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La Operación Canalejas devuelve los autobuses a la puerta del Sol

Ayuntamiento y Comunidad cierran un acuerdo con Villar Mir que desbloquea la obra y traslada las diez paradas de la calle de Sevilla

Maqueta del complejo Canalejas.
Maqueta del complejo Canalejas.AYUNTAMIENTO DE MADRID

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han escenificado esta mañana el desbloqueo de la Operación Canalejas, uno de los principales proyectos inmobiliarios de la ciudad, que llevaba meses en vilo por los obstáculos de última hora introducidos por ambas Administraciones cuando las obras ya estaban en marcha y pese a haber dado su visto bueno anteriormente.

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El acuerdo suaviza el “agresivo” impacto visual del complejo, según la directora regional de Patrimonio, Paloma Sobrini (Partido Popular), lo que se traduce en dos vertientes: se mantendrá “la identidad” de los siete edificios, en vez de convertirlos en “un cuerpo homogéneo”; y se retranqueará la planta superior, reduciéndose así “de forma significativa” la superficie edificada y, según el concejal de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo (Ahora Madrid), recortando “el volumen de negocio” del grupo Villar Mir.

Además, el Ayuntamiento ha renunciado a la construcción de una estación subterránea de autobuses, de forma que las nueve líneas de la Empresa Municipal de Transportes que ahora tienen su base en la calle de Sevilla se trasladarán a la calle de Alcalá o incluso a la Puerta del Sol, según ha indicado Calvo.

Impacto visual "excesivo"

Villar Mir compró en diciembre de 2012 los siete edificios ubicados en el número 1 de la plaza de Canalejas, el número 7 de la carrera de San Jerónimo, y los números 6, 8, 10, 12 y 14 de la calle de Alcalá. Pagó 215 millones al Banco Santander. En julio de 2014 inició la obra para construir un centro comercial de 15.000 metros cuadrados; un hotel de cinco estrellas (que gestionará la cadena Four Seasons) y viviendas de lujo.

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El proyecto obtuvo el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico (controlada y presidida por el Gobierno regional, entonces y ahora en manos del PP) y del Ayuntamiento de la capital. El gobierno municipal, entonces en manos de Ana Botella (PP), aprobó el plan urbanístico correspondiente y decidió otorgar la licencia de obras por fases, concediendo la primera, de demolición, en otoño de 2014. En febrero, Villar Mir obtuvo la siguiente licencia, de cimentación y, al tiempo que iniciaba esos trabajos (que continuaban hasta ahora al ralentí), pidió el permiso definitivo para construir la estructura sobre rasante y concluir la obra. Y ahí se bloqueó la operación.

A la Comisión Local de Patrimonio Histórico le surgieron dudas sobre el impacto visual excesivo del complejo, lo que llevó al Ayuntamiento a cancelar temporalmente la tramitación de la licencia a la espera de que la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid dilucidará si el proyecto era compatible con la protección del conjunto como Bien de Interés Cultura.

Veto a la estación subterránea de autobuses

Además, el cambio en junio de gobierno municipal (Manuela Carmena sustituyó a Ana Botella en la alcaldía) llevó a revisar también el proyecto para construir una estación de autobuses subterránea. Botella aprobó en 2014 un plan para reordenar el tráfico en Canalejas aprovechando la obra iniciada por Villar Mir, y sacó a concurso la construcción de una infraestructura subterránea que sirviera de aparcamiento, dársena para nueve líneas de autobuses, y espacio de carga y descarga del complejo.

Villar Mir fue el único en presentarse, pero el nuevo gobierno local paralizó el proyecto y le exigió replantearlo porque “no suponía ningún beneficio para la ciudad”. El concejal de Desarrollo Urbano ha explicado esta mañana que “descartó” la estación subterránea porque era “innecesaria” y “provocaba problemas a los usuarios de autobús, que no suelen usar el transporte público subterráneo”. “Hemos optado por una opción más barata, reduciendo el coste hasta un 60%”, ha añadido José Manuel Calvo. El proyecto licitado por Botella ascendía a 38,7 millones de euros.

