El Ayuntamiento de Madrid abre una investigación sobre la trama Púnica

Justo un año después de la detención por presunta corrupción del que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el PP entre 2004 y 2011, Francisco Granados, y solo cinco meses después de que esa formación perdiera la mayoría absoluta y el gobierno municipal en Madrid, el Ayuntamiento de la capital investigará los contratos firmados en los últimos años con el entramado de la Operación Púnica. Lo hará a petición del PSOE y con el respaldo de Ahora Madrid, que se plantean incluso abrir una comisión de investigación política.

El pleno aprobará el próximo miércoles “realizar una investigación interna”, tanto en el Ayuntamiento como en las empresas y organismos municipales, “para determinar qué contratos suscribieron con las sociedades investigadas judicialmente”, y someterlos a “un análisis exhaustivo con el objetivo de comprobar la concurrencia o no de hechos que pudieran ser ilícitos”. Evidentemente, de hallar indicios delictivos se pondrían en conocimiento de los órganos judiciales. Pero, en caso de encontrar el mínimo rastro sospechoso, el PSOE y Ahora Madrid forzarán la constitución de una comisión de investigación política en el pleno municipal.

 Esta investigación no parte de cero. Las dos empresas que aparecen indiciariamente en el centro de la trama de corrupción firmaron contratos con el Ayuntamiento de Madrid en los últimos años, según ha constatado el PSOE.

Las fiestas de La Paloma

Cofely, filial española de la multinacional francesa GDF Suez, se hizo en 2012 con el contrato del mantenimiento de los edificios del organismo Madrid Emprende por un importe de 101.217 euros, a los que se sumaron otros 20.647 por otro inmueble en la calle de Bailén. Ese mismo año obtuvo un contrato de servicios en las instalaciones deportivas de distrito por 101.651 euros. Y, en 2014, asumió el mantenimiento del sistema de control de las instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes en Sanchinarro y Carabanchel por 18.150 euros.

Respecto a Waiter Music, cuyo responsable (José Luis Huerta) también fue detenido, se encargó de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma en 2013 y 2014 (por 55.660 y 58.876 euros, respectivamente). El juez instructor, Eloy Velasco, investiga si la trama se enriqueció con comisiones pagadas por Ayuntamientos a esta empresa, que organizaba festejos en la región.

El magistrado ha solicitado, además, un gran volumen de documentación a 12 Ayuntamientos de toda España, entre ellos el de la capital, ante los “indicios racionales de delitos” en algunos de ellos. En este caso, la Guardia Civil señaló que el empresario Alejandro de Pedro, también imputado, había logrado que algunos Ayuntamientos le pagaran publicidad institucional en diarios digitales, en realidad un pago en especie encubierto por “trabajos de reputación de autoridades y cargos públicos”.

El PP gobernó la capital entre 1991 y 2015. No hay ningún concejal, exconcejal o alto cargo municipal de la capital imputado en la Operación Púnica. El juez sí considera que el anterior Gobierno regional, dirigido por Ignacio González, amañó supuestamente contratos a favor de la trama; y ha imputado a dos exconsejeros (Salvador Victoria y Lucía Figar).