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Vecinos y ecologistas piden mantener la ley que prohíbe más de tres alturas

El debate sobre si es mejor una ciudad extensa en altura nunca se ha cerrado. En juego, las grandes operaciones urbanísticas

Vicente G. Olaya
Esperanza Aguirre felicita a Cristina Cifuentes Sesión de constitución de la X Legislatura de la Asamblea de Madrid
Esperanza Aguirre felicita a Cristina Cifuentes Sesión de constitución de la X Legislatura de la Asamblea de Madridálvaro García

El punto de fricción es qué modelo de ciudad es mejor. De un lado, el PP de Esperanza Aguirre unido a las asociaciones de vecinos y a los ecologistas, y del otro, el Gobierno del PP que encabeza Cristina Cifuentes, el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Los primeros abogan porque se mantenga el articulado de la Ley del Suelo que impide construir más de tres alturas en los terrenos con calificación urbanística sin aprobar, mientras los segundos reclaman que se pueda superar este límite. El debate sobre si es mejor una ciudad extensa en altura nunca se ha cerrado. En juego, las grandes operaciones urbanísticas.

La Plataforma por el Derecho a la Ciudad (formada por ecologistas y asociaciones vecinales, fundamentalmente) rechaza la proposición de ley presentada por Ciudadanos en la Asamblea para derogar la prohibición de construir más de tres alturas en cualquier municipio de la región. La plataforma considera que “incluye una disposición redactada a medida para neutralizar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que han anulado las operaciones urbanísticas más especulativas de la ciudad”. Los jueces, atendiendo a la actual Ley del Suelo, han paralizado varias veces estos desarrollos, lo que pone en peligro operaciones como la del Calderón: se tira el estadio, se recalifica el suelo, se levantan rascacielos y con los beneficios se construye un nuevo campo de fútbol.

 En julio de 2007, el PP aprobó la limitación de alturas de los nuevos edificios que se levantasen en zonas que no tuvieran ya aprobada su calificación urbanística. Es decir, que todos los proyectos que ya contaran con el visto bueno municipal, aunque fuera provisional, quedaban exentos. No así las zonas que se iban a recalificar. Pero, además, la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, incluyó la siguiente excepción: los Ayuntamientos podrían “autorizar” la construcción de “edificios singulares cuando concurriesen circunstancias especiales debidamente apreciadas y motivadas”. Esto hace que existan diferentes interpretaciones sobre si algunos de los grandes desarrollos, la Operación Chamartín, por ejemplo, están afectados o no por la normativa vigente.

La intención de Aguirre, según declaró tras la aprobación de la ley, era “impulsar un modelo de ciudad más humano”, apostando por un concepto de ciudad con desarrollos urbanos menos poblados y con más zonas verdes. Pero las excepciones que la expresidenta incluyó en la norma urbanística para desatascar los grandes desarrollos (Calderón y Chamartín) no estaban del todo claras y los jueces fallaron varias veces en contra de permitir en ellos rascacielos.

Redefinir proyectos

 “A pesar de estos intentos [de incluir excepciones a la normativa de tres alturas], el TSJM ha seguido considerando que el límite es de aplicación en operaciones como Mahou-Calderón y Chamartín [la prolongación de la Castellana]”, argumentan desde la plataforma ecovecinal. E indican que las sentencias del TSJM “deberían considerarse una oportunidad para redefinir estos proyectos” y evitar “propuestas aberrantes del planeamiento de Madrid y su área metropolitana”.

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La plataforma sostiene que la “derogación rápida de este articulado” daría “vía libre a las grandes operaciones especulativas, sin una alternativa”. Y añaden que Ciudadanos introduce una disposición adicional “con la que pretende cambiar de forma retroactiva la manera de interpretar la limitación de las tres alturas, lo que podría ser inconstitucional”, y con la que busca “beneficiar de manera oportunista a promotores inmobiliarios”.

Cifuentes, del mismo partido que Aguirre, necesita del apoyo de Ciudadanos para aprobar normas, presupuestos y seguir gobernando. Cambiará la ley.<NO1>a Plataforma por el Derecho a la Ciudad está formada por asociaciones vecinales, Chamberí se Mueva, 15-M Chamberí, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Club de Debates Urbanos, Ecologistas en Acción de Madrid, El Organillo, Entorno Meaques Retamares/Plataforma Salvemos Campamento, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, GRAMA (Grupo de Acción por el Medio Ambiente), Huerto de Batán y Corredor Ecológico de los arroyos y los retamares del Suroeste de Madrid, Parque Sí en Chamberí, Plataforma Salvemos la Casa de Campo.

 

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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