El fiscal pide llamar a 10 testigos en el caso de la educación concertada
En el procedimiento se investigan supuestas irregularidades en las patronales del sector
La fiscalía ha dado un impulso a la causa que investiga supuestas irregularidades en los pagos a colegios concertados al pedir al juez que testifiquen 10 personas que supuestamente cobraron como liberados de la patronal. Estos habrían trabajado para la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y la Federación de Centros de la Enseñanza Valenciana (Feceval) cobrando de los fondos destinados en principio a los liberados sindicales.
En el procedimiento, iniciado tras una denuncia de Compromís a la fiscalía, han declarado ya excargos de la Consejería de Educación, que afirmaron desconocer los pagos a estos liberados de la patronal, que habrían ascendido a 350.000 euros.
Los exresponsables de la Generalitat y también aseguraron desconocer supuestos pagos excesivos a las escuelas concertadas entre los años 2008 y 2014, como apreció el fiscal al denunciar los hechos ante el juez. El ministerio público también cuestionó el supuesto cobro de salarios por parte de profesores mayores de 65 años que aparentemente no realizaban ninguna actividad.
La entonces consejera de Educación María José Català defendió cuando trascendió la denuncia la legalidad de todos los pagos a la concertada y criticó el "ataque continuo" de Compromís a la escuela concertada.
La propia Intervención General de la Generalitat apreció, sin embargo, el pago de un “elevado número de horas que exceden de las máximas que se deberían pagar a cada centro”. El sobrecoste habría afectado a 130 centros. Una información que forma parte de la causa.
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