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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El tesorero

Cunde la idea de que vamos a un largo período de estancamiento. Hay quien piensa que sería hora de hacer un ‘reset’ en el que tanto Mas como Rajoy asumieran su responsabilidad

Josep Ramoneda

Nunca es deseable que los caminos de la justicia y de la política se entrecrucen, porque suele ser indicio de promiscuidad entre poder ejecutivo y poder judicial o entre política y dinero. Y, a menudo, de ambas a la vez. Tanto Cataluña como España viven en la confusión de un final de época, y al desconcierto propio de la situación se suman nuevas irrupciones de la justicia en la escena política.

Estos días se han conocido revelaciones sobre el caso Gürtel que confirman que se trataba de una red de corrupción muy estructurada en torno a las finanzas del PP, desarbolando así el victimista argumento de Rajoy de que “no era una trama del PP, sino una trama contra el PP”. Y se han conocido también nuevos datos sobre la mítica red del 3% de CDC, con nombres de personas y prácticas de extorsión ya conocidos por el caso Palau y por el caso Pujol. Estamos ante redes clientelares, que desmienten el tópico de que la corrupción en España es atribuible a solitarios desalmados, la cuota estadística de delincuentes, que actúan en estricto beneficio propio. No responden a este perfil los casos que nos ocupan. Son, hasta donde se conoce, tramas organizadas en torno a la financiación de los partidos.

Vivimos la explosión retardada de uno de los puntos negros de la democracia española: el dinero de los partidos. No quiso afrontarse al inicio, se creyó en la impunidad por complicidad (si todos hacen igual, no vamos a denunciarnos) y ha acabado estallando, convirtiéndose en una de las fuentes de descrédito del régimen, porque ha sido la base de partida para la construcción de sólidos sistemas clientelares, que han convertido al Estado de las autonomías en una forma posmoderna del eterno caciquismo.

Los dirigentes políticos han contribuido a la irritación ciudadana al negarse a asumir las responsabilidades que por acción o por omisión les correspondían. Y ha aparecido la figura del tesorero, como cabeza de turco. La culpa es de Bárcenas, de Osàcar, de Viloca. Un tesorero no es un cargo cualquiera. Acostumbra a ser una persona de máxima confianza y lealtad del jefe. Y un presidente de un partido es un irresponsable si se desentiende de una cuestión tan sensible como el dinero.

La información judicial ha irrumpido en el embarullado escenario catalán. Primero, fue la semana de la justicia por delegación de un Gobierno del PP incapaz, que ha transferido a los jueces la resolución de la cuestión soberanista que no sabe cómo afrontar. Después, la semana del 3%, donde la justicia ha contado con el acompañamiento del espectáculo policial. Simultáneamente a estas dos pantallas judiciales, hay otras abiertas en el ámbito político. La primera es la pantalla Mas: su reelección se complica día a día. Y produce cierta desazón la actitud mendicante del presidente ante la CUP. La dignidad es un capital político.

La culpa es de Bárcenas, de Osàcar, de Viloca. Un tesorero no es un cargo cualquiera. Acostumbra a ser una persona de máxima confianza y lealtad del jefe
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La segunda es la pantalla Parlamento: donde la candidatura de Carme Forcadell para la presidencia y la filtración de la declaración por la república catalana, que inaugurará la legislatura, lo confirman como epicentro de la hoja de ruta soberanista. Y la tercera, la negociación de una lista unitaria para las elecciones españolas. La pretensión de Francesc Homs de encabezarla choca con Esquerra que sólo está dispuesta a aceptar un número uno independiente. De fondo, la amenaza de tener que repetir las elecciones catalanas, un fiasco difícil de digerir, por una sociedad a la que se han generado grandes expectativas, y, de momento, sólo ve barullo.

Sumando pantallas, cunde la idea de que vamos a un largo período de estancamiento. Y que el 20-D difícilmente abrirá un horizonte que permita desbloquear el conflicto. Ni el independentismo tiene capacidad para imponer su proyecto, ni España para ahogarlo. Por eso hay quien piensa que sería la hora de hacer un reset. Y este debería empezar porque Mariano Rajoy y Artur Mas asumieran sus responsabilidades: expliquen algo de lo que saben. Y dejen de darle la culpa al tesorero, personaje que va camino de convertirse en símbolo de un régimen que en materia de corrupción iguala a Cataluña y a España. No basta con decir que también en este campo la independencia será el bálsamo de Fierabrás. El pasado pesa.

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