha indicado que nunca había visto una fórmula matemática como la utilizada para valorar las ofertas económicas. La fórmula incluida en los pliegos publicados por la Generalitat contenía un error y fue hallada en documentos en sedes de la trama.

La ex alto cargo ha señalado que las decisiones de cambiar la base del concurso público, algo que ocurrió coincidiendo con la primera edición que ganó Orange Market, no pudo provenir de los técnicos, sino de la cúpula de la consejería.

Sanjuán, que ha declarado a continuación, ha sido trasladada por la Guardia Civil al tribunal desde el centro penitenciario de Picassent, donde cumple una condena de seis años de cárcel. Antes de empezar a responder ha advertido que debido a su imputación en "otra causa" -las piezas dos y tres del caso Blasco- está tomando medicación, lo que podía afectar a sus respuestas. Ha entrado en la sala acompañada por su abogado.

Su declaración se ha debido a que fue secretaria general administrativa de la Consejería de Territorio. Y este departamento contrató un expositor dentro del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur cuyo pago fue fraccionado en cinco facturas a otras tantas empresas de Correa, por importes que no superaban los 12.000 euros, el límite por debajo del cual podían adjudicarse directamente. Dado que los trabajos los hizo en realidad Orange Market, la fiscal ha preguntado a Sanjuán si le parecía irregular. "Si todo lo hizo una sola empresa, por su importe total se debería haber ido a un concurso público", ha contestado.

Sanjuán ha afirmado que ella no detectó la aparente ilegalidad porque las facturas "no llegaron juntas" y formalmente respondían a objetos diferentes, como "iluminación, tarimas y supervisión". "Autoricé el pago porque las facturas reunían los requisitos".

La ex alto cargo ha afirmado que el trámite para contratar a las empresas de la red de Correa fue iniciado por parte del gabinete del consejero, que en esa época era Blasco. Y que la decisión de participar con un expositor propio en Fitur fue "política".

En el banquillo de los acusados se sientan, además de Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, las exconsejeras Milagrosa Martínez y Angélica Such, así como el antiguo jefe de gabinete Rafael Betoret. La fiscalía solicita penas que alcanzan 11 años de cárcel.

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