Gana el urbanismo del bien común
La construcción de un hotel el paseo de Gràcia con Diagonal tenía un objetivo: lograr una alta rentabilidad privada sin vincución con el interés ciudadano
La operación que diseñó el anterior Gobierno municipal de CiU, con el apoyo del PP, orientada a permitir la construcción de un hotel de lujo al edificio que ocupa el Deutsche Bank, implicaba, ante cualquier otra consideración, un claro desequilibrio volumétrico, una agresión urbanística en un espacio sensible y débil, pero a la vez muy relevante, como es el cruce de Diagonal y paseo de Gràcia. Hace unas semanas recibíamos una buena noticia: el promotor, el grupo de inversión KKH, renunciaba al proyecto de hacer un hotel de casi 100 metros de altura en aquel delicado cruce.
Hagamos memoria, ese proyecto requería de una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) dado que el actual edificio está fuera de ordenación, y la propuesta que había sobre la mesa, evidentemente también. Hace años se decidió que en ese entorno urbano frágil, los edificios de gran altura —tan propios del porciolismo y tan adecuados para promover la especulación al servicio del interés privado— tenían que quedar excluidos. Y ahora más que nunca, cuando hay que proteger de forma activa la trama histórica de la Vila de Gràcia, y se está impulsando un proceso participativo sobre el futuro Plan de Usos del distrito.
Según el PGM, allí tiene cabida una construcción de planta baja más cuatro pisos. El actual edificio tiene una altura de 20 pisos, muy superior, por lo tanto, a la permitida. Si se quería derribar aquel edificio hacía falta que el nuevo se adecuara al que establece el PGM, cosa que no parecía muy atractiva para el promotor. Por eso, el anterior Gobierno municipal propuso una modificación de planeamiento que pactó inicialmente con el Partido Popular. La modificación permitía no sólo legalizar la volumetría actual, sino también dar cobertura jurídica a 9.600 metros cuadrados más de techo, los cuales se trasladaban de dos proyectos que quedaban ligados a la operación del hotel de lujo para justificarlo. Se trataba de transferir dos sobrantes de edificabilidad: por un lado el de Lluïsos de Gràcia, entidad social y cultural del distrito, y por otro, el del antiguo Taller Mas Riera del Eixample, el cual pasaba a manos del Ajuntamiento.
Un resumen orientado a legitimar la operación podría ser: tendremos un nuevo hotel de lujo, donde ya hay unos cuantos, ganaremos un nuevo espacio para hacer algún equipamiento (Taller Mas Riera) y encima ayudaremos una entidad (Lluïsos de Gràcia), que atraviesa por dificultades económicas.
Parece una explicación sencilla, pero esconde, cuando menos, dos elementos preocupantes de imposible justificación en términos de bien común. Por un lado, la operación comporta una aberración urbanística, una forma de hacer ciudad predemocrática y obsoleta, que rompe el consenso político y profesional forjado en los 80 y 90. Por otro lado, la operación tiene un único motor real, la obtención de una alta rentabilidad privada, un negocio inmobiliario redondo, sin ninguna vinculación con el interés ciudadano. Ante esa doble lógica porciolista y especulativa, hay que defender el acuerdo democrático en el entorno de la preservación de los tejidos urbanos del centro de la ciudad, y hay que defender un urbanismo transparente y democrático, sin subordinación a ningún interés privado.
El actual Gobierno no tiene nada contra de los hoteles, ni de las inversiones, bienvenida aquella inversión que pueda aportar una propuesta arquitectónica de calidad a la ciudad
Estos días, estamos debatiendo ampliamente sobre hoteles y pisos turísticos. El nuevo Gobierno municipal sacó adelante una suspensión de licencias de todos los alojamientos turísticos, también conocida como moratoria de hoteles (que no sólo), temporal, cautelar y provisional. ¿Su objetivo es parar o prohibir hoteles? No, evidentemente no. Su objetivo es permitir un debate real sobre la carga turística de nuestros barrios y decidir entre todos, con un plan de regulación, dónde y cómo repartir esta carga turística para preservar la cotidianidad y la vida a las calles. El actual Gobierno no tiene nada contra de los hoteles, ni de las inversiones, bienvenida aquella inversión que pueda aportar una propuesta arquitectónica de calidad a la ciudad, sólo faltaría. Ahora bien, hoteles y propuestas arquitectónicas tienen que cumplir unas reglas del juego iguales para todo el mundo, y sin ninguna opacidad. No hay lugar para el trato de favor. Toda decisión pasa por la defensa del interés público, el de todas y todos, el común.
Es evidente que hay zonas de nuestra ciudad saturadas de hoteles y otras tipologías de alojamientos turísticos, pero este no fue el principal motivo de satisfacción que expresamos al conocer la noticia del Deutsche Bank. La satisfacción fue producida, sobre todo, por el hecho de que el promotor privado había entendido de qué iba el debate, sabía que no contaba con la pleitesía anterior y aceptaba las reglas del juego.
Para la ciudad era un mal negocio hacer una torre a la carta, que suponía una aberración urbanística en el entorno donde se la quería ubicar. Pelotazos que recuerdan demasiado a otros tiempos. Que la ciudad de los prodigios haga bandera del prodigio que supone haber recuperado la democracia real.
Janet Sanz es teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad.