El área peatonalizada será mayor de la prevista, según el concejal, y las paradas de autobús ahora en la calle de Sevilla se mudarán. En la actualidad, nueve líneas ajustan sus tiempos de servicio en esa calle, “estacionando durante un cierto tiempo y generando atascos y contaminación”; esa regulación de servicio se sacará ahora del ámbito (el concejal no ha precisado dónde se hará), y las paradas “se acercarán a la puerta del Sol”, de forma que los autobuses den la vuelta por la plaza, rodeando el edificio de Apple (en el número 1 de la puerta). “Los usuarios nos pedían que los autobuses vuelvan a acercarse a Sol, es una buena opción sin generar atascos”, ha añadido el concejal, que considera en cualquier caso necesario reducir al mismo tiempo el tráfico en la carrera de San Jerónimo (adonde desembocarían los vehículos tras cruzar por la plaza).

Se construirá una infraestructura subterránea, que tendrá dos cuerpos: por una parte, el actual aparcamiento, de tres plantas, se quedará en sólo dos pisos: uno mantendrá ese uso, y otro será para carga y descarga de los comerciantes de la zona. Además, bajo el complejo se construirá otro aparcamiento y una zona de carga y descarga para el complejo, que tendrá sus propias rampas de acceso y estará conectado además con el otro subterráneo.

Eso obligará a rescatar la concesión del actual aparcamiento público, inaugurado en 1964 y uno de los más antiguos de la capital. Según los cálculos del anterior gobierno municipal (que deberán ser revisados por el paso del tiempo), eso obligaba a un desembolso de 21 millones al Ayuntamiento, que se compensaría con el canon cobrado al nuevo concesionario (también habrá de revisarse ese punto, al preverse un parking de una sola planta). El gobierno municipal y Villar Mir estudian ahora cómo realizar esa operación.

Respecto al impacto visual del complejo, la directora regional de Patrimonio ha asegurado esta mañana que “se ha reducido el volumen de manera que resulte amable e integrado con el entorno”. Tal y como ha prescrito la Comisión Local de Patrimonio, la cornisa original no se igualará para formar un conjunto homogéneo, sino que se mantendrá “la identidad” de cada edificio, respetando sus fachadas y cubiertas “para preservar sus valores”. Además, se remeterá el muro de fachada en las plantas superiores para reducir su impacto, toda vez que el complejo tiene ocho plantas y está situado junto a otro (el edificio de la tienda de Apple) de sólo cinco. Eso, que según la Comunidad aumentará “el buen ambiente” de la ciudad, para Villar Mir supondrá reducir habitaciones en el hotel (quedarán en 205, frente a las 215 previstas originalmente) y, sobre todo, pisos de lujo (pasarán de 30 a 22).

El expediente de la Comunidad, en suspenso

En febrero de 2015, los técnicos municipales realizaron una inspección de la obra y detectaron “una serie de actuaciones no autorizadas” que afectaban a elementos calificados de bien de interés cultural. El 26 de marzo, el área municipal de Urbanismo (entonces en manos del PP) suspendió los trabajos al detectar la demolición de pilares, forjados, entrevigados y escaleras pertenecientes a las zonas protegidas. Esa suspensión solo afectaba a una parte de la obra, que Villar Mir cifró en el 10% del complejo.

Villar Mir solicitó legalización de las obras a la Dirección regional de Patrimonio, pero el expediente administrativo (que puede conllevar una sanción económica para la empresa) se encuentra paralizado a la espera de las conclusiones de la investigación iniciada en paralelo por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

Ese presunto daño al patrimonio ha llevado además a la empresa R&A Palace Gestión (que intentó sin éxito promover una operación inmobiliaria con esos edificios antes de Villar Mir) a solicitar y conseguir que un juzgado madrileño decrete la suspensión inmediata de todos los trabajos en el complejo.

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