La escalinata

El episodio de la consulta catalana del 9-N fue llevado por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. Su sentencia suspendió las actuaciones realizadas por las instituciones de Generalitat que estuvieran vinculadas con la consulta. Una interpretación discutible de esta resolución dio lugar a la querella ordenada por la Fiscalía General del Estado y secundada por Manos Limpias. Transcurridos muchos meses, se decidió recibir declaración a los querellados, eligiendo, para oír a Mas, el día menos apropiado del año, sin duda involuntaria e inadvertidamente. Un día especialmente simbólico, el del asesinato del presidente Companys.

Esta vez comparecen ante el juez gobernantes sin imputación de lucro ilícito. No son presuntos ladrones. Son políticos imputados por sus decisiones políticas, que los querellantes interpretan como desobediencia delictiva al Constitucional. En este sentido, es razonable que el proceso tenga clara apariencia de juicio político, y como tal sea considerado. Por ello es inevitable que genere reacciones políticas excesivas, apasionadas o instrumentalizadas. Reaccionan ante la escalinata del tribunal cientos de políticos y miles de ciudadanos manifestando sus simpatías hacia los querellados y su contrariedad por el proceso. El Tribunal Superior de Cataluña y el Consejo General del Poder Judicial responden con durísimos comunicados de defensa de la independencia judicial, según ellos gravemente atacada.

Ha pasado ya el tiempo del análisis de la querella de la fiscalía. Su origen, su redacción, la dependencia jerárquica de los fiscales, o el discutible acierto de su admisión a trámite por el tribunal, son agua pasada, una realidad irreversible. Ahora toca evitar los tremendismos, amainar las pasiones, recuperar la serenidad, el buen juicio, y procurar que, pese a todo, los jueces lo conserven. Las actuaciones y las resoluciones de los jueces son siempre discutibles y deben estar, y están, en el punto de mira de la libertad de crítica jurídica, cívica y mediática. Los ciudadanos, por su parte, tienen derecho a expresar su opinión en la calle, tal como lo hicieron, pacífica y ordenadamente. Aunque en mayor número, su comportamiento era el mismo que en las numerosas ocasiones en las que también se manifiestan ante los juzgados, los tribunales y la Audiencia Nacional. Y ninguno de estos órganos judiciales se ha sentido nunca presionado ni afectado en su independencia.

Posiblemente lo que ha desagradado más a la mayoría del Tribunal Superior y del Consejo General del Poder Judicial es el séquito de Mas, con políticos, consellers y alcaldes, porque lo perciben como una voluntad de presión del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Sin embargo, debe saberse que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya son íntegros, sólidos, independientes, y es imposible que unas voces en la calle, o unos políticos en la escalinata, puedan mover mínimamente sus convicciones, sus criterios, sus juicios.

Por otra parte, debe considerarse que las decisiones políticas enjuiciadas fueron decididas colegiadamente y asumidas colectivamente. Todos los del séquito de Mas eran componentes de las instituciones de la Generalitat que cooperaron en esa decisión, o la secundaron. Es su decisión política lo que se enjuicia. Es razonable que se sientan políticamente imputados, porque, políticamente, todos son partícipes necesarios en los hechos objeto de la querella. Su presencia implicaba, lo buscaran o no, una colectiva autoacusación pública de coautoría política, jurídicamente irrelevante. Y también, una manifestación colectiva de discrepancia, indiscutiblemente lícita, contra la imputación penal de su decisión.

El tribunal, para unos y otros, era solamente un instrumento, arma de ataque o coraza defensiva. Los querellantes dispararon la querella contra Mas, pero en vez de herirle le obsequiaron con el valiosísimo regalo de la escalinata del Tribunal Superior, y con un día de gloria que no merece por las brumas de corrupción que le envuelven, y por su deplorable gestión política. A su vez, Mas y su comitiva, acorazándose con su exhibición en la escalinata, obsequiaron a los querellantes con un tribunal acorralado, con una difícil salida jurídica creíble. Las ostentosas demostraciones de fuerza política y cívica, contradictoriamente, implican una dificultad accesoria para absolver, sobreseer o archivar el caso, porque daría la impresión de que las presiones fueron eficaces, que el tribunal actuó por cobardía o sometimiento. Y si condena, se volvería a oír el argumento, malintencionado, torticero y tendencioso, de “la jugada indigna” de 1984. Evidentemente, ni unos ni otros desean un tribunal de justicia. Sólo buscan y esperan disponer de un instrumento favorable de resolución de su problema político.

José María Mena fue fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Es razonable que el proceso a Mas tenga clara apariencia de juicio político, y como tal sea considerado. Ni unos ni otros desean un tribunal de justicia, sino un instrumento para resolver su problema político