La Generalitat se aparta de la causa por corrupción contra un alto cargo

La Generalitat se ha apartado de la causa judicial que ella misma impulsó contra el exgerente de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y actual presidente de Infraestructuras, Joan Lluís Quer, por malversar fondos públicos en una adjudicación millonaria, confirmaron a EL PAÍS fuentes judiciales. En un escrito remitido al juez que investiga el caso, el Ejecutivo en funciones comunica que renuncia a comparecer en el proceso abierto contra Quer y otros excargos de la ACA. La decisión ha sido adoptada, según esas fuentes, por los departamentos de Economía y de Territorio y Sostenibilidad, e implica que no podrán reclamar responsabilidades penales.

Los dos breves oficios dirigidos a la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona no menciona ni una sola razón que justifique esa decisión. Solo exponen que “no consideran necesario” comparecer en este momento. La renuncia de la Generalitat, en todo caso, contrasta con la actitud que adoptó frente al escándalo en junio de 2014. El Gobierno catalán decidió entonces “poner en conocimiento” de la Fiscalía las presuntas irregularidades en la adjudicación, por parte de la Agencia Catalana del Agua, de un contrato por 7,6 millones. El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled inició les pesquisas y se querelló contra Quer y la antigua cúpula de la ACA por malversación. Un total de 13 personas están imputadas; entre ellas, el exdirector general Manuel Hernández, que ayer prestó declaración.

La renuncia de la Generalitat a comparecer como acusación particular en la causa —y, por lo tanto, como posible perjudicada por la malversación— ha causado estupor en medios judiciales. Fuentes cercanas al caso recuerdan que, pese a que finalmente dio el paso adelante, el Ejecutivo de Artur Mas tardó mucho en reaccionar ante las anomalías. En junio de 2013, o sea un año antes de llevar el caso a la Fiscalía, la Intervención General —un organismo fiscalizador de la Generalitat— ya advirtió, en un informe, de las numerosas irregularidades en la adjudicación de los estudios sobre la gestión de las cuencas fluviales. La Sindicatura de Cuentas ratificó esas sospechas en un documento posterior.

El contrato bajo sospecha fue licitado por el tripartito de izquierdas. En enero de 2008, la ACA, dirigida entonces por Hernández, adjudicó los trabajos a una UTE cuyo representante y administrador era Quer. Unos años antes (entre 2000 y 2004, bajo el último Gobierno de Jordi Pujol) Quer había ocupado el cargo de gerente del organismo del agua. Tras un periodo en la empresa privada, Artur Mas le recuperó para el sector público cuando llegó al poder y le nombró presidente de Infraestructuras, la mayor adjudicataria pública de Cataluña.

La UTE de Quer se benefició de una adjudicación de 7,6 millones. El contrato inicial, de “consultoría y asesoría”, fue otorgado por 3,75 millones, pero abría la puerta a otros trabajos no previstos en el presupuesto inicial. Por esa vía, la misma UTE realizó 38 servicios complementarios que le reportaron otros 3,93 millones. Según la querella del fiscal, el proceso está plagado de “irregularidades de grosero calibre”. La adjudicación, cita como ejemplo, “había sido pactada previamente” con la UTE mediante “reuniones” entre empleados de la ACA y de las empresas. Allí se ofreció “información relevante sobre los futuros términos de la adjudicación”.

Algunos de los 13 imputados declararon ayer ante la juez. El exdirector Hernández negó anomalías y se desvinculó del proceso: dijo que se limitaba a firmar los contratos, pero que no estaba al corriente de los detalles. Esa tarea, dijo, quedaba en manos de los técnicos. Hernández negó cualquier trato de favor a Quer, aunque admitió que su firma era la que aparecía estampada en los documentos que le reportaron beneficios millonarios.