Un juez paraliza la Operación Canalejas por los daños al patrimonio
Un juzgado insta a detener "de inmediato" las obras mientras la Fiscalía investiga las actuaciones ilegales detectadas por el Ayuntamiento en primavera
La Operación Canalejas, el complejo inmobiliario que el Grupo Villar Mir construye junto a la Puerta del Sol, ha logrado el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid y del Gobierno regional tras medio año de bloqueo administrativo, pero se enfrenta ahora a la paralización ordenada por un juez, que el pasado viernes ordenó la “suspensión inmediata” de la obra. El juzgado admitió a trámite una demanda a cuenta de los daños al patrimonio histórico que el propio Ayuntamiento detectó en primavera, que la fiscalía aún investiga y sobre los que la Comunidad está pendiente de dictaminar una sanción.
Villar Mir compró en diciembre de 2012 los siete edificios ubicados en el número 1 de la plaza de Canalejas, el número 7 de la Carrera de San Jerónimo, y los números 6, 8, 10, 12 y 14 de la calle de Alcalá. Pagó 215 millones al Banco Santander. En julio de 2014 inició la construcción de un centro comercial de 15.000 metros cuadrados, un hotel de cinco estrellas (que gestionará la cadena Four Seasons) y pisos de lujo.
En julio de 2014, el Ayuntamiento le dio licencia para iniciar la demolición de los edificios, manteniendo, tal y como dictaminó la Comisión Local de Patrimonio Histórico, los elementos protegidos por su valor histórico-artístico (fundamentalmente, las fachadas y primera crujía).
Durante una inspección, el 2 de octubre de 2014, los técnicos municipales comprobaron que se había iniciado la demolición de acuerdo con esa licencia. Se informó de ello a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que había abierto diligencias informativas para monitorizar la obra. En febrero de 2015, los técnicos municipales efectuaron una nueva inspección de la obra, y detectaron “una serie de actuaciones no autorizadas” que afectaban a elementos calificados de bien de interés cultural.
El 26 de marzo, el área municipal de Urbanismo (aún en manos del Partido Popular) suspendió las obras al detectar la demolición de pilares, forjados, entrevigados y escaleras pertenecientes a las zonas protegidas. Esa suspensión solo afectaba a una parte de la obra, que Villar Mir cifró en el 10% del complejo. De hecho, el Ayuntamiento otorgó a continuación la licencia, para cimentar y colocar la losa del suelo. Villar Mir presentó un recurso de reposición contra la orden de suspensión (que el Ayuntamiento desestimó en mayo), y en paralelo solicitó la legalización de las obras a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento elevó un informe a la fiscalía, que investiga los hechos, afirmando lo siguiente: “Los elementos demolidos sin licencia se describen como no originales y/o manifiestamente deteriorados. En algún caso, las declaraciones de bien de interés cultural describen los elementos como ‘carentes de interés’. Consiguientemente, esas actuaciones pudieran ser compatibles con las condiciones de protección del edificio”. Fuentes cercanas al proyecto consideraban hasta ahora probable que el expediente administrativo se cerrara con una multa.
Sin embargo, la sociedad R&A Palace Gestión (que intentó sin éxito promover una operación inmobiliaria con esos edificios antes de Villar Mir) acudió a un juzgado para instar la paralización de las obras precisamente por los daños al patrimonio detectados.
Sólo lo “indispensable”
Ya en marzo de 2014 había interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que fue admitido a trámite y espera ahora sentencia. En septiembre, el TSJM rechazó la paralización cautelar de las obras (la sociedad ha recurrido al Supremo). Pero, ante la actuación de oficio del Ayuntamiento en marzo, R&A Palace Gestión acudió ante el juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid para solicitar la suspensión inmediata.
El pasado viernes, en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez admitió a trámite la demanda de suspensión de obra nueva presentada por la sociedad, y ordenó la paralización “inmediata” de todos los trabajos no sólo en la parte señalada por el Ayuntamiento sino en “el conjunto de los siete edificios”. Sólo permitió los trabajos “indispensables para conservar lo ya realizado”, a expensas eso sí de que Villar Mir recurra la decisión o presente una caución aceptable para proseguir la obra antes de la vista judicial, fijada el 11 de diciembre.
