Barcelona cifra en 140 millones la cantidad que le debe la Generalitat

La deuda total de la Generalitat con el Ayuntamiento de Barcelona es en la actualidad de 140,23 millones de euros, 33,4 millones más que en junio pasado, cuando el Gobierno de Ada Colau inició el mandato. Así figura en un informe que firma el gerente de Economía del Consistorio, Jordi Ayala, y que este martes presentará durante la comisión de Economía y Hacienda. La diferencia entre ambas cantidades se explica porque la Generalitat ha reconocido obligaciones que hasta ahora ignoraba, como la Ley de Barrios o 30 millones del contrato programa de servicios sociales y porque otras cantidades ya se habrían saldado.

El gerente celebra en su informe el reconocimiento de cuestiones pendientes, pero recuerda que el Ayuntamiento ha solicitado a la Generalitat “un compromiso de cancelación de la deuda vencida y no vencida mediante el establecimiento de un plan de pago”.

La deuda de 140 millones comprende deuda vencida (la Generalitat debería haberla pagado), no vencida (dentro de los plazos previstos) y anualidades pendientes (cantidades no abonadas fruto de convenios bilaterales). Concretamente se desglosa en tributaria de 2013 y ejercicios anteriores (15 millones), deuda de 2014 y anteriores (65 millones) y anualidades correspondientes al Centro del Diseño de Glòries (14,6 millones).

El informe detalla en ocho folios la evolución de la deuda de la Generalitat desde el 30 de junio hasta el 30 de septiembre y repasa exhaustivamente “las acciones llevadas a cabo por el Gobierno municipal para reconducir la situación en cuando a reconocimiento de obligaciones y de pago de importes pendientes”. Para ser exactos, cuatro reuniones: cuando la alcaldesa y el presidente de la Generalitat se reunieron en julio y Artur Mas se comprometió a reconocer 20 millones de la Ley de Barrios; la celebración en septiembre de una comisión mixta de seguimiento; otra entre gerentes en la que la Generalitat se comprometió a reconocer obligaciones por 37,8 millones, y una cuarta en la que se trató cómo establecer un plan de pagos.

Al margen de la deuda, Ayala señala en su informe que en los últimos años “se han reducido de forma muy significativa las aportaciones económicas [de la Generalitat] a la gestión de los servicios públicos compartidos”. Una reducción que el Ayuntamiento se ha visto obligado a compensar, apunta. El gerente de economía analiza el periodo entre 2011 y 2015, que coincide con el mandato del alcalde Xavier Trias (CiU) y concluye que las aportaciones autonómicas a organismos municipales han caído un 27,6% (de 562 millones en 2011 a 407 en 2015, 155 menos).

En el caso de los consorcios municipales, las transferencias caen en todos salvo en la fundación de la Mobile World Capital. En la ATM, la caída fue de 89 millones; en el Consorcio de Educación, de 10 millones, y en Fira de Barcelona o cuestiones culturales, 20 millones menos en cada capítulo. En total, en consorcios, son 140 millones menos de inyección “en los más importantes”. En el caso de las empresas municipales, la reducción de la aportación es del 49% y se deben sobre todo a la caída de las aportaciones al Instituto de Educación, que “en 2012 dejó de recibir transferencias corrientes de la Generalitat”. También se ha recortado, según el informe, en servicios sociales, en la Agencia de Salud Pública, ayudas a la promoción de pisos de alquiler, guarderías y escuelas de música; o en el caso de las becas comedor: “la Generalitat ha dejado de darles apoyo”.